By Las recientes reformas a la Ley de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil en esta capital representan un franco retroceso en esta materia, es violatorio de la seguridad jurídica y echa por tierra el gran avance que se había logrado para combatir la corrupción.
Ciudad de México, 18 marzo 2021 ( REDACCIÓN / CDMX MAGACÍN).- Las recientes reformas a la Ley de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil en esta capital representan un franco retroceso en esta materia, es violatorio de la seguridad jurídica y echa por tierra el gran avance que se había logrado para combatir la corrupción, según consideró la Confederación Patronal de la República Mexicana en la Ciudad de México.
La reforma, sostuvo el organismo a través de un comunicado, se traduce en un daño jurídico a los derechos de quienes habitan la Capital, pero —sobre todo— a la seguridad de las personas y al fomento de la Gestión Integral de Riesgos, herramienta indispensable de la Protección Civil en una urbe históricamente propensa a catástrofes naturales provocadas por diversos factores.
Y es que la Comisión de Higiene Seguridad y Protección Civil de COPARMEX Ciudad de México participó de manera activa en la creación de una Ley que logró publicarse el 5 de junio de 2019, un avance histórico que brindó certeza jurídica y demostró un verdadero interés del Gobierno de la CDMX y de los legisladores de tener un andamiaje jurídico que transformara el viejo trámite de protección civil en un instrumento real de prevención y mejora a través de la gestión integral de riesgos, que eliminara la corrupción, facilitara la creación de empresas, simplificara trámites y mantuviera a la capital en vanguardia en temas de Gestión Integral de Riesgos, Protección Civil y Resiliencia.
Sin embargo, la modificación a dicha ley pone en entredicho el papel de la Protección Civil como una de las tareas fundamentales y prioritarias de este Gobierno, además de que —en un contexto de desaceleración y retroceso económico provocado por la pandemia de COVID-19— elimina la operación de 22 empresas certificadas para brindar el servicio de capacitación y consultoría en protección civil y la posibilidad de crear más.
En sus artículos 191 y 192 se elimina la posibilidad de que empresas particulares puedan prestar servicios relacionados con la Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil, además de restringir —de manera inicial— esta actividad sólo a médicos, ingenieros y arquitectos, descartando a profesionistas en otras ramas, inclusive a los actualmente certificados para prestar el servicio.
Otro aspecto grave es el artículo 61, que suma al trámite que empresas o negocios realizan en la plataforma cibernética de la Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil, uno que debe realizarse en las alcaldías, a través de la ventanilla única, lo que no sólo duplica los procesos para obtener el registro, sino que pone en grave riesgo las gestiones por ser propenso a la corrupción en el momento en que éste proceso recaiga en la voluntad de un funcionario y se vuelva opaco y proclive a la extorsión.
La Ley de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil original liberaba del trámite de hacer y registrar un programa de protección civil a más de 440 mil micro y pequeñas empresas de la Ciudad de México, a través de un acuerdo de clasificación de riesgos por el giro de la empresa; las modificaciones eliminaron el acuerdo y todas estas empresas, están en un “limbo” jurídico, que las expone a la extorsión, basada en el criterio de los verificadores.
Lo más grave de las modificaciones es que los cambios a la ley se hicieron en el marco de un parlamento abierto, en el que participaron expertos, quienes realizaron un ejercicio de análisis que concluyó en una propuesta que vendría a mejorar la ley, pero lo aprobado fue totalmente diferente a las conclusiones alcanzadas, por lo que claramente la invitación a discutir las modificaciones representó solo una simulación.
Quienes integramos COPARMEX en la Ciudad de México hacemos 3 solicitudes al Gobierno de la Ciudad, encabezado por la Dra. Claudia Sheinbaum, y a la Secretaria de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil, Arq. Myriam Urzúa:
1. Mantener la vocación y visión de la Ciudad Innovadora y de Derechos.
2. Reforzar y garantizar la transformación en donde la Gestión Integral de Riesgos y la Protección Civil dejan de ser un trámite y se convierten en herramientas para la prevención, la contingencia y la resiliencia; dando como resultado la Seguridad de los habitantes, sus patrimonios y el futuro de esta Urbe que todos queremos.
3. Realización de mesas de trabajo y discusión para revertir los efectos de esta ley que afecta la seguridad jurídica de los centros de trabajo, los empleos de los trabajadores, y, sobre todo: la seguridad de mujeres, hombres, niñas y niños que viven o visitan la CDMX.
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