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De esta manera, en caso de que una persona sea privada de su libertad y pertenezca a un pueblo, barrio originario o comunidad residente en la Ciudad de México, al igual que los extranjeros, tendrán derecho a disponer de una persona traductora o intérprete.
La iniciativa presentada por la diputada Adriana María Guadalupe Espinosa de los Monteros García (MORENA) busca dar certeza jurídica, toda vez que “las personas pertenecientes u originarias de los pueblos y barrios originarios o de comunidades indígenas residentes en la Ciudad de México, históricamente se han encontrado rezagados, en muchos casos excluidos y casi en su totalidad han sido discriminados”.
Al fundamentar el dictamen en nombre de la Comisión de Seguridad Ciudadana, el diputado Nazario Norberto Sánchez (MORENA) señaló que el estado mexicano tiene la obligación de llevar a cabo las acciones necesarias para garantizar que las personas involucradas en un proceso penal puedan comprender y hacerse comprender de manera clara.
El dictamen, aseguró el congresista, busca armonizar la ley, así como promover y garantizar la diversidad cultural, al tiempo de garantizar los derechos de las personas con discapacidad, como, por ejemplo, de las que se comunican con lengua de señas.
El diputado Ricardo Rubio Torres (PAN) presentó reservas al dictamen, las cuales fueron aprobadas para quedar establecido que cuando la persona privada sea extranjera se podrá coordinar para proporcionarle un intérprete o traductor con la representación diplomática o consular de la nacionalidad de procedencia.
El dictamen fue avalado en lo general con 41 votos y enviado a la Jefatura de Gobierno para su promulgación y publicación en la Gaceta de la Ciudad de México.
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