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El federalismo fiscal no ha llegado a la Cuauhtémoc: Néstor Núñez

Nestor Núñez Lopez, alcalde de Cuauhtémoc, Ciudad de México

Entrevista exclusiva a Néstor Núñez López, alcalde de la Cuauhtémoc, Ciudad de México

• La Alcaldía más importante de México, en espera de mayor presupuesto

• Dice que 3 años son suficientes, pero más tiempo ayuda a consolidar proyectos

• Hay ventajas importantes porque el gobierno federal y de la CDMX son también de Morena

 

Por Alejandro Lelo de Larrea / Guillermo Juárez

 

Muy cerca de completar su primera mitad como alcalde de la Cuauhtémoc, Néstor Núñez López destaca avances importantes en la demarcación, a pesar de las limitaciones presupuestarias, porque aún no les ha llegado la justicia fiscal.

“Aportamos el 26% del PIB de la Ciudad de México, y el 7 % del PIB del país. Somos sede del Poder Ejecutivo Federal, del Judicial y una parte del Legislativo Federal; el SAT, la Secretaría de Gobernación. Esas condiciones no se dan en ninguna otra demarcación territorial”, expresa Núñez López, con cierta desazón.

Y más cuando se le pregunta si esa aportación del 7% del PIB se refleja en el Presupuesto que le asigna a la Alcaldía Cuauhtémoc.

“La realidad es que hay un tema histórico, –que no se debe a este Gobierno Federal, ni a este gobierno de la Ciudad de México–, donde el federalismo fiscal no ha llegado a donde debería llegar; se ha mantenido en realidad un centralismo fiscal”, explica.

Y remata la idea: “Entonces en este caso ahora las Alcaldías en la Ciudad de México, pues todavía estamos lejos de acceder a los recursos que necesitamos para poder resolver las problemáticas que nos plantean los vecinos”.

Néstor Núñez acepta la entrevista con Círculo Digital y Cuauhtémoc Noticias, en su oficina de la Alcaldía. Habla de los principales logros en 16 meses de administración; de las ventajas de que los gobiernos de la capital y el federal sean también de Morena; de los nuevos programas sociales y el reforzamiento de otros; de seguridad pública y coordinación con las alcaldías colindantes.

También se tocan los pendientes y proyectos por concluir en el poco más de un año y medio que le queda a su gestión. Y de un tema difícil y que puede ser polémico: su posible reelección como alcalde, la cual permite la Constitución Política, hasta en dos ocasiones continuas.

 

Disminución de delitos

Aquí, extractos de la entrevista:

¿Cuáles son los principales avances, a 16 meses de administración, casi la mitad del camino?

—Las 3 cosas visibles que creo, logramos de manera contundente el año pasado es: la primera, la disminución de la incidencia delictiva, pasamos a la Alcaldía Cuauhtémoc de tener en el 2018, 7 mil, 100 delitos de alto impacto de los 13 delitos de alto impacto a 4 mil 500, estamos hablando en un año de 2 mil 500 delitos menos es prácticamente un 40 % de disminución en estos 13 delitos de alto impacto.

“Y eso debe fundamentalmente, a la coordinación que hemos logrado con el Gobierno Federal, con el Gobierno de la Ciudad”.

—¿Qué hay de los programas sociales en la Cuauhtémoc?

—Creo que tuvimos tres Programas que fueron muy bien recibidos por la gente. El primero: la BAC (Brigada Alcaldía Cuauhtémoc), en la que capacitamos a 400 personas, 400 jóvenes entre los 18 y 39 años para certificarse en materia de Protección Civil. Y de los 400 que entraron, 277 el último reporte que tengo, ya están con trabajo, vinculados haciendo y atendiendo temas de Protección Civil.

Otro tema que resalta en este rubro de programas sociales, es el de “Cuidadoras. Todas estas personas que se quedan en su casa para cuidar a los niños, a un hijo, un familiar con alguna discapacidad, que por supuesto no pueden aportar a la población económicamente activa, pero que sin ellos no podría funcionar la familia. Este Programa de ‘Cuidadoras’ ha sido muy exitoso”, expone.

Añade uno más: “Para nosotros ha sido fundamental, por ser la Alcaldía que somos, es el de “Personas Trans”, donde se está dando el apoyo económico, el acompañamiento jurídico, y también capacitación para el trabajo y en Salud para todas las personas ‘trans’ que viven y circulan por la Cuauhtémoc. Es el único Programa que no está exclusivamente a residentes de la Cuauhtémoc, sino también a la población flotante que está muy cercana al trabajo sexual, que es una problemática de la alcaldía”.

 

Cooperación con la BJ

—¿Se complica la colaboración en materia de seguridad con otras Alcaldías, como el caso de la Benito Juárez, que es de otro partido político (PAN)?

—Pues no, la verdad. Creo que es debido, en el caso de Benito Juárez (BJ), –que encabeza el panista Santiago Taboada–, a que nuestra frontera es muy grande, y la colindancia, por un lado, es con colonias que BJ considera muy conflictivas, por ejemplo, la Buenos Aires. Entonces ahí ha habido complicaciones, incluso tenemos un puente peatonal cerrado, que estamos trabajando para poder resolver la problemática ahí… Justo uno de los que atraviesa Viaducto, entre la colonia Álamos, y de nuestro lado a la Buenos Aires.

Continúa: “Ha habido ahí una especie de estigmatización. Entonces, digamos que la frontera tiene condiciones distintas. Cuauhtémoc tiene una condición distinta: no son puntos tan focalizados, como si son con otras Alcaldías. Con Benito Juárez ha sido esa parte”.

—¿Cuáles son las ventajas de que el Gobierno Federal y el de la Ciudad de México hayan emanado del mismo partido que el de usted, de la Cuauhtémoc, de Morena?

—Sin duda alguna, el que pertenezcamos al mismo movimiento, al mismo proyecto de país, de Ciudad y de Alcaldía, pues nos permite trabajar de manera más coordinada. Hay comunicación; nos enteramos de lo que nos tenemos que enterar en tiempo y forma; lo que solicitamos se atiende. No hay un tema de celos. Creo que eso es siempre muy positivo, y así debería ser siempre.

 

De la reelección

—¿Cuáles son los pendientes o áreas de oportunidad para la segunda mitad de su gobierno?

—Algo en lo que vamos a invertir este año es en Servicios Urbanos. Creemos que podemos modernizar y mejorar más los procesos de los Servicios Urbanos. Estamos contratando un servicio de recolección nocturna porque tenemos un problema serio de tiraderos clandestinos.

Sigue: “Estamos tratando de homologar –fíjense ese es un tema en la Alcaldía en coordinación con la CFE–, realizamos ahora un censo muy minucioso de las luminarias que tenemos. Son cerca de 34 mil, y de esas tenemos 120 diferentes tipos de focos. ¡Imagínate la problemática que es hasta en la parte de compra para las refacciones! Queremos pasar a luz LED, blanca, que tenga mejores condiciones de seguridad.

—La Constitución permite hasta 2 relecciones. ¿Néstor Núñez ha pensado en ello?

—Creo que tres años, si uno se organiza, si programa, si uno tiene claro lo que quiere hacer y esta con conocimiento a que se enfrenta, creo que son suficientes tres años para avanzar en los proyectos que uno emprende. Por supuesto que más tiempo ayuda a consolidar proyectos

“La verdad es que en este momento estamos, yo en lo personal, más pensando en todo lo que debe ocurrir en este año. Hay, como te decía, muchos temas que organizamos y sistematizamos el año pasado, y a partir de eso primero dar resultados”.

Y redondea la idea: “Creo uno de los grandes problemas de la política en México, es que todo mundo está pensado en lo que sigue y no en lo que tiene que hacer”.

 

El 7% del PIB nacional

—¿Es la Cuauhtémoc la Alcaldía más importante de México?

—Sin duda. De la Ciudad de México y del país. Aquí como dato importante, aportamos el 26% del PIB de la ciudad, y el 7 % del PIB del país. Tenemos aquí la sede del Poder Ejecutivo Federal, del Judicial y una parte del Legislativo Federal; el SAT, la SEGOB. Esas condiciones no se dan en ninguna otra demarcación territorial.

—Ya nada mas como colofón ¿Se refleja ese 7% de aportación al PIB en el Presupuesto que le asignan a la Cuauhtémoc?

—No. La realidad es que hay un tema histórico que no se debe a este Gobierno Federal, a este Gobierno de la Ciudad de México, donde el federalismo fiscal no ha llegado a donde debería llegar; se ha mantenido en realidad un centralismo fiscal.

Y concluye: “Entonces en este caso ahora las Alcaldías en la Ciudad de México, pues todavía estamos lejos de acceder a los recursos que necesitamos para poder resolver las problemáticas que nos plantean los vecinos”.

 

 

¿Quién es Néstor Núñez López?

Es militante de Morena, partido por el cual ganó las elecciones para Alcalde de Cuauhtémoc en 2018. Fue Diputado Local de la Ciudad de México por el Distrito IX-2​, en la VII Legislatura de la Asamblea Legislativa del Distrito Federal. Es hijo del ex gobernador de Tabasco Arturo Núñez Jiménez.

Estudió Derecho en el Instituto Tecnológico Autónomo de México (ITAM). Posteriormente realizó estudios de posgrado en Derecho, Economía y Políticas Públicas en el Instituto Universitario de Investigación Ortega y Gasset de la Universidad Complutense de Madrid. También estudió la maestría en Democracia y Parlamento en el Instituto de Investigaciones Jurídicas de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) y la Universidad de Salamanca.​

En 2017 elaboró el Programa La Ciudad de los Derechos, cuyo objetivo es desarrollar nuevos proyectos para mejorar la calidad de vida de los habitantes de la Ciudad de México a través del goce pleno de sus derechos.

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El federalismo fiscal no ha llegado a la Cuauhtémoc: Néstor Núñez

Nestor Núñez Lopez, alcalde de Cuauhtémoc, Ciudad de México

Entrevista exclusiva a Néstor Núñez López, alcalde de la Cuauhtémoc, Ciudad de México

• La Alcaldía más importante de México, en espera de mayor presupuesto

• Dice que 3 años son suficientes, pero más tiempo ayuda a consolidar proyectos

• Hay ventajas importantes porque el gobierno federal y de la CDMX son también de Morena

 

Por Alejandro Lelo de Larrea / Guillermo Juárez

 

Muy cerca de completar su primera mitad como alcalde de la Cuauhtémoc, Néstor Núñez López destaca avances importantes en la demarcación, a pesar de las limitaciones presupuestarias, porque aún no les ha llegado la justicia fiscal.

“Aportamos el 26% del PIB de la Ciudad de México, y el 7 % del PIB del país. Somos sede del Poder Ejecutivo Federal, del Judicial y una parte del Legislativo Federal; el SAT, la Secretaría de Gobernación. Esas condiciones no se dan en ninguna otra demarcación territorial”, expresa Núñez López, con cierta desazón.

Y más cuando se le pregunta si esa aportación del 7% del PIB se refleja en el Presupuesto que le asigna a la Alcaldía Cuauhtémoc.

“La realidad es que hay un tema histórico, –que no se debe a este Gobierno Federal, ni a este gobierno de la Ciudad de México–, donde el federalismo fiscal no ha llegado a donde debería llegar; se ha mantenido en realidad un centralismo fiscal”, explica.

Y remata la idea: “Entonces en este caso ahora las Alcaldías en la Ciudad de México, pues todavía estamos lejos de acceder a los recursos que necesitamos para poder resolver las problemáticas que nos plantean los vecinos”.

Néstor Núñez acepta la entrevista con Círculo Digital y Cuauhtémoc Noticias, en su oficina de la Alcaldía. Habla de los principales logros en 16 meses de administración; de las ventajas de que los gobiernos de la capital y el federal sean también de Morena; de los nuevos programas sociales y el reforzamiento de otros; de seguridad pública y coordinación con las alcaldías colindantes.

También se tocan los pendientes y proyectos por concluir en el poco más de un año y medio que le queda a su gestión. Y de un tema difícil y que puede ser polémico: su posible reelección como alcalde, la cual permite la Constitución Política, hasta en dos ocasiones continuas.

 

Disminución de delitos

Aquí, extractos de la entrevista:

¿Cuáles son los principales avances, a 16 meses de administración, casi la mitad del camino?

—Las 3 cosas visibles que creo, logramos de manera contundente el año pasado es: la primera, la disminución de la incidencia delictiva, pasamos a la Alcaldía Cuauhtémoc de tener en el 2018, 7 mil, 100 delitos de alto impacto de los 13 delitos de alto impacto a 4 mil 500, estamos hablando en un año de 2 mil 500 delitos menos es prácticamente un 40 % de disminución en estos 13 delitos de alto impacto.

“Y eso debe fundamentalmente, a la coordinación que hemos logrado con el Gobierno Federal, con el Gobierno de la Ciudad”.

—¿Qué hay de los programas sociales en la Cuauhtémoc?

—Creo que tuvimos tres Programas que fueron muy bien recibidos por la gente. El primero: la BAC (Brigada Alcaldía Cuauhtémoc), en la que capacitamos a 400 personas, 400 jóvenes entre los 18 y 39 años para certificarse en materia de Protección Civil. Y de los 400 que entraron, 277 el último reporte que tengo, ya están con trabajo, vinculados haciendo y atendiendo temas de Protección Civil.

Otro tema que resalta en este rubro de programas sociales, es el de “Cuidadoras. Todas estas personas que se quedan en su casa para cuidar a los niños, a un hijo, un familiar con alguna discapacidad, que por supuesto no pueden aportar a la población económicamente activa, pero que sin ellos no podría funcionar la familia. Este Programa de ‘Cuidadoras’ ha sido muy exitoso”, expone.

Añade uno más: “Para nosotros ha sido fundamental, por ser la Alcaldía que somos, es el de “Personas Trans”, donde se está dando el apoyo económico, el acompañamiento jurídico, y también capacitación para el trabajo y en Salud para todas las personas ‘trans’ que viven y circulan por la Cuauhtémoc. Es el único Programa que no está exclusivamente a residentes de la Cuauhtémoc, sino también a la población flotante que está muy cercana al trabajo sexual, que es una problemática de la alcaldía”.

 

Cooperación con la BJ

—¿Se complica la colaboración en materia de seguridad con otras Alcaldías, como el caso de la Benito Juárez, que es de otro partido político (PAN)?

—Pues no, la verdad. Creo que es debido, en el caso de Benito Juárez (BJ), –que encabeza el panista Santiago Taboada–, a que nuestra frontera es muy grande, y la colindancia, por un lado, es con colonias que BJ considera muy conflictivas, por ejemplo, la Buenos Aires. Entonces ahí ha habido complicaciones, incluso tenemos un puente peatonal cerrado, que estamos trabajando para poder resolver la problemática ahí… Justo uno de los que atraviesa Viaducto, entre la colonia Álamos, y de nuestro lado a la Buenos Aires.

Continúa: “Ha habido ahí una especie de estigmatización. Entonces, digamos que la frontera tiene condiciones distintas. Cuauhtémoc tiene una condición distinta: no son puntos tan focalizados, como si son con otras Alcaldías. Con Benito Juárez ha sido esa parte”.

—¿Cuáles son las ventajas de que el Gobierno Federal y el de la Ciudad de México hayan emanado del mismo partido que el de usted, de la Cuauhtémoc, de Morena?

—Sin duda alguna, el que pertenezcamos al mismo movimiento, al mismo proyecto de país, de Ciudad y de Alcaldía, pues nos permite trabajar de manera más coordinada. Hay comunicación; nos enteramos de lo que nos tenemos que enterar en tiempo y forma; lo que solicitamos se atiende. No hay un tema de celos. Creo que eso es siempre muy positivo, y así debería ser siempre.

 

De la reelección

—¿Cuáles son los pendientes o áreas de oportunidad para la segunda mitad de su gobierno?

—Algo en lo que vamos a invertir este año es en Servicios Urbanos. Creemos que podemos modernizar y mejorar más los procesos de los Servicios Urbanos. Estamos contratando un servicio de recolección nocturna porque tenemos un problema serio de tiraderos clandestinos.

Sigue: “Estamos tratando de homologar –fíjense ese es un tema en la Alcaldía en coordinación con la CFE–, realizamos ahora un censo muy minucioso de las luminarias que tenemos. Son cerca de 34 mil, y de esas tenemos 120 diferentes tipos de focos. ¡Imagínate la problemática que es hasta en la parte de compra para las refacciones! Queremos pasar a luz LED, blanca, que tenga mejores condiciones de seguridad.

—La Constitución permite hasta 2 relecciones. ¿Néstor Núñez ha pensado en ello?

—Creo que tres años, si uno se organiza, si programa, si uno tiene claro lo que quiere hacer y esta con conocimiento a que se enfrenta, creo que son suficientes tres años para avanzar en los proyectos que uno emprende. Por supuesto que más tiempo ayuda a consolidar proyectos

“La verdad es que en este momento estamos, yo en lo personal, más pensando en todo lo que debe ocurrir en este año. Hay, como te decía, muchos temas que organizamos y sistematizamos el año pasado, y a partir de eso primero dar resultados”.

Y redondea la idea: “Creo uno de los grandes problemas de la política en México, es que todo mundo está pensado en lo que sigue y no en lo que tiene que hacer”.

 

El 7% del PIB nacional

—¿Es la Cuauhtémoc la Alcaldía más importante de México?

—Sin duda. De la Ciudad de México y del país. Aquí como dato importante, aportamos el 26% del PIB de la ciudad, y el 7 % del PIB del país. Tenemos aquí la sede del Poder Ejecutivo Federal, del Judicial y una parte del Legislativo Federal; el SAT, la SEGOB. Esas condiciones no se dan en ninguna otra demarcación territorial.

—Ya nada mas como colofón ¿Se refleja ese 7% de aportación al PIB en el Presupuesto que le asignan a la Cuauhtémoc?

—No. La realidad es que hay un tema histórico que no se debe a este Gobierno Federal, a este Gobierno de la Ciudad de México, donde el federalismo fiscal no ha llegado a donde debería llegar; se ha mantenido en realidad un centralismo fiscal.

Y concluye: “Entonces en este caso ahora las Alcaldías en la Ciudad de México, pues todavía estamos lejos de acceder a los recursos que necesitamos para poder resolver las problemáticas que nos plantean los vecinos”.

 

 

¿Quién es Néstor Núñez López?

Es militante de Morena, partido por el cual ganó las elecciones para Alcalde de Cuauhtémoc en 2018. Fue Diputado Local de la Ciudad de México por el Distrito IX-2​, en la VII Legislatura de la Asamblea Legislativa del Distrito Federal. Es hijo del ex gobernador de Tabasco Arturo Núñez Jiménez.

Estudió Derecho en el Instituto Tecnológico Autónomo de México (ITAM). Posteriormente realizó estudios de posgrado en Derecho, Economía y Políticas Públicas en el Instituto Universitario de Investigación Ortega y Gasset de la Universidad Complutense de Madrid. También estudió la maestría en Democracia y Parlamento en el Instituto de Investigaciones Jurídicas de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) y la Universidad de Salamanca.​

En 2017 elaboró el Programa La Ciudad de los Derechos, cuyo objetivo es desarrollar nuevos proyectos para mejorar la calidad de vida de los habitantes de la Ciudad de México a través del goce pleno de sus derechos.

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Por fin, la próxima semana se sabrá la sanción contra el vocero Jesús Ramírez: SFP

Jesús Ramírez debe ser destituido por violar la veda electoral, exigen

LEE TODA LA HISTORIA:  

PRESENTAN INCIDENTE DE INEJECUCIÓN DE SENTENCIA CONTRA LÓPEZ OBRADOR

(PRIMERA PARTE)   (SEGUNDA PARTE)   (TERCERA PARTE)   (CUARTA PARTE)

DESCARGA EL EXPEDIENTE COMPLETO DE LA SANCIÓN A JESÚS RAMÍREZ CUEVAS (SUP-REP-0109-2019)

ESENARIOS DE LA SANCIÓN A JESÚS RAMÍREZ CUEVAS

SI HAY CONGRUENCIA EN LA 4T, DEBEN DESTITUIR AL VOCERO PRESIDENCIAL: SONDÓN

 

Alejandro Lelo de Larrea

La próxima semana, la Secretaría de la Función Pública (SFP) anunciará la sanción que se le impondrá a Jesús Ramírez Cuevas, coordinador General de Comunicación Social y Vocero del Gobierno de la República, por violar la veda electoral y difundir propaganda en periodo prohibido, en el marco de las elecciones del 2 de junio de 2019.

Así lo dio a conocer este miércoles la titular de la SFP, Irma Eréndira Sandoval, luego de ser cuestionada por este reportero, durante una conferencia de prensa que ofreció al término de la mañanera del presidente Andrés Manuel López Obrador, en el mismo Salón Tesorería de Palacio Nacional.

Sandoval dejó en claro la inminencia de que se va a aplicar la sanción para Ramírez Cuevas, ordenada por el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) en sentencia definitiva del pasado 25 de septiembre, y reconoció que la falta administrativa ya está acreditada.

 

La reunión del martes

Este martes, hubo una comparecencia de Ramírez Cuevas en la SFP, y tras la pregunta, la propia Sandoval pidió que explicara al respecto su coordinador General de Órganos de Vigilancia y Control (de los conocidos OIC), Daniel García Cortés.

“Únicamente para complementar la información relativa a este tema. Refrendar efectivamente que lo que se está analizando al interior de la Secretaría de la Función Pública, a través de Órgano Interno de Control (OIC) competente es precisamente la probable o la posible existencia de una falta administrativa, no se trata de un delito electoral.

“Y el día de ayer efectivamente, secretaria, se hizo la citación formal para que el servidor público, en este caso el vocero presidencial, Jesús Ramírez, acuda al Órgano Interno de Control a hacerse sabedor de la resolución que se le dará a conocer la siguiente semana y que se informara puntualmente, en el momento oportuno”, expuso García Cortés en la misma conferencia de prensa.

 

Se actúa sin filias ni blindajes: Sandoval

—¿Pero no está ya acreditada la falta administrativa en la sentencia definitiva inatacable del tribunal, secretaria? —fue la última pregunta a Sandoval.

— Sí, se está procediendo considerándolo como falta administrativa. Muchas gracias.

Previamente, Irma Eréndira Sandoval había comentado que el de Jesús Ramírez “es un caso muy sonoro, muy debatido en medios. Yo lo único que podría refrendar es que efectivamente en la 4T se está actuando, en este gobierno, en esta nueva administración se está actuando, decimos siempre, sin filias y blindajes a nadie”.

Siguió: “Y aquí lo que sí quiero ser muy puntual es que el análisis que se ha hecho en el OIC correspondiente y obviamente desde la Función Pública es que se va a actuar como corresponde, pero que tampoco vamos a caer en que lo que se hizo fue un delito electoral, porque fue una falta administrativa”.

Sandoval destacó que la dependencia a su cargo no tiene la responsabilidad de sancionar y castigar delitos electorales. “Y de hecho la valoración es de una posible infracción, efectivamente administrativa, en particular vinculada a estos casos electorales”.

 

La sentencia del TEPJF

La sentencia del pasado 25 de septiembre, dice a la letra en sus puntos esenciales:

“Con fundamento en el artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en relación con el 93 del Reglamento Interno del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF), de fecha 5 de julio del 2019”, mediante la cual se determinó:

“PRIMERA: El presidente de México no tiene responsabilidad en las conductas

SEGUNDA: El Coordinador General de Comunicación Social y Vocero del Gobierno de la República es responsable por la indebida difusión del Tuit de 1 de junio en la cuenta del Gobierno de México, en periodo prohibido”.

TERCERA: El Coordinador General de Comunicación Social y Vocero del Gobierno de la República es responsable por la indebida difusión de propaganda gubernamental el 2 de junio, en la cuenta de Youtube del Gobierno de México, en veda.

CUARTA: Se comunica esta sentencia al Presidente de México.”

 

López Obrador, la última palabra

El jueves de la semana pasada, en la conferencia de prensa matutina de López Obrador, fue cuestionado sobre cuándo va a cumplir, acatar la referida sentencia, y el mandatario pidió a su propio vocero que explicara al respecto.

Aquel día, Ramírez anticipó sobre la reunión que tuvo lugar hace dos días en la SFP.

Así, será la próxima semana cuando se conozca la suerte de Jesús Ramírez Cuevas. La sanción a que se haga acreedor será recomendada por la SFP al presidente López Obrador, quien tendrá la última palabra.

 

Versión conferencia miércoles 19

Aquí la versión de la pregunta y la respuesta de la titular de la SFP y del coordinador de OIC, en la conferencia de ayer miércoles.

PREGUNTA: Gracias, secretaria.

Disculpe, si me permite sobre otro tema. Van 145 días que el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación notificó al presidente López Obrador que tiene que sancionar a su vocero presidencial porque violó la veda electoral 1 y 2 de junio con publicaciones.

Ayer hubo…

IRMA ERÉNDIRA SANDOVAL BALLESTEROS: Sí.

INTERLOCUTOR: Si me permite terminar la pregunta.

Ayer, entiendo, nos dijo Jesús Ramírez que ayer hubo una audiencia. Preguntarle: ¿cómo va el caso?

Y si la sanción que se le aplique va a ser acorde a que la 4T convirtió en delitos graves los delitos electorales. Esa sería la pregunta concreta.

Gracias, secretaria.

IRMA ERÉNDIRA SANDOVAL BALLESTEROS: Muchas gracias.

Sí, es un caso muy sonoro, muy debatido en medios. Yo lo único que podría refrendar es que efectivamente en la 4T se está actuando, en este gobierno, en esta nueva administración se está actuando, decimos siempre, sin filias y blindajes a nadie.

Y aquí lo que sí quiero ser muy puntual es que el análisis que se ha hecho en el OIC correspondiente y obviamente desde la Función Pública es que se va a actuar como corresponde, pero que tampoco vamos a caer en que lo que se hizo fue un delito electoral, porque fue una falta administrativa.

Yo no estoy a cargo de castigar delitos electorales y de hecho la valoración es de una posible infracción, efectivamente administrativa, en particular vinculada a estos casos electorales.

Pero mi coordinador de los OIC, si me permiten ustedes, me va a recordar qué ha pasado con la reunión de ayer, qué derivó. Creo que se les notificó ayer mismo ¿verdad?

DANIEL GARCÍA CORTÉS, COORDINADOR GENERAL DE ÓRGANOS DE VIGILANCIA Y CONTROL: Muchas gracias, secretaria. Buenos días a todos.

Únicamente para complementar la información relativa a este tema. Refrendar efectivamente que lo que se está analizando al interior de la Secretaría de la Función Pública, a través de Órgano Interno de Control competente es precisamente la probable o la posible existencia de una falta administrativa, no se trata de un delito electoral.

Y el día de ayer efectivamente, secretaria, se hizo la citación formal para que el servidor público, en este caso el vocero presidencial, Jesús Ramírez, acuda al Órgano Interno de Control a hacerse sabedor de la resolución que se le dará a conocer la siguiente semana y que se informara puntualmente en el momento oportuno.

INTERLOCUTOR: ¿Pero no está ya acreditada la falta administrativa en la sentencia definitiva inatacable del tribunal, secretaria?

IRMA ERÉNDIRA SANDOVAL BALLESTEROS: Sí, se está procediendo considerándolo como falta administrativa. Muchas gracias.

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EspecialesMensaje PolíticoPrincipal

Escenarios de la sanción al vocero Jesús Ramírez

Los escenarios de la sanción a Jesús Ramírez, el vocero presidencial de López Obrador

Mensaje Político


• ¿López Obrador actuará como político tradicional o será diferente?


Alejandro Lelo de Larrea

En las campañas presidenciales de 2012, la candidata del partido en el poder, Josefina Vázquez Mota, se quejó con el entonces presidente Felipe Calderón, que su vocera Alejandra Sota, estaba interviniendo ilegalmente en el proceso electoral… ¡en su contra!

La candidata panista acusó que el entonces Secretario de Seguridad Pública, Genaro García Luna, grababa sus llamadas telefónicas, y la vocera se encargaba de filtrarlas a los medios de comunicación. Vázquez Mota se refería a ella como “la pinche Sota”, expresión que ya forma parte del anecdotario político mexicano.

Omiso e irresponsable como en tantas cosas que causaron graves daños al país, Calderón no frenó a su vocera. La dejó que continuara violando las normas electorales, también para perjudicar al candidato de las izquierdas en 2012, Andrés Manuel López Obrador.

Hoy López Obrador presidente se encuentra en una disyuntiva: actuar como político tradicional, igualito que Calderón, o demostrar que la llamada “4T” es un cambio real, que no es más de lo mismo, y que no va a permitir que se usen las instituciones de su Gobierno impunemente con fines electorales.

El 30 de diciembre López Obrador dará cumplimiento a la sentencia definitiva del pasado 25 de septiembre del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, (TEPJF) que le ordenó sancionar a su vocero presidencial, porque violó la veda electoral en el marco de los comicios del pasado 2 de junio, “al difundir propaganda gubernamental en periodo prohibido”, dice el resolutivo.

Cuatro escenarios

Hay cuatro escenarios posibles para el desenlace de la sanción al vocero presidencial:

El primero: Aunque suene irónico, burlesco, que la sanción a Ramírez Cuevas sea sólo “acusarlo con su abuelita”. Es decir, ¡nada! Que el Órgano Interno de Control de la Presidencia de la República utilice algún argumento leguleyo para soslayar el castigo.

Ello sería un terrible mensaje de la administración lopezobradorista: la señal de que da permiso a su vocero, a su Gabinete, a todos en el Gobierno de la supuesta “4T” para incumplir las normas electorales. O sea, manga ancha para que incurran en las mismas prácticas fraudulentas que padeció el propio López Obrador en las elecciones de 2006 y 2012.

Este primer escenario es el más probable.

El segundo escenario: que la sanción a Ramírez Cuevas sea ínfima: una simple amonestación, una especie de simulación de que se actúa en consecuencia ante el incumplimiento de las normas electorales.

Un resolutivo así sería además una gran falta de congruencia: si la “4T” convirtió en graves los delitos electorales, lo razonable es que sancione al vocero presidencial, Jesús Ramírez Cuevas, con al menos la destitución.

Pero precisamente coherencia es lo que ha faltado a la actual administración. Ahí está el caso de Manuel Bartlett, exonerado aunque había firmes evidencias para sancionarlo.

Este segundo escenario es también altamente probable.

El tercer escenario: que se aplique una sanción ejemplar a Ramírez Cuevas. Por lo menos su destitución. E incluso, eventualmente su inhabilitación temporal para ocupar cargos en el servicio público y hasta una multa.

Ésta sí sería una señal clara, inequívoca, de que López Obrador da un manotazo en la mesa para advertir a quien fuere su vocero, a los voceros de todas las dependencias, a todos los funcionarios públicos, secretarios, subsecretarios y de todos los niveles, de que no va a tolerar ni el más mínimo fraude electoral.

Ello sí sería congruente con la reforma que impulsó para convertir en graves los delitos electorales, y con el supuesto cambio que representa la “4T”.

Este tercer escenario es muy poco probable.

El cuarto escenario es que el propio Jesús Ramírez haya entendido lo delicado del error que cometió al infligir las leyes electorales y el daño que su indebida conducta puede ocasionar a la “4T”. Y que en esta reflexión de lucidez excepcional, el vocero decidiera presentar su renuncia a más tardar este 29 de diciembre.

Su dimisión causaría el sobreseimiento de la sentencia del TEPJF, pues al ya no ocupar el cargo de vocero, quedaría sin materia el mandamiento jurisdiccional. En este escenario, Ramírez Cuevas se libraría de una negra mancha en su expediente, de cuasi delincuente electoral.

Y hasta eventualmente en el futuro podría ser compensado por el presidente López Obrador.

Este cuarto escenario es remotamente posible.

Ahí los cuatro caminos para el presidente, cuya resolución no sólo implica el destino de un alto funcionario de la Presidencia, sino un mensaje de fondo, una definición del Gobierno de la “4T” y de López Obrador: va a actuar como político tradicional, o va a demostrar que hay un cambio verdadero.

Lo sabremos el 30 de diciembre, fecha en que de acuerdo con Jesús Ramírez habrá de conocerse la determinación del Órgano Interno de Control de la Presidencia.

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Si hay congruencia en la 4T, deben destituir al vocero presidencial Jesús Ramírez: Sondón

Jesús Ramírez Cuevas debe ser destituido por violar la veda electoral

Piden que la sanción sea ejemplar para que se respeten las Leyes Electorales


Esperan que no sólo lo acusen con su abuelita


El TEPJF resolvió el 25 de septiembre que Jesús Ramírez debe ser sancionado por violar veda electoral


 

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Por Alejandro Lelo de Larrea

El representante del PAN ante el Consejo General del INE, Víctor Hugo Sondón, dijo esperar que la sanción al coordinador general de Comunicación Social y Vocero del Gobierno de la República, Jesús Ramírez Cuevas, sea por lo menos su destitución, para que vaya acorde, en congruencia con la postura de la llamada 4T, que elevó a graves los delitos electorales.

“Esperemos que la sanción sea ejemplar, para que sea un mensaje no tan sólo para todos aquellos que quieran violar la Ley en época electoral, sino para todos sus Secretarios, para los voceros de cada uno de sus secretarios, que no cometan la misma falta a la ley”, expresó ayer en breve entrevista con este reportero.

Sondón reiteró que el castigo a Ramírez Cuevas debe ser “ejemplar, porque imagínate si al comunicador social de la Presidencia de la República no le importa respetar la Ley, pues a quién más. Hay que esperar a ver qué tipo de sanción es, no sólo vaya a ser que lo quiera acusar nada más con su abuelita”, expuso.

—¿Por lo menos su destitución?

—Ojalá, pero no creo, ahí está el caso (Manuel) Bartlett que fue exonerado por la Secretaría de la Función Pública, cuando había todos los elementos en su contra.

 

Viernes 20 de diciembre: la pregunta al presidente

 

La queja original

Sondón presentó el pasado 2 de junio una queja ante el INE, por difusión de propaganda gubernamental en periodo de veda, en el marco de las elecciones del pasado 2 de junio, en seis entidades de la república.

Se trató de una publicación en la cuenta oficial de Twitter del Gobierno Federal el 1 de junio de este año, en que se hace alusión al triunfo del hoy presidente Andrés Manuel López Obrador, en el proceso electoral del 1 de julio de 2018.

También de la transmisión del evento el 2 de junio pasado, del evento del “inicio de los trabajos de la Refinería de Dos Bocas, con la presencia y participación del Presidente de México, en el canal oficial de YouTube del Gobierno de México”.

La entrevista con Sondón viene a propósito de que el pasado viernes, a pregunta expresa de este reportero en la conferencia de prensa matutina, el presidente López Obrador respondió enfático que se va a acatar y a cumplir la sentencia del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) del pasado 25 de septiembre, en la que le mandata sancionar a su vocero, por difundir propaganda oficial en periodo prohibido.

“Hay tiempo, pero sí se va a cumplir, no es como antes, que se acata, pero no se cumple. Se va a Acatar”, sostuvo el viernes López Obrador.

 

Vocero explica su sanción

Momentos antes, el primer mandatario pidió a su vocero, que explicara el estatus del cumplimiento de esa sentencia, de la que fue notificado el 26 de septiembre, hace casi ya 3 meses.

Ramírez Cuevas expuso que el Órgano Interno de Control de la Presidencia de la República (adscrito a la Secretaría de la Función Pública), es el encargado de dar seguimiento y cumplimentar la sentencia del TEPJF, y está en ello.

Comentó que el 30 de diciembre termina ese trámite para determinar la sanción que le corresponde. ”El caso ha seguido el cauce legal y aseguró que cuando se determine la sanción, se notificará al Tribunal”.

La sentencia del TEPJF del 25 de septiembre fue aprobada por unanimidad en la Sala Superior de TEPJF, en la cual confirmó la resolución emitida por la Sala Regional Especializada, que establece la responsabilidad de Jesús Ramírez por difundir propaganda gubernamental en periodo prohibido.

 

Denunciaron desacato presidencial

En entrevista con este reportero, difundida el pasado 1 de diciembre, el propio Sondón denunció que el presidente no ha acatado ni cumplido la sentencia, la cual no puede alegar que desconoce, porque se le notificó de manera personal, mediante oficio.

Extractos:

“El presidente tiene que ordenar a las personas responsables del área administrativa y contenciosa, que se le inicie un procedimiento de sanción al responsable de Comunicación Social de la Presidencia”, dice enfático Sondón, en entrevista con este reportero.

—Hace unas semanas (1 de noviembre) le pregunté al presidente en una conferencia mañanera cómo va en el cumplimiento de esa sentencia, que si no actuaría como Porfirio Díaz: que se acata pero no se cumple. Dijo que al lunes siguiente lo haría. ¿Tienen información de que ya acató y cumplió?

—No la han acatado. Vamos a presionar al Gobierno de la República para que nos diga el estatus que guarda esa resolución, que ya está en proceso de sanción. Hay que ver si lo piensan hacer.

—¿Cuál sería el trámite normal de la Presidencia? ¿Supongo que a la brevedad, en un plazo perentorio debieron cumplir?

—Así es, ellos debieron haber acatado la resolución, iniciar el proceso de sanción y una vez emitida la sanción, informarle al Tribunal. Y no lo han hecho.

—¿De cuánto tiempo disponen?

—A partir de la notificación debieron haber iniciado un proceso de sanción, y el tiempo que tienen marcado es de acuerdo con su vida orgánica, la temporalidad no está establecida. Pero debieran haber informado sobre el estatus.

—¿Al menos informar?

—De lo que estamos seguro es de que ni siquiera la iniciaron.

—¿Qué opinión de esta actitud del presidente?

—Ya están a disposición de la autoridad por desacato, es un mandato judicial, es para cumplirse, no nada más para notificarse. Entonces ellos ya están en un completo desacato, sin duda. Con la información que nos den habremos de recurrir al área jurisdiccional, para decirles que están en desacato.

Sondón concluye: “Las órdenes judiciales son para cumplimentarse y no la han cumplimentado. No han informado tampoco: hoy ya se encuentran en total desacato al mandato jurisdiccional”.

 

Piden congruencia a la 4T

En esa misma entrevista, Sondón consideró que Jesús Ramírez Cuevas, debe ser destituido, inhabilitado y hasta multado por haber violado la veda electoral en las pasadas elecciones del 2 de junio.

Consideró que tal debe ser la sanción que le imponga el presidente de la República, quien está obligado a dar cumplimiento a la sentencia SUP-REP-109/2019 del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF).

Sondón además consideró que debe prevalecer la congruencia en el Gobierno de López Obrador, pues si convirtió en graves los delitos electorales, tiene que aplicar a su vocero una sanción acorde, porque incumplió la norma electoral.

“El tipo de sanción puede ir desde la propia inhabilitación para ocupar el cargo, hasta una posible sanción económica”, dice enfático Sondón.

En la entrevista referida, cuya publicación se hizo el 2 de diciembre, Sondón abundó:

—¿No sería suficiente una amonestación, como hay la pretensión? —se le pregunta a Sondón.

—¡No!, ¡no! ¡no!, ¡Desde luego que no! —responde enfático a la pregunta el panista.

Y abunda: “Esta es una resolución de la autoridad jurisdiccional, y la autoridad jurisdiccional no amonesta. Hay sanciones muy claras y específicas, y más tratándose de delitos electorales. Porque estamos hablando de un delito electoral: promocionar acciones de gobierno en un día de jornada electoral”.

Continúa: “Recuerda que ellos propusieron la Iniciativa de Ley por la cual configuraron delitos electorales como graves. El propio fraude electoral: les impusieron penas altas, que no tienen derecho a fianza. O sea ponen al nivel de cualquier delincuente penal, a un delincuente electoral”.

—¿Con esto pierde el gobierno ese halo de pureza del que se jactaba, de supuesta limpieza en los procesos?

—Si le da cobijo a un delincuente electoral como Evo Morales, ¿qué nos podemos esperar?

—¿Debieran tener congruencia?

—Le están dando carácter de delincuente electoral a un mexicano y a un extranjero le dan cobijo, cuando si le aplicaran las leyes mexicanas sería un delincuente electoral. ¿Qué nos podemos esperar ahora del señor de comunicación social de Presidencia de la República?

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Jesús Ramírez quiso culpar a la Dirección de Comunicación Digital del Presidente

Jesús Ramírez quiso eludir su responsabilidad

• Pretendió responsabilizar a Martha Jessica Ramírez González, titular de ésa área

• El vocero siempre estuvo enterado de la difusión de la propaganda denunciada

• La responsabilidad imputada por la autoridad responsable no fue arbitraria, concluye el TEPJF

 

ALEJANDRO LELO DE LARREA / CUARTA Y ÚLTIMA       (VER PRIMERA PARTE)       (VER SEGUNDA PARTE)       (VER TERCERA PARTE)

En sus alegatos en el recurso de revisión que presentó ante la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF), el “Coordinador General de Comunicación Social y Vocero del Gobierno de la República”, Jesús Ramírez Cuevas, intentó eludir su responsabilidad por la publicación indebida de propaganda en periodo de veda.

Esto, al indicar que en todo caso debió sancionarse no a él, sino a quien es responsable material de la administración de las cuentas de Twitter (@GobiernoMX ) y el canal de YouTube del Gobierno de México.

No la señaló por nombre y cargo, pero en el organigrama de la Presidencia de la República se trata de su subordinada, Martha Jessica Ramírez González, la directora general de Comunicación Digital del Presidente. Además del cargo que ostenta, es sabido que ella administra personalmente las cuentas de redes sociales del Gobierno de México: Twitter, YouTube y Facebook.

Aquí el planteamiento de Jesús Ramírez, según consta en la sentencia SUP-REP-109/2019 de la Sala Superior del TEPJF, de la cual se obtuvo copia: “Se debió haber analizado las características y facultades de cada uno de los sujetos a los que considera responsables, así como las conductas específicas que se les reprochan, para determinar si se ubicaban en los supuestos normativos invocados, omisión que deriva necesariamente en una motivación deficiente”.

Este reportero solicitó entrevista con Jesús Ramírez para que ofreciera su versión al respecto, pero no hubo respuesta. Tampoco fue el caso de la Consejería Jurídica de la Presidencia de la República, instancia encargada de la defensa del vocero en este caso que perdieron ante el Partido Acción Nacional.

 

AMLO, exonerado

Para determinar al responsable, en el análisis de fondo la sentencia, en un primer momento se establece con claridad un deslinde a Andrés Manuel López Obrador. “La Sala Especializada señaló que otro parámetro a evaluar era la difusión del evento en veda, por lo cual, si el Presidente de México no realizó ni ordenó su publicación en internet y no administra las cuentas del Gobierno de México, no era responsable de su transmisión”, dice la sentencia definitiva de la Sala Superior del TEPJF.

La sanción a Jesús Ramírez, de acuerdo con lo asentado en el documento, parte de dos hechos plasmados así en la sentencia:

El primero, el incumplimiento de la ley: “No se encuentra justificación alguna para difundir en la página de internet de YouTube el desarrollo del evento en Paraíso, Tabasco, exaltando acciones del Gobierno de la República, y por medio de la red social de Twitter un mensaje general a la población, referente a la actuación del Gobierno Federal, en la temporalidad en que fueron realizadas: uno y dos de junio, periodo de veda electoral”.

Y el segundo, el sujeto a quien se le atribuye la responsabilidad del incumplimiento legal: “…el Coordinador de Comunicación Social reconoció que las redes sociales donde se dieron los mensajes las administra el área a su cargo y que es responsable de la estrategia de comunicación del Gobierno de México”, dice en el expediente.

 

Culpar al autor material

Sin embargo, en sus alegatos, una y otra vez Jesús Ramírez quiso eludir su responsabilidad, bajo el argumento de que no fue el autor material.

“El recurrente (Jesús Ramírez) señala la inexistencia de elemento probatorio mediante el cual se acredite la realización material de los hechos. Esto es, que le sea imputable la colocación de los videos en la cuenta oficial @GobiernoMx”, expuso.

Continúan los alegatos: “A juicio del recurrente, de manera incorrecta se concluyó que por el hecho de corresponder a la Coordinación de Comunicación Social y Vocería del Gobierno de la República la administración de las cuentas materia de la denuncia, es reprochable la conducta material de la supuesta colocación de los contenidos materia de la queja, sin que se acredite que el recurrente haya realizado de manera personal y directa la publicación de los videos”.

 

Jesús Ramírez lo sabía

Cierto, el Tribunal reconoció que Jesús Ramírez ß de la difusión del tuit y el video indebidos, pero es sujeto sancionable, porque es el responsable del área que administra las redes sociales.

“Debe tomarse en cuenta la calidad del recurrente como integrante de la administración pública federal y responsable de la estrategia de comunicación del Gobierno de México, así como las funciones que tiene a su cargo y su jerarquía”, dice la sentencia.

Además, Jesús Ramírez “siempre estuvo enterado de la difusión en las redes sociales oficiales de la propaganda denunciada, puesto que, si bien pudiera no haber participado de manera directa en la elaboración y difusión, lo cierto es que existe un deber normativo de aprobar o ratificar las políticas de comunicación social”.

Es decir, su responsabilidad es supervisar todo lo que se difunda a través de esas cuentas oficiales de redes sociales.

“Tiene el deber de vigilar el cumplimiento de las funciones de la dependencia a su cargo. Resulta razonable que las infracciones se extiendan hacia aquel o aquellos servidores, entre cuyas funciones está la de vigilar que el contenido del material que se difunda a nombre del Gobierno de la República se encuentre dentro de los límites legales y constitucionales establecidos, ya que ello forma parte de su deber de cuidado.”

Esto, insistió el Tribunal, con independencia de si fue el propio servidor público el que ordenó la confección o difusión de la propaganda gubernamental, al cual no se le excluye de responsabilidad.

“En este sentido, el recurrente, como titular, sí estaba obligado a verificar que las acciones de sus inferiores jerárquicos respecto a la promoción y difusión de actos relevantes relacionados con la participación del presidente de la República, fuera acorde a la normativa, lo cual no sucedió en el presente asunto.”

Finalmente, asientan la plena legalidad para sancionar al vocero presidencial. “La responsabilidad imputada por la autoridad responsable no fue arbitraria, permitió un control democrático de la política sancionadora y generó previsibilidad”.

 

La 4T perdió su pureza electoral

En el expediente de la causa SUP-REP-109/2019 consta que el pasado 2 de junio, día de las elecciones en seis entidades, el PAN presentó una queja ante el INE, porque a través de medios de comunicación del Gobierno de México, Twitter y YouTube, se publicó lo que consideró propaganda gubernamental.

Refieren UN TUIT  y UN VIDEO en YouTube. El 1 de junio, relativo al triunfo electoral que obtuvo Morena en el proceso electoral de 2018. Y el 2 de junio, el inicio de los trabajos para la construcción de la refinería “Dos Bocas”, en Paraíso, Tabasco.

Los días 1 y 2 de junio comprendieron el periodo de reflexión, de veda electoral, porque ese 2 de junio hubo comicios estatales para diputados y alcaldes en Aguascalientes, Durango, Quintana Roo y Tamaulipas, y para gobernador en Baja California y Puebla.

Esa queja del PAN fue resuelta el 5 de julio por parte de la instancia a la cual fue turnada por el INE: la Sala Regional Especializada del TEPJF. En su sentencia, consideró: “Jesús Ramírez Cuevas es responsable de la indebida difusión del Tuit del uno de junio en la cuenta del Gobierno de México, así como por la indebida difusión de propaganda gubernamental el dos de junio, en la cuenta YouTube del Gobierno de México”.

El 10 de julio, la Presidencia de la República presentó un recurso de revisión del procedimiento especial sancionador contra Ramírez Cuevas, que fue turnado a la ponencia de la magistrada Janine M. Otálora Malassis (quien por cierto el 8 de agosto de 2018 entregó en mano propia a López Obrador su constancia como presidente electo).

El 25 de septiembre pasado, por unanimidad de seis votos (no asistió la magistrada Mónica Aralí Soto Fregoso), la Sala Superior del TEPJF confirmó sentencia impugnada por la Presidencia de la República, con lo cual quedó firme, (definitiva e inatacable) la resolución de primera instancia de la Sala Regional Especializada, en la que ordena al presidente López Obrador lleve a cabo el procedimiento sancionador, en contra de su vocero, Jesús Ramírez Cuevas, por violar la veda electoral.

 

El desacato presidencial

Así, el 25 de septiembre, la Sala Superior del TEPJF confirmó por unanimidad la sentencia de la Sala Regional del 5 de junio, y pidió archivar el expediente como “asunto total y definitivamente concluido”.

Los puntos resolutivos en sentencia firme, dicen:

“PRIMERO: El presidente de México no tiene responsabilidad en las conductas.

SEGUNDO: El Coordinador General de Comunicación Social y Vocero del Gobierno de la República (Jesús Ramírez Cuevas), es responsable de la indebida difusión del Tuit del uno de junio, en la cuenta del Gobierno de México, en periodo prohibido.

TERCERO: El Coordinador General de Comunicación Social y Vocero del Gobierno de la República (Jesús Ramírez Cuevas), es responsable de la indebida difusión de propaganda gubernamental el dos de junio, en la cuenta de YouTube del Gobierno de México, en veda.

CUARTO: Se comunica esta sentencia al Presidente de México.”

Esta historia no termina aún, porque han transcurrido más de 2 meses desde que el presidente López Obrador fue notificado de la sentencia que le mandata a aplicar una sanción a su vocero, y no lo ha cumplimentado.

lo asentado en el documento, n”, dice la sentencia de la Sala Superior del TEPJF.e redes sociales del gobierno.

s, y no federale“Está en desacato”, reitera el representante del PAN ante el Instituto Nacional Electoral (INE), Víctor Hugo Sondón.

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Jesús Ramírez quiso culpar a la Dirección de Comunicación Digital del Presidente

Jesús Ramírez quiso eludir su responsabilidad

• Pretendió responsabilizar a Martha Jessica Ramírez González, titular de ésa área

• El vocero siempre estuvo enterado de la difusión de la propaganda denunciada

• La responsabilidad imputada por la autoridad responsable no fue arbitraria, concluye el TEPJF

 

ALEJANDRO LELO DE LARREA / CUARTA Y ÚLTIMA       (VER PRIMERA PARTE)       (VER SEGUNDA PARTE)       (VER TERCERA PARTE)

En sus alegatos en el recurso de revisión que presentó ante la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF), el “Coordinador General de Comunicación Social y Vocero del Gobierno de la República”, Jesús Ramírez Cuevas, intentó eludir su responsabilidad por la publicación indebida de propaganda en periodo de veda.

Esto, al indicar que en todo caso debió sancionarse no a él, sino a quien es responsable material de la administración de las cuentas de Twitter (@GobiernoMX ) y el canal de YouTube del Gobierno de México.

No la señaló por nombre y cargo, pero en el organigrama de la Presidencia de la República se trata de su subordinada, Martha Jessica Ramírez González, la directora general de Comunicación Digital del Presidente. Además del cargo que ostenta, es sabido que ella administra personalmente las cuentas de redes sociales del Gobierno de México: Twitter, YouTube y Facebook.

Aquí el planteamiento de Jesús Ramírez, según consta en la sentencia SUP-REP-109/2019 de la Sala Superior del TEPJF, de la cual se obtuvo copia: “Se debió haber analizado las características y facultades de cada uno de los sujetos a los que considera responsables, así como las conductas específicas que se les reprochan, para determinar si se ubicaban en los supuestos normativos invocados, omisión que deriva necesariamente en una motivación deficiente”.

Este reportero solicitó entrevista con Jesús Ramírez para que ofreciera su versión al respecto, pero no hubo respuesta. Tampoco fue el caso de la Consejería Jurídica de la Presidencia de la República, instancia encargada de la defensa del vocero en este caso que perdieron ante el Partido Acción Nacional.

 

AMLO, exonerado

Para determinar al responsable, en el análisis de fondo la sentencia, en un primer momento se establece con claridad un deslinde a Andrés Manuel López Obrador. “La Sala Especializada señaló que otro parámetro a evaluar era la difusión del evento en veda, por lo cual, si el Presidente de México no realizó ni ordenó su publicación en internet y no administra las cuentas del Gobierno de México, no era responsable de su transmisión”, dice la sentencia definitiva de la Sala Superior del TEPJF.

La sanción a Jesús Ramírez, de acuerdo con lo asentado en el documento, parte de dos hechos plasmados así en la sentencia:

El primero, el incumplimiento de la ley: “No se encuentra justificación alguna para difundir en la página de internet de YouTube el desarrollo del evento en Paraíso, Tabasco, exaltando acciones del Gobierno de la República, y por medio de la red social de Twitter un mensaje general a la población, referente a la actuación del Gobierno Federal, en la temporalidad en que fueron realizadas: uno y dos de junio, periodo de veda electoral”.

Y el segundo, el sujeto a quien se le atribuye la responsabilidad del incumplimiento legal: “…el Coordinador de Comunicación Social reconoció que las redes sociales donde se dieron los mensajes las administra el área a su cargo y que es responsable de la estrategia de comunicación del Gobierno de México”, dice en el expediente.

 

Culpar al autor material

Sin embargo, en sus alegatos, una y otra vez Jesús Ramírez quiso eludir su responsabilidad, bajo el argumento de que no fue el autor material.

“El recurrente (Jesús Ramírez) señala la inexistencia de elemento probatorio mediante el cual se acredite la realización material de los hechos. Esto es, que le sea imputable la colocación de los videos en la cuenta oficial @GobiernoMx”, expuso.

Continúan los alegatos: “A juicio del recurrente, de manera incorrecta se concluyó que por el hecho de corresponder a la Coordinación de Comunicación Social y Vocería del Gobierno de la República la administración de las cuentas materia de la denuncia, es reprochable la conducta material de la supuesta colocación de los contenidos materia de la queja, sin que se acredite que el recurrente haya realizado de manera personal y directa la publicación de los videos”.

 

Jesús Ramírez lo sabía

Cierto, el Tribunal reconoció que Jesús Ramírez ß de la difusión del tuit y el video indebidos, pero es sujeto sancionable, porque es el responsable del área que administra las redes sociales.

“Debe tomarse en cuenta la calidad del recurrente como integrante de la administración pública federal y responsable de la estrategia de comunicación del Gobierno de México, así como las funciones que tiene a su cargo y su jerarquía”, dice la sentencia.

Además, Jesús Ramírez “siempre estuvo enterado de la difusión en las redes sociales oficiales de la propaganda denunciada, puesto que, si bien pudiera no haber participado de manera directa en la elaboración y difusión, lo cierto es que existe un deber normativo de aprobar o ratificar las políticas de comunicación social”.

Es decir, su responsabilidad es supervisar todo lo que se difunda a través de esas cuentas oficiales de redes sociales.

“Tiene el deber de vigilar el cumplimiento de las funciones de la dependencia a su cargo. Resulta razonable que las infracciones se extiendan hacia aquel o aquellos servidores, entre cuyas funciones está la de vigilar que el contenido del material que se difunda a nombre del Gobierno de la República se encuentre dentro de los límites legales y constitucionales establecidos, ya que ello forma parte de su deber de cuidado.”

Esto, insistió el Tribunal, con independencia de si fue el propio servidor público el que ordenó la confección o difusión de la propaganda gubernamental, al cual no se le excluye de responsabilidad.

“En este sentido, el recurrente, como titular, sí estaba obligado a verificar que las acciones de sus inferiores jerárquicos respecto a la promoción y difusión de actos relevantes relacionados con la participación del presidente de la República, fuera acorde a la normativa, lo cual no sucedió en el presente asunto.”

Finalmente, asientan la plena legalidad para sancionar al vocero presidencial. “La responsabilidad imputada por la autoridad responsable no fue arbitraria, permitió un control democrático de la política sancionadora y generó previsibilidad”.

 

La 4T perdió su pureza electoral

En el expediente de la causa SUP-REP-109/2019 consta que el pasado 2 de junio, día de las elecciones en seis entidades, el PAN presentó una queja ante el INE, porque a través de medios de comunicación del Gobierno de México, Twitter y YouTube, se publicó lo que consideró propaganda gubernamental.

Refieren UN TUIT  y UN VIDEO en YouTube. El 1 de junio, relativo al triunfo electoral que obtuvo Morena en el proceso electoral de 2018. Y el 2 de junio, el inicio de los trabajos para la construcción de la refinería “Dos Bocas”, en Paraíso, Tabasco.

Los días 1 y 2 de junio comprendieron el periodo de reflexión, de veda electoral, porque ese 2 de junio hubo comicios estatales para diputados y alcaldes en Aguascalientes, Durango, Quintana Roo y Tamaulipas, y para gobernador en Baja California y Puebla.

Esa queja del PAN fue resuelta el 5 de julio por parte de la instancia a la cual fue turnada por el INE: la Sala Regional Especializada del TEPJF. En su sentencia, consideró: “Jesús Ramírez Cuevas es responsable de la indebida difusión del Tuit del uno de junio en la cuenta del Gobierno de México, así como por la indebida difusión de propaganda gubernamental el dos de junio, en la cuenta YouTube del Gobierno de México”.

El 10 de julio, la Presidencia de la República presentó un recurso de revisión del procedimiento especial sancionador contra Ramírez Cuevas, que fue turnado a la ponencia de la magistrada Janine M. Otálora Malassis (quien por cierto el 8 de agosto de 2018 entregó en mano propia a López Obrador su constancia como presidente electo).

El 25 de septiembre pasado, por unanimidad de seis votos (no asistió la magistrada Mónica Aralí Soto Fregoso), la Sala Superior del TEPJF confirmó sentencia impugnada por la Presidencia de la República, con lo cual quedó firme, (definitiva e inatacable) la resolución de primera instancia de la Sala Regional Especializada, en la que ordena al presidente López Obrador lleve a cabo el procedimiento sancionador, en contra de su vocero, Jesús Ramírez Cuevas, por violar la veda electoral.

 

El desacato presidencial

Así, el 25 de septiembre, la Sala Superior del TEPJF confirmó por unanimidad la sentencia de la Sala Regional del 5 de junio, y pidió archivar el expediente como “asunto total y definitivamente concluido”.

Los puntos resolutivos en sentencia firme, dicen:

“PRIMERO: El presidente de México no tiene responsabilidad en las conductas.

SEGUNDO: El Coordinador General de Comunicación Social y Vocero del Gobierno de la República (Jesús Ramírez Cuevas), es responsable de la indebida difusión del Tuit del uno de junio, en la cuenta del Gobierno de México, en periodo prohibido.

TERCERO: El Coordinador General de Comunicación Social y Vocero del Gobierno de la República (Jesús Ramírez Cuevas), es responsable de la indebida difusión de propaganda gubernamental el dos de junio, en la cuenta de YouTube del Gobierno de México, en veda.

CUARTO: Se comunica esta sentencia al Presidente de México.”

Esta historia no termina aún, porque han transcurrido más de 2 meses desde que el presidente López Obrador fue notificado de la sentencia que le mandata a aplicar una sanción a su vocero, y no lo ha cumplimentado.

lo asentado en el documento, n”, dice la sentencia de la Sala Superior del TEPJF.e redes sociales del gobierno.

s, y no federale“Está en desacato”, reitera el representante del PAN ante el Instituto Nacional Electoral (INE), Víctor Hugo Sondón.

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Desechó el Tribunal Electoral todos alegatos de Jesús Ramírez

Jesús Ramírez Cuevas sanción tribunal electoral incumplió veda electoral

• El expediente fue archivado como “asunto total y definitivamente concluido”

• Argumentó que el internet no tiene difusión indiscriminada automática

• Es constitucional la sanción que le aplicaron

 

ALEJANDRO LELO DE LARREA / TERCERA DE CUATRO PARTES

El pasado 10 de julio, apenas cinco días después de que la Sala Regional Especializada del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) resolvió el caso SUP-REP-109/2019, un “Procedimiento Especial Sancionador” en contra del “Coordinador General de Comunicación Social y Vocero del Gobierno de la República”, Jesús Ramírez Cuevas, éste interpuso un recurso de revisión ante la Sala Superior de ése órgano jurisdiccional.

(Ver primera parte)

(Ver segunda parte)

En sus alegatos (técnicamente llamados agravios), divididos en seis temas, Ramírez Cuevas refirió que el video por el cual fue sancionado no tuvo una difusión indiscriminada, porque no considera como tal el impacto de las redes sociales. Y rechazó que fuese propaganda gubernamental el tuit con el que se determinó que violó la veda electoral.

También argumentó la inconstitucionalidad de la condena, porque el artículo en que se fundamentó no prevé una sanción específica, y alegó que la Sala Regional Especializada estuviera facultada para juzgar el hecho, por tratarse de elecciones estatales, y no federales.

Se solicitó entrevista con Jesús Ramírez para que ofreciera su versión al respecto, pero no hubo respuesta. Tampoco en el caso de la Consejería Jurídica de la Presidencia de la República, instancia encargada de la defensa del vocero en este caso.

A continuación, uno a uno los principales agravios planteados en el recurso de revisión y la sentencia definitiva de la Sala Superior del TEPJF (de la cual se obtuvo copia), emitida el pasado 25 de septiembre, en la que confirmó la resolución de primera instancia, de la Sala Regional Especializada.

 

Internet no tiene difusión indiscriminada automática

El vocero presidencial argumentó que “la simple colocación de contenido en una página de internet no tiene una difusión indiscriminada o automática, al tratarse de un medio de comunicación pasivo, es decir, el internet no permite un acceso espontáneo, sino que requiere de diversos mecanismos, lo que impide una difusión automática como ocurre con la radio y televisión —acto volitivo—“

Con ello, puso en duda que con la mera publicación “se logró hacer llegar información gubernamental a un número indeterminado de personas, que podían ser también en alguna medida, electores potenciales, durante la veda electoral”.

Sin embargo, el TEPJF consideró que tales argumentos “resultan infundados, a pesar de la voluntad requerida por las personas para acceder a las publicaciones denunciadas. Para la Sala Superior, ello es un argumento irrelevante, en tanto que, como se precisó, lo trascendente para analizar la infracción constitucional y legal es el hecho de que se difundió propaganda durante una temporalidad prohibida”.

 

Sí fue propaganda gubernamental

La Sala Superior definió con precisión lo que significa el periodo de veda electoral en el cual se difundieron el tuit y el video, y que el artículo 41 Constitucional establece la prohibición para difundir en esta etapa, en los medios de comunicación social, toda propaganda gubernamental.

“Se precisa que las únicas excepciones serán las campañas de información de las autoridades electorales, las relativas a servicios educativos y de salud, o las necesarias para la protección civil en casos de emergencia”, dice en la resolución.

También definió que la propaganda gubernamental es aquella “cuyo contenido esté relacionado con informes, logros de gobierno, avances o desarrollo económico, social, cultural o político, o beneficios y compromisos cumplidos”.

Con estos argumentos, el Tribunal determinó que tanto el tuit como el video sí fueron propaganda gubernamental.

 

El tinte propagandístico del Tuit

Sobre el tuit difundido desde la cuenta oficial del Gobierno de México el 1 de junio, en que se habla del inicio de la transformación de la vida pública del país, en alusión a la toma de protesta de Andrés Manuel López Obrador, el 1 de diciembre de 2018, como Presidente de México, el TEPJF resolvió:

“No se trata de genuina propaganda gubernamental, porque su finalidad no fue transmitir algún logro o acción de gobierno en particular.”

Continúa: “Sin embargo, adquiere tal tinte esencialmente porque se difundió en medio del proceso electoral en seis entidades federativas y el resto del territorio nacional, y precisamente porque fue en una red social, a solo un día que se llevara cabo la jornada.”

Establece que los servidores públicos deben tutelar los principios de neutralidad e imparcialidad en el uso de los recursos oficiales que estén bajo su responsabilidad.

“Por lo cual, en el caso, se usó un recurso público virtual… entonces, este tipo de interacción con la ciudadanía en esa vía institucional no se justifica y no es razonable, pues no respetó el periodo de reflexión”.

Y remata: “Por tanto, el tuit en la cuenta @GobiernoMX fue indebido porque puso en riesgo los principios rectores de las elecciones locales que transcurrían”.

 

El video sí tuvo impacto nacional

Sobre el video del 2 de junio, día de la elección, se confirmó que lo difundió el Gobierno de México, Y en él “se dio a conocer a la ciudadanía logros y programas de gobierno porque, claramente, el ‘Inicio de los trabajos de la refinería de Dos Bocas, desde Paraíso, Tabasco’, tiene esas características; quienes hablaron en esa inauguración, enfatizaron que era parte de la implementación del Proyecto de Nación en materia de auto sustentabilidad y seguridad energética del país… lo cual resulta ser propaganda gubernamental”.

Se precisó que el evento se realizó físicamente en Paraíso, Tabasco, donde no había un proceso electoral (hubo comicios en Durango, Tamaulipas, Baja California Sur, Puebla, Quintana Roo y Aguascalientes).

Sin embargo, por la forma de difusión en YouTube, el sitio donde se llevó a cabo “no es determinante, porque el impacto y trascendencia de comunicación a través del internet amplía enormemente el rango y alcance, por lo que la difusión alcanzó los seis estados con proceso electoral local y el resto del territorio nacional”.

Sigue: “El Coordinador de Comunicación Social no podía ignorar el posible riesgo o efecto colateral que podía tener el uso de las tecnologías de información y comunicación. De ahí que debió implementar las acciones tendentes a cumplir y darle lógica a los límites constitucionales y legales, en esta nueva realidad digital; es decir, no difundir propaganda gubernamental vía canales virtuales institucionales, en veda”.

Advierte que por la manera en que se difundió la “propaganda gubernamental en la cuenta oficial de YouTube del Gobierno de México, como parte de los recursos públicos que dispone para el desempeño de sus actividades, es que la Sala Especializada estimó que la transmisión del video no era razonable ni se encontraba justificada”.

En consecuencia, determinó que el Coordinador General de Comunicación Social y Vocero de la Presidencia de la República “no guardó mesura en el uso de esos recursos públicos virtuales, como canales de información de los que dispone; por tanto, vulneró las disposiciones constitucionales y legales, y trastocó los principios de equidad e imparcialidad, en la medida que es una conducta que pudo afectar el adecuado desarrollo de las contiendas”.

En este tema, los magistrados puntualizaron que Ramírez Cuevas “conocía las limitaciones sobre la transmisión de propaganda en los periodos prohibidos, porque él expidió el Acuerdo donde se establece la Política de Comunicación Social del Gobierno Federal, que obliga a las dependencias y entidades de la administración pública federal, en los procesos electorales a no difundir propaganda gubernamental”.

 

Vista al superior jerárquico

Ramírez Cuevas solicitó la inaplicación artículo 457 de la Ley Electoral, porque dijo que en éste no existe sanción exactamente aplicable a la supuesta infracción cometida, en contravención de los principios de legalidad y de reserva de ley.

“El recurrente parte de una premisa incorrecta”, porque la norma legal cuestionada… establece que “la consecuencia jurídica es la vista al superior jerárquico por el incumplimiento de obligaciones o prohibiciones del propio sistema electoral, acreditados en los procedimientos administrativos…”

La Sala Superior ratificó la Constitucionalidad del referido artículo, luego de que el vocero solicitó que se pronunciara al respecto.

 

Competencia Federal

Ramírez Cuevas también alegó que por tratarse de comicios estatales, la Sala Regional Especial, órgano federal, no tenía competencia legal para conocer y sancionar la queja interpuesta por el PAN ante el INE el 2 de junio, y que en todo caso correspondía a los órganos electorales estatales.

“…Al momento de existir posibles conductas infractoras de la normatividad en la materia, que tengan un impacto en diversos procesos electorales en curso, como en el presente caso acontece, está justificado que la autoridad administrativa nacional conozca del procedimiento sancionador que sea instaurado”, resolvió la Sala Superior.

El argumento de lo anterior en la sentencia: “Si la posible infracción denunciada tiene repercusión en más de una entidad federativa, la competencia para sustanciar los procedimientos sancionadores se surte a favor de la autoridad administrativa nacional… con la resolución posterior que dicte la Sala Regional Especializada de este Tribunal Electoral”.

Con ello, desacreditaron el argumento de Ramírez Cuevas, en el sentido de que los hechos denunciados ocurrieron en la Ciudad de México y en Tabasco. Si se hubiese tratado de propaganda en radio y/o televisión, sí habría sido competencia de los órganos electorales estatales. Pero no fue el caso, concluyó el TEPJF.

 

Sentencia confirmada

Así, el 25 de septiembre, la Sala Superior del TEPJF confirmó por unanimidad la sentencia de la Sala Regional del 5 de junio, y pidió archivar el expediente como “asunto total y definitivamente concluido”.

Los puntos resolutivos en sentencia firme, dicen:

“PRIMERO: El presidente de México no tiene responsabilidad en las conductas.

SEGUNDO: El Coordinador General de Comunicación Social y Vocero del Gobierno de la República (Jesús Ramírez Cuevas), es responsable de la indebida difusión del Tuit del uno de junio, en la cuenta del Gobierno de México, en periodo prohibido.

TERCERO: El Coordinador General de Comunicación Social y Vocero del Gobierno de la República (Jesús Ramírez Cuevas), es responsable de la indebida difusión de propaganda gubernamental el dos de junio, en la cuenta de YouTube del Gobierno de México, en veda.

CUARTO: Se comunica esta sentencia al Presidente de México.”

 

El contexto

En el expediente de la causa SUP-REP-109/2019, del cual se tiene copia, consta que el pasado 2 de junio, día de las elecciones en seis entidades, el PAN presentó una queja ante el INE, porque a través de medios de comunicación del Gobierno de México, Twitter y YouTube, se publicó lo que consideró propaganda gubernamental.

Refieren UN TUIT  y UN VIDEO en YouTube. El 1 de junio, relativo al triunfo electoral que obtuvo Morena en el proceso electoral de 2018. Y el 2 de junio, el inicio de los trabajos para la construcción de la refinería “Dos Bocas”, en Paraíso, Tabasco.

Los días 1 y 2 de junio comprendieron el periodo de reflexión, de veda electoral, porque ese 2 de junio hubo comicios estatales para diputados y alcaldes en Aguascalientes, Durango, Quintana Roo y Tamaulipas, y para gobernador en Baja California y Puebla.

Esa queja del PAN fue resuelta el 5 de julio por parte de la instancia a la cual fue turnada por el INE: la Sala Regional Especializada del TEPJF. En su sentencia, consideró: “Jesús Ramírez Cuevas es responsable de la indebida difusión del Tuit del uno de junio en la cuenta del Gobierno de México, así como por la indebida difusión de propaganda gubernamental el dos de junio, en la cuenta YouTube del Gobierno de México”.

El 10 de julio, la Presidencia de la República presentó un recurso de revisión del procedimiento especial sancionador contra Ramírez Cuevas, que fue turnado a la ponencia de la magistrada Janine M. Otálora Malassis (quien por cierto el 8 de agosto de 2018 entregó en mano propia a López Obrador su constancia como presidente electo).

El 25 de septiembre pasado, por unanimidad de seis votos (no asistió la magistrada Mónica Aralí Soto Fregoso), la Sala Superior del TEPJF confirmó sentencia impugnada por la Presidencia de la República, con lo cual quedó firme, (definitiva e inatacable) la resolución de primera instancia de la Sala Regional Especializada, en la que ordena al presidente López Obrador lleve a cabo el procedimiento sancionador, en contra de su vocero, Jesús Ramírez Cuevas, por violar la veda electoral.

En sus alegatos, Jesús Ramírez Cuevas, planteó que él no fue autor material del tuit ni del video en cuestión, y que en todo caso debía sancionarse a quien los emitió.

Mañana, el último capítulo de esta historia.

 

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