Los padres de familia acusan protección a César Hernández, quien para esas fechas se desempeñaba como director de Protección Civil de la entonces delegación gobernada por la científica; ambos, acusan, debieron haber rendido cuentas por las negligencias administrativas del caso.


Ciudad de México, 02 enero 2021, (REDACCIÓN / CDMX MAGACÍN).- Han pasado más de tres años del derrumbe del colegio, Enrique Rébsamen a causa del 19-S y hasta el momento no se ha hecho justicia completamente, reclaman padres de los pequeños fallecido, pues argumentan que el encarcelamiento de Mónica García Villegas debe complementarse con el procesamiento de autoridades locales que permitieron las irregularidades en la construcción colapsada, algunas de ellas, cercanas a Claudia Sheinbaum.

De acuerdo con el portal Latinus, los padres de familia acusan protección a César Hernández, quien para esas fechas se desempeñaba como director de Protección Civil de la entonces delegación gobernada por la científica; ambos, acusan, debieron haber rendido cuentas por las negligencias administrativas del caso.

«Entendemos que hay una protección, hay un paraguas para todos ellos en la actualidad, pues al pertenecer al mismo partido, al pertenecer a la misma entidad política de la cual devinieron; pues obviamente deben tener una protección», menciona el abogado, Enrique Fuentes en un video presentado por el referido medio.

Fuentes Ladrón de Guevara, lamentó además que a la fecha no haya funcionarios responsables, «ni administrativamente, ni penalmente»; además que tampoco se conoce el status que guardan las carpetas de investigación.

Desde el principio, lamentan por su parte los familiares, se ha hecho lo posible para que no se alcance la justicia; se ocultó documentación y se planteó lo que calificaron como «mentira histórica» al asegurar que la construcción del colegio estaba en regla.

El perito, Hilario Benítez, refirió por su parte que se detectó un sobre peso superior a las 220 toneladas, además de tuberías de fierro fundido obsoletas que en lugar de sustituirse, se ocultaron con mayor peso; así como el departamento que se edificó sobre la construcción.

Otra omisión grave fue la adaptación que conectaba los edificios, que consistió en la eliminación de muros de colindancia e intermedios para que los alumnos circularan por debajo de toda el complejo, «únicamente se construyó un arco estructural», explicó Benítez Benítez en el mismo video.

En esa parte también se construyó una escalera, donde vino el colapso, «al momento de que el desalojo de alumnos se daba por ese lado, los conducía directamente a una trampa», ilustró el perito.

Una vez que se acredite la responsabilidad de los DRO que avalaron las obras se podrá tener más claridad sobre el grado en que se pude involucrar a los servidores públicos, confían los abogados, al referir que se puede consignar el delito de homicidio doloso pues tenían conocimiento de lo que se autorizaba.

David Polanco

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