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Muñiz y Tapia, los operadores de la ‘guerra sucia’ de Sanjuana desde Notimex

Muñiz y Tapia, los operadores de la guerra sucia de Sanjuana desde Notimex

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• Siempre actuaron bajo las órdenes de Sanjuana Martínez, directora de la Agencia

• Tapia sigue siendo cómplice, pues no ha dicho todo lo que sabe de las campañas negras

Alejandro Lelo de Larrea

El principal operador de la guerra sucia de Notimex contra periodistas, con recursos públicos y bajo las órdenes de Sanjuana Martínez, no hay duda, es el todavía director de Información Internacional, Erick Muñiz.

Pero hay otro individuo que siempre fue el brazo derecho de Muñiz y que ahora se quiere hacer pasar como el bueno de la película. Pero no lo es. Se trata de Marco Antonio Tapia Figueroa, subdirector de Tecnología en la Agencia.

Tapia fue siempre ejecutor de las instrucciones de Muñiz (ambos manejaban el chat de Whatsapp Avengers) en la guerra sucia en redes sociales contra periodistas, ex trabajadores, sindicalistas y ex directivos de la Agencia. Todo, por supuesto, ilegal.

Hay una grabación de audio en mi pode, que prueba tal aseveración. Es una reunión el 19 de febrero, en la que dialogan Muñiz y Tapia sobre lo que se debe postear como parte de la campaña negra en Twitter, contra de quien esto escribe. Hay cuatro testigos que corroboran es la voz de Muñiz y Tapia, y dos más los ubican en tiempo, modo, lugar y circunstancia en una oficina de Notimex en Baja California 200, dos días antes que estallara la huelga.

Muñiz y Tapia son tan viles en lo que se les escucha decir en esa grabación, que se atreven a difamar a una difunta, a alguien que ya no puede defenderse. Una de las peores bajezas. Ese es su nivel de pobreza, de miseria humana.

En el tuit a continuación lo denuncié el pasado 6 de marzo. He sufrido en carne propia esa guerra sucia y amenazas desde Sanjuana hasta Tapia, pasando por Muñiz. Por ello me adhirieron al Mecanismo de Protección de Periodistas de la Secretaría de Gobernación. Los tres tienen varias cuentas pendientes con la justicia.

 

Obtuve el currículum de Marco Antonio Tapia, el cual distribuyó hace un par de años por diversas oficinas de medios de comunicación y de prensa. Al menos dos de las empresas en que ha laborado se dedican a hacer campañas negras, sucias, desde Twitter, encubiertas como de marketing digital.

En esas mismas visitas en que Tapia buscaba empleo, también solía ofrecer servicios de campañas en redes sociales. Comentaba que, muy en secreto, podía también «darles cariño» a los críticos de un político o una dependencia. Vil guerra sucia, pues.

Tapia es un farsante ahora que en entrevista con Carmen Aristegui intentó presentarse como si hubiera roto con Sanjuana Martínez. Falso. Sigue siendo su cómplice, igual que de Muñiz. Si no lo fuera, los denunciaría abiertamente. Como casi nadie, Tapia sabe a la perfección cómo se orquestaron las campañas negras desde Notimex, con recursos públicos. Tiene que hablar, tiene que confesar, porque fue parte de ese grupo que operó como delincuencia organizada.

Tapia va a quedarse callado. Lo que ahora está haciendo es porque el barco se hunde y ha sido de los primeros en brincar. Sí, como las…

Sanjuana, Muñiz, Tapia. Los tres tienen varias cuentas pendientes con la justicia. Lo veremos.

 

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Sanjuana ya está fuera de Notimex

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• La Junta de Gobierno tomó control pleno de la Agencia

• Vienen procesos legales contra la virtual ex directora

 

Alejandro Lelo de Larrea

La muy tardía pero importante decisión unánime (7-0) de la Junta de Gobierno de Notimex de parar la operación de la Agencia es, a tal nivel una derrota política para Sanjuana Martínez, que para fines prácticos ya está fuera de la Dirección de la empresa. Y no va a regresar.

Con la Agencia frenada, Sanjuana no tiene mando. No tiene con qué atacar. Está silenciada. Anulada. Congelada. Desarmada. Inerte. No puede tomar ya decisión alguna. Ella no cuenta en las negociaciones que habrá con los huelguistas. La Junta de Gobierno (en la cual la Directora sólo tiene voz, no voto), en los hechos, ya la destituyó al dejarla sin atribuciones. Y ya le buscan relevo.

Tardó mucho el Gobierno Federal en cumplir y hacer cumplir la Ley. Permitió que se violentaran los derechos de los trabajadores durante más de 100 días, a pesar de que la autoridad federal hoy habla de la “gravedad que implica el incumplimiento al derecho de huelga”, declarada en este caso “legal y existente” desde el 4 de marzo.

La inacción del Gobierno provocó que avanzaran las arbitrariedades e ilegalidades de Sanjuana Martínez. La guerra sucia y otras patrañas con recursos públicos de la Agencia.

La emergencia sanitaria favoreció a Sanjuana Martínez. Primero, porque fue muy buena excusa para que no sesionara la Junta de Gobierno, ni siquiera de manera virtual, como lo hizo ayer. La contingencia causó bajas entre los huelguistas del Sindicato Único de Trabajadores de Notimex (SutNotimex), pero no claudicaron. A pesar de los riesgos, ahí siguen en los tres campamentos desde el 21 de febrero.

En las negociaciones entre empresa y Sindicato tampoco tendrá relevancia alguna Sanjuana Martínez. Para ello, la Junta de Gobierno designó un “comité técnico de apoyo… integrado por los representantes de las Secretarías de Educación Pública, Gobernación, Hacienda y Relaciones Exteriores”.

Dice así el acuerdo aprobado ayer: “El encargo será establecer una mesa de diálogo con la representación del sindicato huelguista, a fin de esclarecer los puntos en conflicto y buscar una vía de solución que posibilite el levantamiento de la huelga a la brevedad posible, dada la urgencia de que un medio público de información como lo es Notimex reanude sus labores con normalidad, sobre todo en el actual contexto de emergencia sanitaria”.

Los pactos a que llegue el SutNotimex con el “comité técnico de apoyo” estarán por encima de Sanjuana Martínez. Por eso, ella no va a reconocer los acuerdos que se hagan. No permitirá que se ejecuten. No habrá solución mientras ella siga en el cargo de directora. Ella es un estorbo para resolver este conflicto político-laboral.

Lo que ocurrió ya, de facto, es que Sanjuana Martínez quedó borrada. La Junta de Gobierno asumió el control pleno de Notimex. Por dignidad, ella debería renunciar. Pero no sabe qué significa ello.

 

Más ilegalidades de Sanjuana

Aunque no capitule Sanjuana Martínez, pronto habrá elementos más contundentes para destituirla. Vienen más investigaciones contra ella. La más delicada: haber utilizado recursos públicos de la Agencia para una campaña negra de difamación, injurias, amenazas, agresiones en redes sociales contra periodistas que la han criticado (entre ellos, quien esto escribe), trabajadores de la agencia, integrantes del movimiento sindical, ex directivos de la misma y hasta integrantes del Gabinete presidencial y la jefa de Gobierno de la CDMX.

Esa indagatoria va, porque además ya la han solicitado el presidente del Consejo Consultivo Editorial de Notimex, así como la organización Artículo 19, ante la Secretaría de la Función Pública y la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH).

Hay otras ilegalidades de Sanjuana. Debería ser investigada por ser presunta cómplice de usurpación de funciones. En 2019 permitió que Pedro Cámara, un diseñador de Monterrey, participara en decisiones y reuniones oficiales de la Agencia, sin tener cargo público alguno. Sanjuana lo presentaba como el “observador” de la Presidencia de la República dentro de la Agencia. (Leer reportaje 1).

De este hecho se deriva otra posible ilegalidad, que es un contrato millonario para un amigo de Pedro Cámara. Se trata de Hugo Gutiérrez (el del montaje de La Sombra allá en Monterrey), quien fue favorecido con un convenio por 1 millón 739 mil pesos, que nunca cumplió la formalidad de las firmas, pero sí se expidieron los cheques de pago. De este tema, las autoridades del Gobierno Federal se preguntan: ¿Hugo Gutiérrez se prestó para que vía ese contrato Pedro Cámara pudiera cobrar como “observador” de la Presidencia ante Notimex? (Leer reportaje 2).

También el caso de más de 2 millones de pesos que por instrucciones de Sanjuana Martínez erogó Notimex en el rediseño de su página web, con un sistema WordPress, cuyo costo no rebasaría lo 25 mil pesos, cuando mucho.

O qué decir de las reiteradas violaciones a la Ley por parte de Sanjuana Martínez, al pasar por sobre las atribuciones de la Junta de Gobierno: cambió la sede de Notimex y contrató una bodega para oficinas piratas; modificó el logotipo, hizo contrataciones de servicios, cancelaciones de contratos, como el del arrendamiento del inmueble de las oficinas principales.

Además, en menos de 6 meses, Sanjuana Martínez ya se gastó prácticamente todo el Presupuesto para 2020. Es grave el daño que le ha causado a la Agencia. Por ello, debería ser investigada y juzgada en instancias administrativas y penales, para deslindar responsabilidades. Pero a la Agencia no debe regresar.

Ahora viene el jaloneo por el control de Notimex, en el futurismo político 2024. Dos presidenciables ya están ahí.

Por un lado, Marcelo Ebrard, secretario de Relaciones Exteriores. Esta dependencia desde ayer preside la Junta de Gobierno de Notimex, a través de Roberto Velasco, vocero de la Cancillería.

Y por el otro, Ricardo Monreal, líder máximo del Senado de la República. El nombramiento de la próxima directora o director de Notimex pasa por una especie de visto bueno (llamado “no objeción”) de esa instancia Legislativa.

La disputa política por el control de Notimex para 2024 entre Ebrard y Monreal es otra historia.

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Hoy deberá frenar operaciones Notimex

Si el Gobierno que encabeza Andrés Manuel López Obrador es “4T”, y no un cuatrote, esta tarde-noche Notimex debería estar parando operaciones, para cumplir con el mandato de la Junta Federal de Conciliación y Arbitraje (JFCA), como parte de los resolutivos por la huelga “legal y legítima”, estallada por los trabajadores de la Agencia el pasado 21 de febrero.

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Veremos si López Obrador es “4T” o cuatrote

¿Seguirá el Gobierno siendo el esquirol de la huelga?

 

Alejandro Lelo de Larrea

Si el Gobierno que encabeza Andrés Manuel López Obrador es “4T”, y no un cuatrote, esta tarde-noche Notimex debería estar parando operaciones, para cumplir con el mandato de la Junta Federal de Conciliación y Arbitraje (JFCA), como parte de los resolutivos por la huelga “legal y legítima”, estallada por los trabajadores de la Agencia el pasado 21 de febrero.

A las 17:30 horas, la Junta de Gobierno de Notimex (máxima autoridad de la Agencia, conforme al artículo 12 de la Ley de Notimex) sesionará, ya con nuevo presidente (se elegirá media hora antes), para cumplir el mandato de la JFCA que le ordenó supervisar y corroborar que la empresa frene operaciones, lo que es evidente que no ha ocurrido.

Hoy en esa sesión se verá si el Gobierno Federal sigue siendo cómplice de una violación flagrante a la Ley, si continúa como el esquirol de esta huelga, o si finalmente cumple la Ley y demuestra que el país vive en un Estado de Derecho.

A 109 días de huelga ha sido evidente el silencio ominoso del Gobierno Federal frente a las ilegalidades que ha cometido Sanjuana Martínez, directora de Notimex. Han guardado silencio el presidente de la República y su equipo de trabajo en Palacio Nacional, pues han permitido el acceso de los periodistas de Notimex a las conferencias de prensa presidenciales, e incluso les han dado voz para preguntar, a pesar de la huelga. Ahí el esquirolaje.

Pero también todas las dependencias que forman parte de la Junta de Gobierno de Notimex han “callado como momias”, parafraseando a López Obrador: Gobernación, Relaciones Exteriores, Hacienda, Educación Pública, el INE. Incluso, los dos representantes del Consejo Editorial Consultivo. Todos ellos, y la misma Presidencia de la República, han guardado un silencio ominoso ante las ilegalidades de Sanjuana Martínez.

Evidentemente, Adriana Urrea, quien representa al Sindicato Único de Trabajadores de Notimex (SutNotimex) ante la Junta de Gobierno, es la única que no guardó silencio ante tanta ilegalidad y arbitrariedad. Por supuesto, los trabajadores en huelga también alzaron la voz, y fuerte.

Hoy, la Junta de Gobierno revisará a las 17:30 horas el fallo del pasado 12 de mayo, en el que le notifican se debe acatar el resolutivo de parar operaciones, e informar a la autoridad laboral sobre su cumplimiento, “a la brevedad posible”. Ya transcurrió casi un mes. Es una brevedad muy extensa, como tanto en el actual Gobierno.

En los últimos días, la directora ha pregonado, incluso con el uso faccioso de los recursos de la Agencia (notas informativas en el hilo), que posee una suspensión provisional que la libera de acatar el fallo de parar las operaciones de Notimex. Esto es falso. Lo único que obtuvo un abogado de la empresa es una suspensión para que la JFCA le otorgue garantías para preservar su salud, en el marco de la contingencia sanitaria por la COVID-19.

Es claro que Sanjuana Martínez no quiere cumplir ese laudo de frenar operaciones, pues buscó además ampararse, sin éxito, contra la multa que le debiera ya haber sido impuesta, por hasta 5 mil veces la Unidad de Medida y Actualización (vale 86.88 pesos), que equivale a 434 mil 400 pesos.

Martínez también ha buscado ampararse contra cualquier orden de arresto, sanción a que se haría acreedora en caso del reiterado desacato, después de que se le aplicara una multa.

Hoy, la Junta de Gobierno debería ordenar a Sanjuana Martínez que acate el resolutivo de la JFCA y pare operaciones. Si hay Estado de Derecho, tendría que ser unánime la votación en este sentido. Es decir, siete votos a favor. Quizás haya una abstención, la del SutNotimex, para no incurrir en conflicto de interés.

Si Sanjuana Martínez no acatara una resolución de su máxima autoridad, la Junta de Gobierno, en los próximos días podría ser incluso destituida, pues este máximo órgano de dirección tiene las atribuciones para removerla, conforme a lo estipulado en el artículo 12 de la Ley que Crea la Agencia de Noticias del Estado Mexicano (Ley de Notimex).

El cierre de operaciones de Notimex consiste en que no se suba ni una nota más al portal de noticias, tampoco a sus canales de redes sociales, que los reporteros dejen de asistir a las coberturas periodísticas, y que se cierren todas sus oficinas.

Esto incluye a la oficina pirata que puso Sanjuana Martínez en la calle de África #8, donde opera desde hace 2 meses en una bodega, en contra incluso de las medidas de salubridad decretadas por la contingencia COVID-19.

Si el país vive en un Estado de Derecho, Notimex tiene que parar operaciones hoy mismo para ya respetar la huelga que durante 109 días ha sido pisoteada por la directora de Notimex, Sanjuana Martínez, con el silencio cómplice del Gobierno Federal.

Así, hoy se verá si el Gobierno de López Obrador es “4T” o cuatrote.

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Oscuro individuo de Quintana Roo encabeza ‘guerra sucia’ contra Gildo Garza

Gildo Garza CNDH

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Alejandro Lelo de Larrea

Es claro de dónde proviene la grilla barata y guerra sucia que han emprendido en contra del nombramiento de Gildo Garza Herrera, como director general del Programa de Agraviados de la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH), que preside Rosario Piedra Ibarra.

El orquestador de todo es un oscuro individuo de Quintana Roo, que se hace pasar por periodista, pero más bien se dedica a intentar lucrar con la desgracia de los verdaderos periodistas desplazados. Y lo peor, a quienes no lo apoyan, les arma campañas verdaderamente negras, sucias, marranas, en redes sociales, a grado de falsificar documentación oficial. Hay un cúmulo de denuncias en su contra, por este y otros presuntos ilícitos.

Para esta grilla barata, este individuo utiliza a una organización de periodistas, la cual se ha quejado ante la CNDH, por el nombramiento de Gildo Garza, sólo porque éste no ha querido apoyar a ese oscuro individuo en sus negocios truculentos.

Si la CNDH ya designó a Gildo Garza, los colegas tendríamos que darle apoyo, o por lo menos el beneficio de la duda, pues se trata de una víctima de agresiones por su labor periodística, quien en otros momentos ha sido sensible y solidario con los comunicadores en circunstancias difíciles.

De entrada confío en que Gildo Garza va a cumplir con su labor al frente del Programa de Agraviados de la CNDH. Y si no cumple, yo seré el primero en criticarlo y denunciarlo.

 

 

 

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Escenarios de la sanción al vocero Jesús Ramírez

Los escenarios de la sanción a Jesús Ramírez, el vocero presidencial de López Obrador

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• ¿López Obrador actuará como político tradicional o será diferente?


Alejandro Lelo de Larrea

En las campañas presidenciales de 2012, la candidata del partido en el poder, Josefina Vázquez Mota, se quejó con el entonces presidente Felipe Calderón, que su vocera Alejandra Sota, estaba interviniendo ilegalmente en el proceso electoral… ¡en su contra!

La candidata panista acusó que el entonces Secretario de Seguridad Pública, Genaro García Luna, grababa sus llamadas telefónicas, y la vocera se encargaba de filtrarlas a los medios de comunicación. Vázquez Mota se refería a ella como “la pinche Sota”, expresión que ya forma parte del anecdotario político mexicano.

Omiso e irresponsable como en tantas cosas que causaron graves daños al país, Calderón no frenó a su vocera. La dejó que continuara violando las normas electorales, también para perjudicar al candidato de las izquierdas en 2012, Andrés Manuel López Obrador.

Hoy López Obrador presidente se encuentra en una disyuntiva: actuar como político tradicional, igualito que Calderón, o demostrar que la llamada “4T” es un cambio real, que no es más de lo mismo, y que no va a permitir que se usen las instituciones de su Gobierno impunemente con fines electorales.

El 30 de diciembre López Obrador dará cumplimiento a la sentencia definitiva del pasado 25 de septiembre del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, (TEPJF) que le ordenó sancionar a su vocero presidencial, porque violó la veda electoral en el marco de los comicios del pasado 2 de junio, “al difundir propaganda gubernamental en periodo prohibido”, dice el resolutivo.

Cuatro escenarios

Hay cuatro escenarios posibles para el desenlace de la sanción al vocero presidencial:

El primero: Aunque suene irónico, burlesco, que la sanción a Ramírez Cuevas sea sólo “acusarlo con su abuelita”. Es decir, ¡nada! Que el Órgano Interno de Control de la Presidencia de la República utilice algún argumento leguleyo para soslayar el castigo.

Ello sería un terrible mensaje de la administración lopezobradorista: la señal de que da permiso a su vocero, a su Gabinete, a todos en el Gobierno de la supuesta “4T” para incumplir las normas electorales. O sea, manga ancha para que incurran en las mismas prácticas fraudulentas que padeció el propio López Obrador en las elecciones de 2006 y 2012.

Este primer escenario es el más probable.

El segundo escenario: que la sanción a Ramírez Cuevas sea ínfima: una simple amonestación, una especie de simulación de que se actúa en consecuencia ante el incumplimiento de las normas electorales.

Un resolutivo así sería además una gran falta de congruencia: si la “4T” convirtió en graves los delitos electorales, lo razonable es que sancione al vocero presidencial, Jesús Ramírez Cuevas, con al menos la destitución.

Pero precisamente coherencia es lo que ha faltado a la actual administración. Ahí está el caso de Manuel Bartlett, exonerado aunque había firmes evidencias para sancionarlo.

Este segundo escenario es también altamente probable.

El tercer escenario: que se aplique una sanción ejemplar a Ramírez Cuevas. Por lo menos su destitución. E incluso, eventualmente su inhabilitación temporal para ocupar cargos en el servicio público y hasta una multa.

Ésta sí sería una señal clara, inequívoca, de que López Obrador da un manotazo en la mesa para advertir a quien fuere su vocero, a los voceros de todas las dependencias, a todos los funcionarios públicos, secretarios, subsecretarios y de todos los niveles, de que no va a tolerar ni el más mínimo fraude electoral.

Ello sí sería congruente con la reforma que impulsó para convertir en graves los delitos electorales, y con el supuesto cambio que representa la “4T”.

Este tercer escenario es muy poco probable.

El cuarto escenario es que el propio Jesús Ramírez haya entendido lo delicado del error que cometió al infligir las leyes electorales y el daño que su indebida conducta puede ocasionar a la “4T”. Y que en esta reflexión de lucidez excepcional, el vocero decidiera presentar su renuncia a más tardar este 29 de diciembre.

Su dimisión causaría el sobreseimiento de la sentencia del TEPJF, pues al ya no ocupar el cargo de vocero, quedaría sin materia el mandamiento jurisdiccional. En este escenario, Ramírez Cuevas se libraría de una negra mancha en su expediente, de cuasi delincuente electoral.

Y hasta eventualmente en el futuro podría ser compensado por el presidente López Obrador.

Este cuarto escenario es remotamente posible.

Ahí los cuatro caminos para el presidente, cuya resolución no sólo implica el destino de un alto funcionario de la Presidencia, sino un mensaje de fondo, una definición del Gobierno de la “4T” y de López Obrador: va a actuar como político tradicional, o va a demostrar que hay un cambio verdadero.

Lo sabremos el 30 de diciembre, fecha en que de acuerdo con Jesús Ramírez habrá de conocerse la determinación del Órgano Interno de Control de la Presidencia.

LEE TODA LA HISTORIA:  (PRIMERA PARTE)   (SEGUNDA PARTE)   (TERCERA PARTE)   (CUARTA PARTE)   REACCIONES

DESCARGA EL EXPEDIENTE COMPLETO DE LA SANCIÓN A JESÚS RAMÍREZ CUEVAS (SUP-REP-0109-2019)

 

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La Ley que la 4T ha negado a los indígenas

Adelfo Regino no hay ley para consulta indígena

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Alejandro Lelo de Larrea

El presidente Andrés Manuel López Obrador se jacta de que en su gobierno, como nunca antes, los pueblos originarios tienen una atención especial. Lo califica como “saldar la deuda histórica”, con estos grupos sociales, también llamados comunidades indígenas.

Cierto, en algunos rubros como la pensión de adultos mayores, se las otorga a los 65 años de edad, y no a los 68 como a “los mestizos”. Sí, así los llamó el sábado en un mitin en Nayarit. Por cierto, la expresión provocó revuelo en redes sociales, pues por utilizar tal término lo acusaron de racista, así como por diferenciar la entrega de este beneficio social.

Sin embargo, López Obrador es contradictorio en cuanto a la sensibilidad con los grupos indígenas. Hay dos hechos concretos:

Primero: han transcurrido casi 11 meses desde que anunció el proyecto del Tren Maya (en Palenque, Chiapas, el 17 de diciembre del año pasado, cuando le pidió permiso a la madre tierra para construirlo), y apenas el viernes convocó a la consulta indígena en las comunidades que se verán afectadas con la obra.

Segundo: la consulta tuvo que ser convocada con un PROTOCOLO, porque pese a que ha transcurrido casi un año de su gobierno, y más de 14 meses que inició la Legislatura con mayoría aplastante de diputados y senadores de la 4T, no crearon una Ley Reglamentaria del Artículo 2 de la Constitución, en el cual se contempla preguntar a las comunidades indígenas sobre obras que les causen un impacto.

Esto lo evidenció el pasado viernes Adelfo Regino, titular del Instituto Nacional de los Pueblos Indígenas (INPI), durante la conferencia de prensa presidencial, en que se anunció la consulta a las comunidades indígenas.

¿En qué Ley secundaria? (se basó la referida consulta indígena, se le preguntó a Adelfo Regino).

“En México no tenemos una legislación secundaria sobre el tema de la consulta indígena, es algo que estamos trabajando.

“Hoy, ante la ausencia de este marco normativo, lo que hemos es un protocolo de consulta. Este protocolo lo podrán consultar en unos momentos más en la página del Gobierno de México y ahí podrán ustedes, sin duda alguna tener toda la información en la materia”.

Ante ello, el llamado “Proceso de Consulta Indígena y Jornada de Ejercicio Participativo Ciudadano sobre el Proyecto de Desarrollo Tren Maya”, fue fundado y motivado, de acuerdo con la explicación de Regino (también a pregunta expresa) en el artículo sexto del Convenio 169 de la OIT, en el cual se establece que al tomarse alguna medida administrativa o legislativa relacionada con pueblos y comunidades indígenas, deberá realizarse un proceso de consulta libre, previa e informada.

También se basaron en el artículo 2 de la Constitución federal, que “establece el derecho de libre determinación y de participación de nuestros pueblos y de nuestras comunidades”, expuso Regino.

Pero con fundamento en un Protocolo, no con una Ley secundaria sobre Consulta Indígena, que la 4T le ha negado a los pueblos originarios.

Por cierto, la consulta está amañada. El Gobierno Federal será juez y parte. Y la convocó deliberadamente antes de que entre en vigor la reforma Constitucional al artículo 35, que facilita al ciudadano solicitar una consulta ciudadana.

Pero esa es otra historia, de la cual daremos cuenta en la siguiente entrega de esta columna.

 

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AMLO arrebata al ciudadano la revocación

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Alejandro Lelo de Larrea

Ayer, el presidente Andrés Manuel López Obrador festinó la aprobación, en la Cámara de Diputados (previamente se avaló en el Senado), de las reformas Constitucionales que permiten la revocación de mandato, facilitan las consultas ciudadanas y posibilitan juzgar al presidente en turno por corrupción, fraude electoral e incluso delitos que no sean graves.

Sin embargo, en su afán festivo, López Obrador exhibió un talante autoritario. Incurrió en dos descuidos de forma, pero que pueden ser de fondo: dio por hecho que las reformas están consumadas, cuando aún falta que el Constituyente Permanente las avale. Que al menos 17 de los 32 Congresos Estatales aprueben esta minuta turnada por los diputados federales desde el mismo martes que la aprobaron.

Así lo dijo ayer el presidente en su mañanera: “Yo quiero dar a conocer que ayer la Cámara de Diputados aprobó dos reformas a la Constitución muy importantes”.

Seguramente López Obrador da por hecho que el Constituyente Permanente aprobará las reformas constitucionales, porque Morena tiene mayoría en 20 de los 32 Congresos estatales. Pero de cualquier manera, el trámite no ha transcurrido.

La segunda falta de López Obrador: se adjudicó atribuciones que de ninguna manera le otorgan en la reforma Constitucional, en específico para la revocación de mandato. ¡Hasta le puso fecha para llevarla a cabo! Si, lo hizo, aunque a él no le corresponde convocarla, sino a los ciudadanos y ciudadanas.

“La otra reforma muy importante es el que pueda juzgarse al presidente en funciones con la aplicación del método de la revocación del mandato. Esto es importantísimo”, expresó el primer mandatario ayer.

Siguió: “Se va a poder consultar a los ciudadanos después de tres años. En mi caso esta consulta va a realizarse en marzo del 2022, y me gustaría que fuese el 21 de marzo del 2022. Se va a preguntar si se quiere que continúe el presidente o que renuncie, el mismo día; hay que buscar nada más que sea un domingo, yo creo que ya podríamos saber… el 21 de marzo, sábado (que más bien caerá lunes), es buen día”, dijo.

Revocación, atribución ciudadana

Lo aprobado por los diputados establece que la revocación de mandato será “convocada por el Instituto Nacional Electoral (INE), a petición de los ciudadanos y ciudadanas”. Al menos deberán solicitarlo el 3 por ciento de los inscritos en la lista nominal de electores, que hoy tiene poco más de 90 millones de personas. Es decir, se requerirían alrededor de 2 millones 700 mil firmas. Pero además, que incluya a por lo menos 17 entidades federativas.

La reforma en proceso, enviada al Constituyente Permanente, además, indica que la revocación se podrá solicitar sólo una ocasión, y durante los tres meses posteriores a la conclusión del tercer año del periodo Constitucional. Es decir, se convocaría entre diciembre de 2021 y febrero de 2022.

El procedimiento sería que una vez que el INE reciba la solicitud, tendrá un plazo de 30 días para verificar que se hayan cubierto los requisitos. Y de inmediato emitirá la convocatoria. La consulta se realizaría el domingo siguiente a los 90 días posteriores a la convocatoria, y en fecha no coincidente con las jornadas electorales, federal o locales.

Sí le cuadran los tiempos al presidente para que sea en marzo de 2022 pero no le corresponde a él ni siquiera solicitarlo. Es atribución exclusiva de los ciudadanos y ciudadanas solicitarla, sin que siquiera sea obligatorio, aunque López Obrador lo da por hecho. O sea, que va manipular a la población para que hagan tal petición.

El resultado de la revocación de mandato será vinculatorio, es decir, de aplicación obligatoria, sólo si participa al menos el 40% de la Lista Nominal: unos 36 millones de personas, de acuerdo con la composición actual de esa base de datos. Y sólo procederá si la mayoría absoluta votó a favor de dicha revocación.

Al final, en su mañanera, López Obrador volvió a pasar por alto al Constituyente Permanente, porque tampoco ha aprobado otra modificación a la Carta Magna. “También es importantísimo el que se haya aprobado la reforma al artículo 108 de la Constitución, para que el presidente de la República pueda ser juzgado por todos los delitos…”

Así, “en política, la forma es fondo”, frase acuñada por Jesús Reyes Heroles, que por cierto suele citar esporádicamente el presidente López Obrador.

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