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La Ley que la 4T ha negado a los indígenas

Adelfo Regino no hay ley para consulta indígena

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Alejandro Lelo de Larrea

El presidente Andrés Manuel López Obrador se jacta de que en su gobierno, como nunca antes, los pueblos originarios tienen una atención especial. Lo califica como “saldar la deuda histórica”, con estos grupos sociales, también llamados comunidades indígenas.

Cierto, en algunos rubros como la pensión de adultos mayores, se las otorga a los 65 años de edad, y no a los 68 como a “los mestizos”. Sí, así los llamó el sábado en un mitin en Nayarit. Por cierto, la expresión provocó revuelo en redes sociales, pues por utilizar tal término lo acusaron de racista, así como por diferenciar la entrega de este beneficio social.

Sin embargo, López Obrador es contradictorio en cuanto a la sensibilidad con los grupos indígenas. Hay dos hechos concretos:

Primero: han transcurrido casi 11 meses desde que anunció el proyecto del Tren Maya (en Palenque, Chiapas, el 17 de diciembre del año pasado, cuando le pidió permiso a la madre tierra para construirlo), y apenas el viernes convocó a la consulta indígena en las comunidades que se verán afectadas con la obra.

Segundo: la consulta tuvo que ser convocada con un PROTOCOLO, porque pese a que ha transcurrido casi un año de su gobierno, y más de 14 meses que inició la Legislatura con mayoría aplastante de diputados y senadores de la 4T, no crearon una Ley Reglamentaria del Artículo 2 de la Constitución, en el cual se contempla preguntar a las comunidades indígenas sobre obras que les causen un impacto.

Esto lo evidenció el pasado viernes Adelfo Regino, titular del Instituto Nacional de los Pueblos Indígenas (INPI), durante la conferencia de prensa presidencial, en que se anunció la consulta a las comunidades indígenas.

¿En qué Ley secundaria? (se basó la referida consulta indígena, se le preguntó a Adelfo Regino).

“En México no tenemos una legislación secundaria sobre el tema de la consulta indígena, es algo que estamos trabajando.

“Hoy, ante la ausencia de este marco normativo, lo que hemos es un protocolo de consulta. Este protocolo lo podrán consultar en unos momentos más en la página del Gobierno de México y ahí podrán ustedes, sin duda alguna tener toda la información en la materia”.

Ante ello, el llamado “Proceso de Consulta Indígena y Jornada de Ejercicio Participativo Ciudadano sobre el Proyecto de Desarrollo Tren Maya”, fue fundado y motivado, de acuerdo con la explicación de Regino (también a pregunta expresa) en el artículo sexto del Convenio 169 de la OIT, en el cual se establece que al tomarse alguna medida administrativa o legislativa relacionada con pueblos y comunidades indígenas, deberá realizarse un proceso de consulta libre, previa e informada.

También se basaron en el artículo 2 de la Constitución federal, que “establece el derecho de libre determinación y de participación de nuestros pueblos y de nuestras comunidades”, expuso Regino.

Pero con fundamento en un Protocolo, no con una Ley secundaria sobre Consulta Indígena, que la 4T le ha negado a los pueblos originarios.

Por cierto, la consulta está amañada. El Gobierno Federal será juez y parte. Y la convocó deliberadamente antes de que entre en vigor la reforma Constitucional al artículo 35, que facilita al ciudadano solicitar una consulta ciudadana.

Pero esa es otra historia, de la cual daremos cuenta en la siguiente entrega de esta columna.

 

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AMLO arrebata al ciudadano la revocación

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Alejandro Lelo de Larrea

Ayer, el presidente Andrés Manuel López Obrador festinó la aprobación, en la Cámara de Diputados (previamente se avaló en el Senado), de las reformas Constitucionales que permiten la revocación de mandato, facilitan las consultas ciudadanas y posibilitan juzgar al presidente en turno por corrupción, fraude electoral e incluso delitos que no sean graves.

Sin embargo, en su afán festivo, López Obrador exhibió un talante autoritario. Incurrió en dos descuidos de forma, pero que pueden ser de fondo: dio por hecho que las reformas están consumadas, cuando aún falta que el Constituyente Permanente las avale. Que al menos 17 de los 32 Congresos Estatales aprueben esta minuta turnada por los diputados federales desde el mismo martes que la aprobaron.

Así lo dijo ayer el presidente en su mañanera: “Yo quiero dar a conocer que ayer la Cámara de Diputados aprobó dos reformas a la Constitución muy importantes”.

Seguramente López Obrador da por hecho que el Constituyente Permanente aprobará las reformas constitucionales, porque Morena tiene mayoría en 20 de los 32 Congresos estatales. Pero de cualquier manera, el trámite no ha transcurrido.

La segunda falta de López Obrador: se adjudicó atribuciones que de ninguna manera le otorgan en la reforma Constitucional, en específico para la revocación de mandato. ¡Hasta le puso fecha para llevarla a cabo! Si, lo hizo, aunque a él no le corresponde convocarla, sino a los ciudadanos y ciudadanas.

“La otra reforma muy importante es el que pueda juzgarse al presidente en funciones con la aplicación del método de la revocación del mandato. Esto es importantísimo”, expresó el primer mandatario ayer.

Siguió: “Se va a poder consultar a los ciudadanos después de tres años. En mi caso esta consulta va a realizarse en marzo del 2022, y me gustaría que fuese el 21 de marzo del 2022. Se va a preguntar si se quiere que continúe el presidente o que renuncie, el mismo día; hay que buscar nada más que sea un domingo, yo creo que ya podríamos saber… el 21 de marzo, sábado (que más bien caerá lunes), es buen día”, dijo.

Revocación, atribución ciudadana

Lo aprobado por los diputados establece que la revocación de mandato será “convocada por el Instituto Nacional Electoral (INE), a petición de los ciudadanos y ciudadanas”. Al menos deberán solicitarlo el 3 por ciento de los inscritos en la lista nominal de electores, que hoy tiene poco más de 90 millones de personas. Es decir, se requerirían alrededor de 2 millones 700 mil firmas. Pero además, que incluya a por lo menos 17 entidades federativas.

La reforma en proceso, enviada al Constituyente Permanente, además, indica que la revocación se podrá solicitar sólo una ocasión, y durante los tres meses posteriores a la conclusión del tercer año del periodo Constitucional. Es decir, se convocaría entre diciembre de 2021 y febrero de 2022.

El procedimiento sería que una vez que el INE reciba la solicitud, tendrá un plazo de 30 días para verificar que se hayan cubierto los requisitos. Y de inmediato emitirá la convocatoria. La consulta se realizaría el domingo siguiente a los 90 días posteriores a la convocatoria, y en fecha no coincidente con las jornadas electorales, federal o locales.

Sí le cuadran los tiempos al presidente para que sea en marzo de 2022 pero no le corresponde a él ni siquiera solicitarlo. Es atribución exclusiva de los ciudadanos y ciudadanas solicitarla, sin que siquiera sea obligatorio, aunque López Obrador lo da por hecho. O sea, que va manipular a la población para que hagan tal petición.

El resultado de la revocación de mandato será vinculatorio, es decir, de aplicación obligatoria, sólo si participa al menos el 40% de la Lista Nominal: unos 36 millones de personas, de acuerdo con la composición actual de esa base de datos. Y sólo procederá si la mayoría absoluta votó a favor de dicha revocación.

Al final, en su mañanera, López Obrador volvió a pasar por alto al Constituyente Permanente, porque tampoco ha aprobado otra modificación a la Carta Magna. “También es importantísimo el que se haya aprobado la reforma al artículo 108 de la Constitución, para que el presidente de la República pueda ser juzgado por todos los delitos…”

Así, “en política, la forma es fondo”, frase acuñada por Jesús Reyes Heroles, que por cierto suele citar esporádicamente el presidente López Obrador.

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