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David Polanco
Luego de una serie de denuncias de que el gobierno de la Ciudad de México en el último tramo de Claudia Sheinbaum y lo que va de Martí Batres ha entregado licencias para construir casi de forma indiscriminada, la administración morenista presentó la Ventanilla Única de Construcción (VUC) de la CDMX, con lo que se intenta un mayor control sobre las construcciones en la capital.
En la presentación del proyecto, que forma parte del Plan de Simplificación de Trámites para Apertura y Operación de Negocios en la Ciudad de México, el jefe de Gobierno local destacó que es una herramienta con la que se podrán hacer 14 trámites de manera digital y agrupar información en expedientes electrónicos sobre procesos y autorizaciones de construcción de las 16 alcaldías.
“El principal objetivo es combatir la corrupción inmobiliaria que se da en algunas alcaldías; además, nos va a permitir que haya certidumbre para quienes construyen de acuerdo a la norma y respetando la ley y; por otro lado, atender las quejas de la ciudadanía sobre posibles construcciones irregulares que se puedan dar en la Ciudad de México”, subrayó Batres Guadarrama.
Es de todos conocido que esta nueva ley surge luego de las supuestas anomalías de construcción, primer en Benito Juárez y, recientemente, en Azcapotzalco, ambas demarcaciones panistas.
Sin embargo, lo que el gobierno capitalino no deja entrever es que las autorizaciones de construcción las extiende la Secretaría de Desarrollo Urbano (Seduvi) de la CDMX.
Como dato al margen: en el 2023, con Claudia Sheinbaum y Martí Batres como jefes de Gobierno, la Seduvi, que en ese entonces encabezaba Carlos Ulloa, autorizó 975 “Manifestaciones de Construcción” en Azcapotzalco; desde luego, con la debida aprobación del Sistema de Aguas de la Ciudad de México (Sacmex).
Esta información es de la propia Seduvi, responsable de autorizar lo que antes se conocía como “Licencias de Construcción” y que ahora se llama “Manifestaciones de Construcción”, que se registra en la Ventanilla Única de las Alcaldías, después de que Seduvi dictamina favorablemente el “Estudio de Impacto Urbano”, con el visto bueno de Semovi, Sedema y SGIRyPC, previo a la factibilidad de agua otorgada por el Sacmex.
En suma, la única responsabilidad de las alcaldías es revisar la documentación presentada y prevenir alguna inconsistencia, no conceder permisos.
En el caso de los 975 permisos otorgados por Sheinbaum y Batres a Azcapotzalco en 2023, la alcaldía no los aprobó, pero ese dictamen no es vinculante; es decir, que los constructores no están obligados a cumplirlo. Por lo tanto, la responsabilidad recae en el gobierno local.
Pareciera que el supuesto “Cartel Inmobiliario” de Azcapotzalco es más bien una estrategia para posicionar a la candidata morenista Nancy Núñez y echar abajo la reelección de la panista Margarita Saldaña.
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