By CIUDAD DE MÉXICO, 21 DE JUNIO, (CDMX MAGACÍN).- Concesionarios de la Ruta 57 se ampararon contra los actos de represión de la Secretaría de Movilidad y el Instituto de Verificación Administrativa, que incluyeron operativos con todo el aparato de gobierno.
Gabino Ortega, presidente de Ruta 57, indicó que los actos ilegales fueron contra 14 unidades remitidas al corralón de manera injusta.
A estas unidades, les impusieron multas de 9 mil a 45 mil pesos. que difícilmente puede cubrir un transportista.
Frente a la sede de la Semovi, en Álvaro Obregón 269, concesionarios mostraron su malestar, ya que los operativos llegaron después de que pidieron el incremento a la tarifa de 5 pesos, aunque solo les dieron un peso.
«Cuando todos habíamos pensado que superamos a gobiernos autoritarios surgen expresiones que limitan la libertad, y por una mínima consideración de reajustar las tarifas a un nivel adecuado, sufrimos ahora el poder del Estado, que nos pretendió obligar a callar».
«La petición de aumento de una tarifa a 5 pesos no es un cliché, sino una necesidad que requiere el transporte público concesionado para mejorar no sólo los ingresos de los operadores, sino para lograr un cambio radical para los usuarios, que merecen contar con un excelente medio de Movilidad, como en cualquier parte del mundo».
De acuerdo con Ortega las autoridades de la Semovi, encabezadas por Andrés Lajous, han dado prioridad a los discursos electoreros, donde están más preocupados por no perder el voto, aunque el transporte vaya en detrimento y en menoscabo de la seguridad de los usuarios.
«Autoridades como Andrés Lajous, secretario de Movildiad, aplica la noción de destruye y vencerás. No quiere destruir a los concesionarios legales, para poder meter a sus aplicaciones de las que es socio», expuso
«Pero qué decirles, por un pesito que nos dieron nos llevaron al corralón con multas de hasta 100 mil pesos».
También anunciaron que oir los actos ilegales y violatorios de derechos humanos de la Secretaría de Movilidad, el Invea y la Secretaría de Seguridad Ciudadana, interpondrá quejas en las comisiones de derechos humanos local y nacional.
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