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Arturo Zárate Vite
Llevar a cabo un “trabajo legislativo franciscano” no tendría la finalidad de que los diputados vivan bajo la más estricta pobreza como el santo italiano del siglo XIII, sino inspirados en esa austeridad, que ahora es abanderada desde Palacio Nacional, cuidar más los recursos que son del pueblo.
Por eso, cuando de antemano saben las posiciones de lo grupos parlamentarios, que caso tiene seguir adelante con los foros. Con los de la reforma eléctrica se gastaron 20 millones de pesos y no consiguieron nada, ningún acuerdo, ningún cambio a la Constitución.
Otro tanto igual han dicho que se van a gastar con los foros electorales. ¿Para qué?
Todavía más porque los diputados de la mayoría y de la oposición realizan por separado sus respectivos foros. También habría que incluir lo que se les paga para que legislen.
¿Si en vez de seguir con sus foros, se sientan a la mesa a identificar coincidencias y empiezan a negociar para armar proyecto de dictamen?
Desde abril cuentan con la iniciativa del Ejecutivo, así que a estas alturas los diputados ya deben de saber en que estarían de acuerdo.
Por lo que ha declarado la oposición, la reforma constitucional no va a transitar, al menos como quiere la mayoría parlamentaria. Ya ha dicho que no va a permitir que se toque al Instituto Nacional Electoral (INE), nada que signifique desconocer o eliminar lo avanzado por el instituto.
Guste o no, primero con el IFE y ahora con el INE, el país ha vivido la alternancia. Tres fuerzas políticas distintas. Por muchos años estuvo el PRI. En el 2000 llegó el PAN y en el 2018 Morena.
Los foros poco o nada contribuyen cuando participan conferenciantes con posiciones conocidas. José Woldenberg y los demás ex presidentes del instituto electoral no van a plantear nada nuevo. Tampoco consejeros y ex consejeros, especialistas y académicos.
Quizás puedan ser útiles las exposiciones de los expertos para los diputados o diputadas que no dominan el tema electoral, aunque se supone que compitieron en un proceso para llegar a la cámara y por lo tanto tendrían que haberse empapado de las leyes electorales.
Cada uno de los integrantes de las comisiones dictaminadoras, la de Reforma Política Electoral y la de Puntos Constitucionales, sus presidentes Graciela Sánchez Ortiz y Juan Ramiro Robledo Ruiz, conocerían no solo la iniciativa del Ejecutivo sino las 40 que hay en la materia.
Así que, en vez de desperdiciar otros 20 millones de pesos, habría condiciones para sentarse a dialogar, buscar consensos, negociar. Ver si en la constitucional hay coincidencias, para modificar la ley suprema y atender la demanda social de que la política cueste menos.
Si en la constitucional prevalecen diferencias, entonces concentrarse en leyes secundarias, reformar lo que permita perfeccionar la operación del instituto electoral y los tribunales, reducir gasto y terminar con duplicidades en desempeño de consejeros y magistrados.
Cierto que los foros están en marcha, tanto los de la mayoría parlamentaria como los de la oposición, con los rollos de siempre. Hay expertos, consejeros y ex consejeros que, les encanta al protagonismo y los reflectores, al fin que no son ellos los que pagan eventos huecos.
Lo fundamental es aprovechar el tiempo parlamentario, sobre todo en tiempos inflacionarios, aplicar el criterio franciscano en el trabajo legislativo, porque al pueblo apenas le alcanza para comer.
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