Sin dinero autoridades electorales de Aguascalientes, CDMX y Michoacán

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Ello debido a los recortes presupuestales, retrasos en ministraciones y solicitudes rechazadas de ampliaciones presupuestales.


Ciudad de México, 27 mayo 2021 (REDACCIÓN / CDMX MAGACÍN).- Tras la jornada electoral del 6 de junio, los Organismos Públicos Locales (OPL) de Aguascalientes, Ciudad de México y Michoacán se enfrentarán a serias dificultades para su operación cotidiana debido a los riesgos financieros, según se dio cuenta en el cuarto Informe sobre la situación presupuestal de los OPLES.

Ello debido a los recortes presupuestales, retrasos en ministraciones y solicitudes rechazadas de ampliaciones presupuestales, como explicó el Secretario Ejecutivo del INE, Edmundo Jacobo.

“Por lo que respecta al grupo de OPL en situación más crítica, es decir, de riesgo considerable, éste disminuyó de seis a tres, respecto del Informe anterior, pero Aguascalientes y Ciudad de México se mantienen y se incorpora de nueva cuenta el OPL de Michoacán al pasar de riesgo moderado a un nivel de riesgo considerable, respecto del informe anterior”, destacó.

El informe incluye otros OPLES con una situación presupuestal regular que les permite cumplir con las funciones relacionadas a la organización de sus procesos electorales locales.

“De manera opuesta, hay un grupo de OPL en situación de riesgo moderado, estos son los de Chihuahua, Nuevo León, Oaxaca, Quintana Roo y Tlaxcala, que se mantienen respecto del informe anterior, se integran a este grupo los OPL de Sonora, Morelos y Nayarit que venían del grupo de riesgo considerable o más sensible”, precisó.

De tal suerte, el Consejero Jaime Rivera hizo un llamado a los gobiernos locales para corregir la problemática.

“Hacemos un llamado encarecido y enérgico a los gobiernos de estas entidades federativas a cumplir su obligación constitucional de garantizar los recursos financieros necesarios para el funcionamiento de las autoridades electorales locales”, señaló.

Por su parte, la Consejera Dania Ravel expresó su preocupación al respecto pues se pone en riesgo la finalidad constitucional y legal, pues consideró que el tema supera algunas directrices de austeridad que impliquen reducir costos, pero que les permitan trabajar y cumplir con sus obligaciones.

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