By Las personas que han sido víctimas de algún acto delictivo o se han vulnerado sus Derechos humanos, cada vez son un sector más grande entre la población mexicana.
Ciudad de México, 27 marzo 2021 (ENRIQUE SERNA / CDMX MAGACÍN).- Las personas que han sido víctimas de algún acto delictivo o se han vulnerado sus Derechos humanos, cada vez son un sector más grande entre la población mexicana, según consideró el diputado Justino Arriaga, quien propuso ante la Cámara Baja de San Lázaro una modificación al Artículo 73 constitucional a fin de que se garantice una reparación integral.
El propósito de la propuesta es facultar al Congreso de la Unión para expedir una legislación única en esa materia, pues según sostuvo, es fundamental garantizar los derechos de las víctimas y su correcta implementación en todo el país.
El panista recordó que la Encuesta Nacional sobre Victimización y Percepción sobre Seguridad Pública 2020 (Envipe), levantada por el Instituto Nacional de Geografía y Estadística (Inegi), mostró que en 2019 hubo 22.3 millones de víctimas, lo que implicó una tasa de 24 mil 849
víctimas por cada 100 mil habitantes.
Si se suman las personas que declararon haber sido víctimas de un delito desde 2012, 186.8 millones se han declarado como víctimas en sólo ocho años; esto es más que la población total del país de acuerdo con el censo del año pasado; ilustró.
El panorama de las víctimas en México es preocupante, porque hay desorden normativo e institucional, además de las disparidades en la implementación. A eso se suma que los últimos años la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas Federal ha caído en una crisis institucional y presupuestal que la ha llevado a enfrentamientos graves con las propias víctimas.
“Ante este panorama, bien puede afirmarse que los derechos de las víctimas están pasando por una serie, una seria crisis que ha de ser atendida por una política de Estado para las víctimas y con ellas armonizadas, sistematizadas y coordinadas”, agregó desde tribuna en sesión ordinaria.
La propuesta se envió a la Comisión de Puntos Constitucionales, para estudio y dictamen.
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