By CIUDAD DE MÉXICO, 28 de junio, (CDMX MAGACÍN).– Ante los ojos de la ciudadanía el sistema de justicia civil y familiar aún resulta lento, incierto y muchas veces discriminatorio, pesado y costoso para quienes tienen pocas posibilidades de costear un juicio, reconoció el presidente de la Junta de Coordinación Política, Ricardo Monreal Ávila.
Ante esta situación, al participar en el Foro “Hacia un Código Nacional de Procedimientos Civiles y Familiares. Retos y Análisis”, en la ciudad de Puebla, Monreal Ávila recordó que en diciembre del año pasado presentó un proyecto de nuevo Código Nacional de Procedimientos Civiles y Familiares que consta, dijo, de 894 artículos desarrollados en 11 libros.
“Este proyecto se sustenta en la experiencia e intercambio de opiniones entre órganos jurisdiccionales del fuero común y asociaciones de juzgadores”, mencionó.
Monreal Ávila consideró que la diversidad de normas en materia civil y familiar que existen actualmente han generado obstáculos para que las personas puedan acceder a una justicia expedita en esta materia debido a la existencia de reglas, plazos, términos, criterios y sentencias distintas e incluso contradictorias.
“La tutela jurisdiccional efectiva implica la aplicación de procedimientos judiciales ágiles y útiles que permitan resolver los conflictos con celeridad en beneficio de las personas que acuden a los tribunales”, afirmó.
En este sentido, Monreal explicó que el nuevo código que propone logra mediante una misma base regulatoria una impartición de justicia más pronta y cercana a la gente mediante instituciones fortalecidas, con procedimientos homologados ágiles y criterios uniformes.
“Al presentar la propuesta de Código, nos comprometimos a impulsar trabajos de parlamento abierto, invitando a participar a todos los sectores que operan el nuevo ordenamiento o que operarán, si se aprueba este nuevo ordenamiento desde la función jurisdiccional, la academia, la investigación y la sociedad en general que también pueden participar en estos foros que se han venido realizando en distintos lugares”, señaló.
Ricardo Monreal enfatizó que el Parlamento Abierto que se está llevando a cabo para analizar este tema tiene como objetivo enriquecer su proyecto de ley.
Abundó que en estos foros se han abordado temas como la oralidad en materia familiar, el principio de inmediación, la justicia familiar, la tutela judicial efectiva, la justicia digital, la cooperación procesal internacional, la perspectiva de género, entre otros no menos importantes.
Por eso, dijo, la expedición de este nuevo Código Nacional de Procedimientos Civiles y Familiares conlleva importantes retos que la justicia cotidiana debe resolver como establecer la aplicabilidad del Código en el fuero federal y local, a fin de garantizar un mayor acceso a la justicia en la solución de controversias.
Lograr, agregó, condiciones de igualdad que eviten discriminación respecto de las personas que acuden a los tribunales, generar mecanismos judiciales orales sencillos y efectivos para resolver eficazmente los conflictos, así como lograr el cumplimiento de sentencias y convenios, otorgar a las personas una mayor seguridad y certidumbre jurídica, así como una mayor protección de los derechos humanos.
“Conseguir una relación directa y funcional entre personas juzgadores y justiciables. Instaurar un sistema de impartición de justicia adversarial, democrático y oral, sustentado en una redistribución de los roles de las principales personas juzgadoras y litigantes, satisfacer las necesidades de una justicia cotidiana abierta que cumpla con los más altos estándares internacionales”, señaló.
También potencializar los medios alternos de solución de conflictos y regular las acciones colectivas para la defensa y protección de los derechos e intereses colectivos. Así como garantizar el ejercicio de prácticas procesales que privilegian el debate y la calidad de información en condiciones de igualdad y respeto a los derechos humanos.
Además, Ricardo Monreal consideró indispensable que en este nuevo modelo se deberá aprovechar las herramientas de la tecnología de la información para garantizar mayor acceso a la justicia en la solución de conflictos.
“Que todos los poderes judiciales de la República Mexicana aprovechan la tecnología de la información en la administración de justicia y desarrollan las plataformas y herramientas tecnológicas necesarias”, indicó.
En este sentido, Monreal consideró que este ordenamiento jurídico constituirá un cambio de paradigma en la forma de impartir justicia en México, encaminado a lograr el mejor modelo de justicia cotidiana en materia civil y familiar.
“Se trata de una gran reforma, o de una reforma de gran calado, al nivel de la reforma del sistema de justicia penal del 2008 por la cantidad de asuntos que se judicializan en el país en materia civil y familiar, el impacto será mucho mayor”, resaltó.
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