By TRAS LA PUERTA DEL PODER
Roberto Vizcaíno
La pregunta hoy en varios círculos es si Alfonso Durazo, Rubén Rocha Moya y Ricardo Gallardo se atreverían a viajar a Estados Unidos.
En la misma situación están varios alcaldes y diputados federales electos a quienes se señala dentro y fuera del país como más que cercanos a los cárteles del narco.
Luego que un reporte periodístico no confirmado ni desmentido por la DEA señaló durante la pasada campaña a Alfonso Durazo como sujeto a una investigación por parte de la agencia norteamericana, quedo la sospecha de que “algo hay” en Estados Unidos que podría llevar al ahora gobernador electo de Morena por Sonora a ser reclamado por autoridades de aquel país.
De los otros dos gobernadores – Rubén Rocha Moya y Ricardo Gallardo – no hay la menor duda de que apenas pongan un pie en EEUU, serían detenidos por la DEA.
Todos ellos son apenas la punta del iceberg de la muy fuerte inquietud que domina hoy a las agencias y niveles de inteligencia, seguridad interior y justicia del Gobierno de Joe Biden respecto de si se podría o no considerar hoy a México como un narco-Estado.
Con más de un tercio de México bajo el dominio del narco, bajo un régimen abiertamente omiso a cualquier llamado a combatir los cárteles, el triunfo de Morena en prácticamente toda la costa del Pacífico erizó la sensible piel de quienes integran todas las áreas de seguridad, inteligencia y justicia de aquel país.
La inquietud ha quedado más que expuesta en las visitas consecutivas del director de la CIA, la vicepresidenta Kamala Harris y del secretario de seguridad interior de EEUU a México.
La respuesta a todo esto de parte del presidente Andrés Manuel López Obrador ha sido menos que cero.
Feliz-feliz-feliz con los resultados electorales, el mandatario mexicano, advierten los norteamericanos -como quedó plasmado en las declaraciones del exembajador Christopher Landau– no ha movido un dedo para responder a la grave situación de cooptación del Estado Mexicano por parte del crimen y el narco.
En este contexto el diario Milenio informó que al menos 6 ganadores de gubernaturas y diputaciones federales son hoy investigados para determinar si recibieron “ayuda” del narco.
El senador Mario Zamora, quien compitió por coalición PRI-PAN-PRD en Sinaloa denunció la intervención del crimen organizado en la elección en favor del candidato de Morena Rubén Rocha Moya “con el ‘levantón’ hasta de un millar de representantes de casilla y de supervisores de los partidos de la alianza Va por México.
“De él se tienen documentados presuntos nexos con el cártel de Pacífico (cártel de Sinaloa) de Joaquín ‘El Chapo’ Guzmán e Ismael ‘El Mayo’ Zambada”, afirma Milenio.
En lo que corresponde al gobernador electo por San Luis Potosí, Ricardo Gallardo existe el antecedente de haber estado en prisión por narcotráfico.
MONREAL VA TRAS ACUERDOS
Luego de que los resultados electorales dieron mayoría simple pero no calificada al Gobierno de la 4T, y de que trascendió que AMLO irá por al menos 3 reformas constitucionales, quien y se activó fue el senador Ricardo Monreal.
Reconocido por su capacidad para alcanzar acuerdos, al parecer ya recibió un llamado desde Palacio Nacional para iniciar acercamientos que tiendan puentes hacia la oposición PAN, PRI, PRD y MC.
Su convicción, afirman, es que el Congreso no puede estar en la parálisis.
Por lo pronto ya tuvo varios encuentros con los demás grupos parlamentarios hacia un entendimiento sobre la agenda siguiente.
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