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Arturo Zárate Vite
Sería derroche si los diputados se gastan 20 millones de pesos y no llegan a ningún acuerdo en la reforma electoral. Hay puntos que la sociedad no les va a perdonar si los dejan igual.
Es obvio que la sociedad no quiere gastos excesivos en política, no hay necesidad de encuestas para saberlo. Está a la vista lo que se destina a los partidos cada año por actividades ordinarias y el incremento que reciben cuando hay elecciones estatales o federales.
Los mismos partidos están conscientes de esta situación. Al menos en sus declaraciones hay unanimidad para ajustar presupuestos. Es tema de consenso, no hay necesidad de ponerse a discutir si debe darse o no el recorte. Lo que faltaría puntualizar es el monto, el porcentaje, la fórmula para bajarle al dispendio, del que todos son culpables.
Lo mismo deberá suceder con el Instituto Nacional Electoral (INE). Sin perder su esencia ni renunciar a lo fundamental, deberá prevalecer la sensatez para ajustar su estructura.
A estas alturas trasciende, en voz de Ignacio Mier, coordinador de la diputación de Morena en la Cámara de Diputados, porqué son 11 consejeros electorales los integrantes del Consejo General del instituto. Según el legislador, para garantizar su respectiva cuota de representación a los partidos que decidieron tendría dicha composición.
Para tranquilizar a los partidos principales, sobre todo; cuotas que en nada favorecen el trabajo de consejeros que llegan a sentirse comprometidos con quienes les dieron el apoyo para lograr el acceso al Consejo General del Instituto.
Existe la propuesta de que sean siete los consejeros, el mismo número de magistrados de la sala superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación.
El número que se decida deberá estar plenamente justificado, de acuerdo con el tamaño de las tareas que tiene asignadas el organismo.
En el fondo no se trata de eliminar el INE, como no se eliminó al IFE cuando dejó de existir. Hubo cambio de nombre, con iguales o más atribuciones. Hay que recordar que, con la más reciente reforma electoral, el instituto asumió el control de todos los organismos locales y la fiscalización electoral nacional.
Se multiplicó su trabajo y podría volver a suceder con la nueva reforma si se aprueba lo que se llamaría Instituto Nacional de Elecciones y Consultas.
Por lo pronto, los diputados y los partidos ya están inmersos en foros electorales, para escuchar a expertos e interesados en el tema. Sería lamentable que se repitiera la historia de la reforma eléctrica que no alcanzó el voto de la mayoría calificada, requerida en cambios constitucionales.
Dejar las reglas como están y no hacer nada para hacer efectiva la austeridad, mantener una posición intransigente, le puede salir caro a los partidos que lo hagan, cuando vengan las elecciones. Los electores podrían castigarlos con su voto, porque es clamor bajarle al gasto político.
Si hay 49 propuestas en materia electoral, incluyendo la del Ejecutivo, en la Cámara de Diputados, la lectura es que los legisladores coinciden en revisar reglas y operación de la estructura electoral.
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