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Durante el mandato de Sheinbaum y de Batres, el titular de la Secretaría de Desarrollo Urbano, Carlos Ulloa, autorizó 975 “Manifestaciones de Construcción”, que incluye el visto bueno de “factibilidad” del Sistema de Aguas de la Ciudad de México, también bajo el mando del Gobierno capitalino.
David Polanco
Legisladores de Morena en la Ciudad de México e incluso algunos de sus empresarios aliados andan con la espada desenvainada, pero en vez de apuntar a la oposición están afectando a su candidata presidencial, Claudia Sheinbaum. Resulta que han acusado a la alcaldesa de Azcapotzalco, Margarita Saldaña (PAN), de estar creando un “cártel inmobiliario”, porque durante el 2023 supuestamente “autorizó” la construcción de 975 departamentos en esa demarcación territorial.
En realidad, quienes en todo caso son responsables de la creación de ese supuesto “cártel inmobiliario” son Sheinbaum en su momento, y posteriormente Martí Batres, cuando la sustituyó en la Jefatura de Gobierno de la Ciudad de México.
Y es que, las licencias de construcción (que hoy se llaman “Manifestaciones de Construcción”) las otorga la Secretaría de Desarrollo Urbano (Seduvi) del Gobierno de la Ciudad de México, dependencia que hasta hace unas semanas encabezaba Carlos Ulloa, muy cercano a la Sheinbaum, candidata presidencial de Morena.
Esas “Manifestaciones de Obra” se obtienen mediante un mero registro ante la Ventanilla Única de las alcaldías, una vez que Seduvi dictamina favorablemente el “Estudio de Impacto Urbano” –con el visto bueno de Semovi, Sedema, SGIRyPC–, previo a la “factibilidad de agua otorgada por el Sacmex, que también es instancia del Gobierno de la CDMX.
Una vez que tienen toda esa documentación aprobada por Seduvi, se presentan en la Ventanilla Única de las alcaldías para “registrar su “Manifestaciones de Construcción”. En este trámite, la alcaldía tiene la facultad de revisar y prevenir la documentación presentada; mismas que generalmente son subsanadas por los constructores; pues ya cumplen con lo principal que es la aprobación del Impacto Urbano del Gobierno capitalino.
Alcaldías, atadas de manos
La Ley establece que, en algunos casos, dependiendo del tamaño del desarrollo y si es particular, del INVI o Servimet solicitan opinión a la Alcaldía. De acuerdo con una revisión de los expedientes de la Alcaldía, en todos los que se les ha consultado, su opinión ha sido en sentido negativo, pero no es “vinculante”. Es decir, los constructores no están obligados a cumplirla. En pocas palabras, la opinión de la Alcaldía no cuenta, por lo que al mismo tiempo no es su responsabilidad que haya 975 “manifestaciones de Obra”, pues en todo caso es del gobierno de Sheinbaum y Martí Batres.
Ya con la pura “Manifestación de Construcción” pueden empezar a edificar, y si hay alguna inconsistencia o irregularidad, en el camino es posible subsanarla, sin que tengan que detener la obra.
Así, en este caso de las 975 “Manifestaciones de Construcción” y supuesto “cártel inmobiliario” en Azcapotzalco que acusan los morenistas y sus aliados, en realidad tendrían que voltear hacia Sheinbaum y Batres. ¿Será por eso que el actual jefe de Gobierno va por lo menos un par de ocasiones a la semana a Azcapotzalco? Es pregunta.
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