Cartel inmobiliario: AMLO, pecado original

Mensaje Político

Alejandro Lelo de Larrea

En abril de 2004, días después de que se exhibieron los videoescándalos de René Bejarano y Carlos Imaz –entre otros– agarrando fajos de billetes del “empresario” Carlos Ahumada, en el Senado de la República ya tenían listo el siguiente paso para destituir a Andrés Manuel López Obrador de la Jefatura de Gobierno, pues existía un precepto constitucional que lo permitía.

Varios de los empresarios ganones de contratos y permisos emitidos del entonces Gobierno del Distrito Federal, principalmente constructores e inmobiliarios, organizaron una cena de apoyo a López Obrador. La reunión se celebró en casa de Marcos Fastlicht, suegro del propietario de Televisa, Emilio Azcárraga, la cual fue documentada en su momento por este reportero. La intentona de destituir a López Obrador en el Senado ya no transitó, pero sí un año después el desafuero en Cámara de Diputados.

Algunos de esos constructores formaban parte de la red de intereses, del negocio de la construcción de los segundos pisos de Periférico, esa magna obra a cargo de Claudia Sheinbaum, por la cual debió hacerse merecedora del récord de Guiness, como la secretaria del Medio Ambiente que más cemento sembró.

Esos mismos inmobiliarios también fueron beneficiarios del Bando 2 de López Obrador, emitido en 2001 como parte del programa de desarrollo urbano, mediante los cuales se prohibió la construcción en 12 Delegaciones y sólo se autorizaba en la zona territorial “ciudad central”, Benito Juárez, Cuauhtémoc, Miguel Hidalgo y Venustiano Carranza. Recurrió a esos bandos porque no tenía mayoría en la Asamblea Legislativa del DF y Armando Quintero, que era el coordinador, no daba una.

Los famosos bandos detonaron la construcción en esas cuatro demarcaciones, pero al mismo tiempo la creación de un cártel inmobiliario, del que forman parte algunos empresarios lopezobradoristas que ahora se les acusa haber construido inmuebles presuntamente irregulares en la Benito Juárez, por los cuales existe abierto un proceso penal contra exfuncionarios e incluso el ex delegado Christian Von Roehrich, prófugo de la justicia.

Años después, el precedente de los bandos detonó de manera desenfrenada la construcción en cualquier zona de la ciudad. Se edificaron enormes desarrollos y plazas comerciales, varios de éstos también negocios de empresarios que apoyaron a López Obrador en aquella cena en la casa de Marcos Fastlicht en 2004.

Hay un hecho documentado durante la campaña presidencial de López Obrador en 2006. En un mitin un ciudadano le reclamó: “¿Por qué se autorizaron tantos edificios en Benito Juárez si no tenemos agua?”. López Obrador respondió y hasta defendió al entonces delegado panista Fadlala Akabani, hoy ya en Morena y secretario de Desarrollo Económico de Sheinbaum: “¡No, no, no fueron las autoridades (delegacionales)! Yo tomé la decisión, yo soy el responsable de cuando fui jefe de Gobierno. Considero que eso le da sustentabilidad a la ciudad. Con mucha claridad, no es culpa del delegado, fue política general que yo decidí, pero creo que fue lo más adecuado, y asumo toda mi responsabilidad”. O sea, ¿confesó ser el padre de los cárteles inmobiliarios de la CDMX?

Si se revisan los desarrollos presuntamente irregulares en la Benito Juárez, varios de ellos fueron obra constructores amigos del gobierno de Sheinbaum, a quienes incluso podrían probarles anomalías en alcaldías gobernadas por Morena, por ejemplo, Iztacalco. Esa es otra historia.