Reporta Consejo Ciudadano más de 2 mil fraudes en apps financieras

Si necesitas un préstamo, ten cuidado de ser víctima de #doxing, un ciberdelito donde se amenaza a los deudores con publicar información personal si no pagan. Agradezco @marco_mares por la mención en su columna de @eleconomista al apoyo de @elconsejomx 👇🏽https://t.co/6XGkbSqW21

— Salvador Guerrero Chiprés (@guerrerochipres) January 20, 2022

CIUDAD DE MÉXICO, 20 de enero, (REDACCIÓN/CDMX MAGACÍN).–El Consejo Ciudadano informó que en los últimos seis meses, en la CDMX se han registrado aproximadamente 2 mil 231 reportes por fraudes y el denominado doxing en préstamos por medio de aplicaciones financieras.

De acuerdo al Consejo, en junio del 2021, se registraron los primeros 10 reportes de esa modalidad de fraude y en lo que va del mes de enero del 2022 suman 303.

A decir, de su presidente Salvador Guerrero Chiprés “El esquema comienza con un ofrecimiento, en redes sociales, de préstamos fáciles y rápidos que se pueden tramitar por medio de aplicaciones de telefonía celular, en las que se solicita acceso al dispositivo del usuario. Al no cubrir el monto, los intereses de la deuda se elevan y se vuelven impagables”, explicó

Y expuso que el 64% de las víctimas son mujeres, el 56.5% de las personas tienen entre 26 y 40 años; 55% de los casos provienen de la Ciudad de México y el resto de otras entidades de la República como el Estado de México, Veracruz, Puebla, Jalisco o Tabasco.

Cabe señalare que el doxing es la práctica ilegal de revelar, por medios digitales, información personal sin el consentimiento de la víctima. Las financieras señaladas de fraude difunden la deuda, y en algunos casos fotos o videos, entre sus contactos. El análisis de los reportes identifica a 130 supuestas financieras que se promueven en redes sociales y utilizan apps para el otorgamiento del crédito.

Asimismo, la asesoría jurídica gratuita permitió que, entre junio y enero, el Consejo Ciudadano apoyara a 173 víctimas en la apertura de una carpeta de investigación, el 92% de ellas por cobranza ilegítima, 3% por amenazas y el mismo porcentaje por extorsión.