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Jesús Ramírez quiso culpar a la Dirección de Comunicación Digital del Presidente

Jesús Ramírez quiso eludir su responsabilidad

• Pretendió responsabilizar a Martha Jessica Ramírez González, titular de ésa área

• El vocero siempre estuvo enterado de la difusión de la propaganda denunciada

• La responsabilidad imputada por la autoridad responsable no fue arbitraria, concluye el TEPJF

 

ALEJANDRO LELO DE LARREA / CUARTA Y ÚLTIMA       (VER PRIMERA PARTE)       (VER SEGUNDA PARTE)       (VER TERCERA PARTE)

En sus alegatos en el recurso de revisión que presentó ante la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF), el “Coordinador General de Comunicación Social y Vocero del Gobierno de la República”, Jesús Ramírez Cuevas, intentó eludir su responsabilidad por la publicación indebida de propaganda en periodo de veda.

Esto, al indicar que en todo caso debió sancionarse no a él, sino a quien es responsable material de la administración de las cuentas de Twitter (@GobiernoMX ) y el canal de YouTube del Gobierno de México.

No la señaló por nombre y cargo, pero en el organigrama de la Presidencia de la República se trata de su subordinada, Martha Jessica Ramírez González, la directora general de Comunicación Digital del Presidente. Además del cargo que ostenta, es sabido que ella administra personalmente las cuentas de redes sociales del Gobierno de México: Twitter, YouTube y Facebook.

Aquí el planteamiento de Jesús Ramírez, según consta en la sentencia SUP-REP-109/2019 de la Sala Superior del TEPJF, de la cual se obtuvo copia: “Se debió haber analizado las características y facultades de cada uno de los sujetos a los que considera responsables, así como las conductas específicas que se les reprochan, para determinar si se ubicaban en los supuestos normativos invocados, omisión que deriva necesariamente en una motivación deficiente”.

Este reportero solicitó entrevista con Jesús Ramírez para que ofreciera su versión al respecto, pero no hubo respuesta. Tampoco fue el caso de la Consejería Jurídica de la Presidencia de la República, instancia encargada de la defensa del vocero en este caso que perdieron ante el Partido Acción Nacional.

 

AMLO, exonerado

Para determinar al responsable, en el análisis de fondo la sentencia, en un primer momento se establece con claridad un deslinde a Andrés Manuel López Obrador. “La Sala Especializada señaló que otro parámetro a evaluar era la difusión del evento en veda, por lo cual, si el Presidente de México no realizó ni ordenó su publicación en internet y no administra las cuentas del Gobierno de México, no era responsable de su transmisión”, dice la sentencia definitiva de la Sala Superior del TEPJF.

La sanción a Jesús Ramírez, de acuerdo con lo asentado en el documento, parte de dos hechos plasmados así en la sentencia:

El primero, el incumplimiento de la ley: “No se encuentra justificación alguna para difundir en la página de internet de YouTube el desarrollo del evento en Paraíso, Tabasco, exaltando acciones del Gobierno de la República, y por medio de la red social de Twitter un mensaje general a la población, referente a la actuación del Gobierno Federal, en la temporalidad en que fueron realizadas: uno y dos de junio, periodo de veda electoral”.

Y el segundo, el sujeto a quien se le atribuye la responsabilidad del incumplimiento legal: “…el Coordinador de Comunicación Social reconoció que las redes sociales donde se dieron los mensajes las administra el área a su cargo y que es responsable de la estrategia de comunicación del Gobierno de México”, dice en el expediente.

 

Culpar al autor material

Sin embargo, en sus alegatos, una y otra vez Jesús Ramírez quiso eludir su responsabilidad, bajo el argumento de que no fue el autor material.

“El recurrente (Jesús Ramírez) señala la inexistencia de elemento probatorio mediante el cual se acredite la realización material de los hechos. Esto es, que le sea imputable la colocación de los videos en la cuenta oficial @GobiernoMx”, expuso.

Continúan los alegatos: “A juicio del recurrente, de manera incorrecta se concluyó que por el hecho de corresponder a la Coordinación de Comunicación Social y Vocería del Gobierno de la República la administración de las cuentas materia de la denuncia, es reprochable la conducta material de la supuesta colocación de los contenidos materia de la queja, sin que se acredite que el recurrente haya realizado de manera personal y directa la publicación de los videos”.

 

Jesús Ramírez lo sabía

Cierto, el Tribunal reconoció que Jesús Ramírez ß de la difusión del tuit y el video indebidos, pero es sujeto sancionable, porque es el responsable del área que administra las redes sociales.

“Debe tomarse en cuenta la calidad del recurrente como integrante de la administración pública federal y responsable de la estrategia de comunicación del Gobierno de México, así como las funciones que tiene a su cargo y su jerarquía”, dice la sentencia.

Además, Jesús Ramírez “siempre estuvo enterado de la difusión en las redes sociales oficiales de la propaganda denunciada, puesto que, si bien pudiera no haber participado de manera directa en la elaboración y difusión, lo cierto es que existe un deber normativo de aprobar o ratificar las políticas de comunicación social”.

Es decir, su responsabilidad es supervisar todo lo que se difunda a través de esas cuentas oficiales de redes sociales.

“Tiene el deber de vigilar el cumplimiento de las funciones de la dependencia a su cargo. Resulta razonable que las infracciones se extiendan hacia aquel o aquellos servidores, entre cuyas funciones está la de vigilar que el contenido del material que se difunda a nombre del Gobierno de la República se encuentre dentro de los límites legales y constitucionales establecidos, ya que ello forma parte de su deber de cuidado.”

Esto, insistió el Tribunal, con independencia de si fue el propio servidor público el que ordenó la confección o difusión de la propaganda gubernamental, al cual no se le excluye de responsabilidad.

“En este sentido, el recurrente, como titular, sí estaba obligado a verificar que las acciones de sus inferiores jerárquicos respecto a la promoción y difusión de actos relevantes relacionados con la participación del presidente de la República, fuera acorde a la normativa, lo cual no sucedió en el presente asunto.”

Finalmente, asientan la plena legalidad para sancionar al vocero presidencial. “La responsabilidad imputada por la autoridad responsable no fue arbitraria, permitió un control democrático de la política sancionadora y generó previsibilidad”.

 

La 4T perdió su pureza electoral

En el expediente de la causa SUP-REP-109/2019 consta que el pasado 2 de junio, día de las elecciones en seis entidades, el PAN presentó una queja ante el INE, porque a través de medios de comunicación del Gobierno de México, Twitter y YouTube, se publicó lo que consideró propaganda gubernamental.

Refieren UN TUIT  y UN VIDEO en YouTube. El 1 de junio, relativo al triunfo electoral que obtuvo Morena en el proceso electoral de 2018. Y el 2 de junio, el inicio de los trabajos para la construcción de la refinería “Dos Bocas”, en Paraíso, Tabasco.

Los días 1 y 2 de junio comprendieron el periodo de reflexión, de veda electoral, porque ese 2 de junio hubo comicios estatales para diputados y alcaldes en Aguascalientes, Durango, Quintana Roo y Tamaulipas, y para gobernador en Baja California y Puebla.

Esa queja del PAN fue resuelta el 5 de julio por parte de la instancia a la cual fue turnada por el INE: la Sala Regional Especializada del TEPJF. En su sentencia, consideró: “Jesús Ramírez Cuevas es responsable de la indebida difusión del Tuit del uno de junio en la cuenta del Gobierno de México, así como por la indebida difusión de propaganda gubernamental el dos de junio, en la cuenta YouTube del Gobierno de México”.

El 10 de julio, la Presidencia de la República presentó un recurso de revisión del procedimiento especial sancionador contra Ramírez Cuevas, que fue turnado a la ponencia de la magistrada Janine M. Otálora Malassis (quien por cierto el 8 de agosto de 2018 entregó en mano propia a López Obrador su constancia como presidente electo).

El 25 de septiembre pasado, por unanimidad de seis votos (no asistió la magistrada Mónica Aralí Soto Fregoso), la Sala Superior del TEPJF confirmó sentencia impugnada por la Presidencia de la República, con lo cual quedó firme, (definitiva e inatacable) la resolución de primera instancia de la Sala Regional Especializada, en la que ordena al presidente López Obrador lleve a cabo el procedimiento sancionador, en contra de su vocero, Jesús Ramírez Cuevas, por violar la veda electoral.

 

El desacato presidencial

Así, el 25 de septiembre, la Sala Superior del TEPJF confirmó por unanimidad la sentencia de la Sala Regional del 5 de junio, y pidió archivar el expediente como “asunto total y definitivamente concluido”.

Los puntos resolutivos en sentencia firme, dicen:

“PRIMERO: El presidente de México no tiene responsabilidad en las conductas.

SEGUNDO: El Coordinador General de Comunicación Social y Vocero del Gobierno de la República (Jesús Ramírez Cuevas), es responsable de la indebida difusión del Tuit del uno de junio, en la cuenta del Gobierno de México, en periodo prohibido.

TERCERO: El Coordinador General de Comunicación Social y Vocero del Gobierno de la República (Jesús Ramírez Cuevas), es responsable de la indebida difusión de propaganda gubernamental el dos de junio, en la cuenta de YouTube del Gobierno de México, en veda.

CUARTO: Se comunica esta sentencia al Presidente de México.”

Esta historia no termina aún, porque han transcurrido más de 2 meses desde que el presidente López Obrador fue notificado de la sentencia que le mandata a aplicar una sanción a su vocero, y no lo ha cumplimentado.

lo asentado en el documento, n”, dice la sentencia de la Sala Superior del TEPJF.e redes sociales del gobierno.

s, y no federale“Está en desacato”, reitera el representante del PAN ante el Instituto Nacional Electoral (INE), Víctor Hugo Sondón.

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