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Estudio ubica a 2 empresas, principales defraudadoras en el país: Conapro

Estudio ubica a 2 empresas, principales defraudadoras en el país: Conapro

• Rapax y Ocram Seyer a la cabeza de la lista
• Michoacán, Guanajuato, BCS, CDMX y estado de México, entidades más afectadas
• Estudio concluye que las empresas cometen el delito de fraude

Ciudad de México, 20 Noviembre (CDMX MAGACÍN).-Las miles de familias que son afectadas por las empresas que evaden los compromisos de ley ante sus trabajadores, además de no recibir completas sus prestaciones; “dejan indefensos a sus empleados ante situaciones hospitalarias de emergencia o programadas”, así lo afirmó la Fundación No Más Negligencias Médicas.

Su presidente, Fernando Aviléz Tostado, señaló que esta situación se torna muy grave en entidades como la Ciudad de México, Guanajuato, Michoacán, estado de México, Querétaro, Puebla, Veracruz, Quintana Roo, Baja California Sur, entre otras, donde empresarios y funcionarios se coluden para evitar las cuotas patronales ante el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS).

El doctor, se refirió al estudio que promovió la Confederación de Jóvenes y Profesionistas de México (Conapro), que ubica a las 50 firmas más importantes del país que defraudan al Estado mexicano y engañan a miles de empleados, donde sobresalen Rapax SA de CV y Ocram Seyer, que encabezan la lista.

En este sentido, el doctor Aviléz Tostado resaltó que, “los casos de Rapax y Ocram Seyer ejemplifican acciones ilegales de alto impacto en contra del Estado mexicano al evadir sus compromisos ante el fisco, primero al IMSS y, después a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP)”.

Por su parte, el presidente de la Conapro, Silvio Octavio García Rodríguez, relató que la información obtenida de la plataforma Compranet, sitúa a Rapax como el caso más delicado; ya que fue contratada por el gobierno federal para dar un servicio de limpieza a diferentes dependencias, con un total de 5,415 empleados, pero que en realidad realiza sus labores con menos de la mitad de ellos.

García Rodríguez detalló que, entre 2019 y 2020, Rapax logró adjudicar servicios a 13 entidades gubernamentales por labores de limpieza, con lo que la empresa recibió una suma superior a los 400 millones de pesos, sólo del gobierno federal, “ya analizamos casos en gobiernos locales y municipales, que daremos a conocer los resultados también”.

De la misma forma, detalló que la firma Ocram Seyer usa el mismo esquema de evasión, ya que fue contratada por el gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador con un total de 2,045 empleados en su nómina, para realizar labores de aseo en instituciones como el Instituto Nacional de Antropología e Historia (INAH).

La Comisión Nacional del Agua (Conagua), que dirige Blanca Jiménez Cisneros; la Secretaría de Turismo (Sectur), de Miguel Torruco Marqués; el Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (INAI), que dirige el presidente consejero Francisco Javier Acuña Llamas, o el Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (ISSSTE), de Luis Antonio Ramírez Pineda.

Por sus servicios a 16 entidades gubernamentales, en los últimos dos años esta última empresa obtuvo una bolsa que supera los 150 millones de pesos, también, por servicios de limpieza al gobierno de la República.

Cabe hacer mención que, entre los clientes de Rapax están la Fiscalía General de la República (FGR), que dirige Alejandro Gertz Manero; la Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT), de Jorge Arganis Díaz Leal; la Comisión Nacional del Deporte (Conade), de Ana Gabriela Guevara; la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP), de Arturo Herrera Gutiérrez y el Instituto Politécnico Nacional (IPN), de Mario Alberto Rodríguez Casas.

El análisis concluye que, tanto Rapax y Ocram Seyer –los casos más representativos de las 50 empresas de diferentes ramos detectadas— evaden sus obligaciones patronales y fiscales, al afiliar a menos del 40 por ciento de su plantilla real al IMSS por la que originalmente fueron contratados, cometiendo el delito de fraude en perjuicio del IMSS, del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores (Infonavit) y, la SHCP. Estudio ubica a 2 empresas, principales defraudadoras en el país: Conapro

• Rapax y Ocram Seyer a la cabeza de la lista
• Michoacán, Guanajuato, BCS, CDMX y estado de México, entidades más afectadas
• Estudio concluye que las empresas cometen el delito de fraude

Las miles de familias que son afectadas por las empresas que evaden los compromisos de ley ante sus trabajadores, además de no recibir completas sus prestaciones; “dejan indefensos a sus empleados ante situaciones hospitalarias de emergencia o programadas”, así lo afirmó la Fundación No Más Negligencias Médicas.

Su presidente, Fernando Aviléz Tostado, señaló que esta situación se torna muy grave en entidades como la Ciudad de México, Guanajuato, Michoacán, estado de México, Querétaro, Puebla, Veracruz, Quintana Roo, Baja California Sur, entre otras, donde empresarios y funcionarios se coluden para evitar las cuotas patronales ante el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS).

El doctor, se refirió al estudio que promovió la Confederación de Jóvenes y Profesionistas de México (Conapro), que ubica a las 50 firmas más importantes del país que defraudan al Estado mexicano y engañan a miles de empleados, donde sobresalen Rapax SA de CV y Ocram Seyer, que encabezan la lista.

En este sentido, el doctor Aviléz Tostado resaltó que, “los casos de Rapax y Ocram Seyer ejemplifican acciones ilegales de alto impacto en contra del Estado mexicano al evadir sus compromisos ante el fisco, primero al IMSS y, después a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP)”.

Por su parte, el presidente de la Conapro, Silvio Octavio García Rodríguez, relató que la información obtenida de la plataforma Compranet, sitúa a Rapax como el caso más delicado; ya que fue contratada por el gobierno federal para dar un servicio de limpieza a diferentes dependencias, con un total de 5,415 empleados, pero que en realidad realiza sus labores con menos de la mitad de ellos.

García Rodríguez detalló que, entre 2019 y 2020, Rapax logró adjudicar servicios a 13 entidades gubernamentales por labores de limpieza, con lo que la empresa recibió una suma superior a los 400 millones de pesos, sólo del gobierno federal, “ya analizamos casos en gobiernos locales y municipales, que daremos a conocer los resultados también”.

De la misma forma, detalló que la firma Ocram Seyer usa el mismo esquema de evasión, ya que fue contratada por el gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador con un total de 2,045 empleados en su nómina, para realizar labores de aseo en instituciones como el Instituto Nacional de Antropología e Historia (INAH).

La Comisión Nacional del Agua (Conagua), que dirige Blanca Jiménez Cisneros; la Secretaría de Turismo (Sectur), de Miguel Torruco Marqués; el Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (INAI), que dirige el presidente consejero Francisco Javier Acuña Llamas, o el Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (ISSSTE), de Luis Antonio Ramírez Pineda.

Por sus servicios a 16 entidades gubernamentales, en los últimos dos años esta última empresa obtuvo una bolsa que supera los 150 millones de pesos, también, por servicios de limpieza al gobierno de la República.

Cabe hacer mención que, entre los clientes de Rapax están la Fiscalía General de la República (FGR), que dirige Alejandro Gertz Manero; la Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT), de Jorge Arganis Díaz Leal; la Comisión Nacional del Deporte (Conade), de Ana Gabriela Guevara; la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP), de Arturo Herrera Gutiérrez y el Instituto Politécnico Nacional (IPN), de Mario Alberto Rodríguez Casas.

El análisis concluye que, tanto Rapax y Ocram Seyer –los casos más representativos de las 50 empresas de diferentes ramos detectadas— evaden sus obligaciones patronales y fiscales, al afiliar a menos del 40 por ciento de su plantilla real al IMSS por la que originalmente fueron contratados, cometiendo el delito de fraude en perjuicio del IMSS, del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores (Infonavit) y, la SHCP.