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Revocación de mandato, bienvenida en lo general

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OPINIÓN

EN DÍAS PASADOS EN LAS REDES SOCIALES Y EN LA PRENSA SE DIO UN INTERESANTE DEBATE SOBRE EL PROYECTO PARA INCORPORAR LA REVOCACIÓN DE MANDATO (RECALL) A LA CONSTITUCIÓN Y LA LEY ELECTORAL FEDERAL

Juan Martínez Veloz

Por  REVOCACIÓN DE MANDATO en el Derecho Constitucional se entiende “…el procedimiento mediante el cual el electorado revoca el mandato dado a sus representantes, cuando considera que estos no responden a la confianza que han recibido.

La revocatoria o “recall” se basa en el concepto de mandato imperativo, según el cual los elegidos deben atenerse estrictamente a las instrucciones de sus electores….” Dermizaky Peredo, Pablo; Derecho Constitucional, Editora JV, Cochabamba, Bolivia, 2002, pp. 107-108.

A reserva de conocer el proyecto totalmente tanto en la Constitución como en su ley reglamentaria debemos decir que en principio estamos de acuerdo en lo general en incorporar nuevas formas de participación ciudadana al sistema político mexicano.

En México,  los cambios a las instituciones políticas y electorales en los últimos 50 años (1968-2019) han derivado en la implantación de una  democracia representativa  a través de partidos políticos y funcionarios  públicos electos.

LA DEMOCRACIA REPRESENTATIVA AUNQUE NECESARIA SE VE LIMITADA EN CUANTO A LA POSIBILIDAD QUE TIENEN LOS CIUDADANOS EN INTERVENIR EN LAS DECISIONES POLÍTICAS FUNDAMENTALES DE SU MUNICIPIO, ESTADO O NACIÓN.

El ciudadano se ve imposibilitado en un momento posterior  a la elección para participar de manera directa en las decisiones del gobierno, o en la rendición de cuentas.

COMO ALTERNATIVA A ESTE PROBLEMA, EN ALGUNAS DEMOCRACIAS MODERNAS SE HAN DESARROLLADO INSTRUMENTOS DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA DENOMINADOS  “DEMOCRACIA SEMIDIRECTA” QUE AMPLÍAN LA CAPACIDAD EN LA TOMA DE DECISIONES DE LA CIUDADANÍA EN ASUNTOS DE  DE INTERÉS PÚBLICO, TALES COMO; EL PLEBISCITO, EL REFERÉNDUM, LA INICIATIVA POPULAR Y LA REVOCACIÓN DE MANDATO.

En México a partir de la década de los noventa del siglo XX, la mayoría de los  estados del país han introducido diferentes mecanismos de democracia semidirecta a sus constituciones y leyes electorales, sin embargo se conocen pocos casos prácticos de aplicación.

Estas entidades son:  Aguascalientes,  Baja California, Baja California Sur, Chiapas, Chihuahua,   Ciudad de México, Coahuila de Zaragoza, Colima, Durango, Estado de México, Guerrero, Guanajuato, Hidalgo, Jalisco, Michoacán, Morelos,  Querétaro, San Luis Potosí, Sinaloa, Sonora, Tabasco, Tlaxcala, Tamaulipas, Veracruz  y Zacatecas.

A nivel nacional las reformas electorales de 2014 abrieron una incipiente forma de participación ciudadana en la Constitución nacional  (Art. 35, fracciones VII y VIII) que aun no ha sido aplicada a casos prácticos.

En un interesante investigación comparativa señala Miguel de la Madrid  “SISTEMA REPRESENTATIVO Y DEMOCRACIA SEMIDIRECTA; UNAM, México, 2002, pp.429-451:

            Desde principios de los 90 se han extendido en América Latina diversas formas de democracia directa, tales como la iniciativa popular, el plebiscito, el referéndum y la revocatoria de mandato.

El siguiente cuadro muestra los mecanismos de democracia directa en América Latina.

 

País

Iniciativa Legislativa Popular Consulta Popular (Plebiscito/referéndum) Revocatoria de mandato
Argentina Sí. iniciativa de leyes

No se ha utilizado

No a nivel nacional

Sí a nivel provincial

Brasil Sí, iniciativa de leyes

No se ha utilizado

Sí para temas específicos

Sin legislar

No

 

Chile No Sí. sólo para reformar constitucional cuando hay desacuerdo entre Ejecutivo y Congreso No
Ecuador Sí. iniciativa de leyes y constitucional

No se ha utilizado

Sí. No a nivel nacional

Si para alcaldes, prefectos, diputados provinciales y gobernadores

Guatemala Sí.

No se ha utilizado

Sí. No
Panamá No Sí. Sí.

No se ha utilizado

Perú Sí. iniciativa de leyes

Sin legislar

No se ha utilizado

Sí. Sí.

Aplicado sólo para alcaldes y regidores

Uruguay Sí. iniciativa constitucional y legislativa Sí. No
Venezuela Sí. iniciativa constitucional y legislativa

No se ha utilizado

Sí. Sí para todos los cargos

No se ha utilizado

Colombia Sí.

No se ha utilizado

Sí.

A nivel subnacional

 

El Salvador Sí. Sí.

No se ha utilizado

No
Nicaragua Sí.

No se ha utilizado

Sí. No se ha utilizado No
Paraguay Sí.

No se ha utilizado

Sí.

No se ha utilizado

No
Bolivia No No No
Costa Rica No No No
Honduras No No No
México No No No
República Dominicana No No No

 

*NO CONFUNDIR REVOCACION DE MANDATO CON REELECCION

Existe un sector en la clase política mexicana que pretende confundir la revocación de mandato con la reelección del Presidente de la Republica. Hay que ser cuidadosos en ello y no confundirse:

DEBEMOS PRECISAR QUE DURANTE LA REFORMA ELECTORAL DE LOS AÑOS 2007-2009 SE INICIO UN DEBATE SOBRE LA REELECCIÓN EN MÉXICO.

PARCIALMENTE SE RESOLVIÓ ESTE DEBATE EN 2014 AL AUTORIZARSE LA REELECCIÓN DE LEGISLADORES (DIPUTADOS Y SENADORES) AYUNTAMIENTOS.

La posibilidad de reelegirse en los diferentes cargos de elección popular existe en la mayoría de los países del mundo, en América Latina y Estados Unidos. En México existe un limitación en la Constitución para reelegirse de manera absoluta para el Presidente de la República (constitucional, provisional o interno) y para los Gobernadores (Art. 83 y 116 constitucionales).

Debemos decir que es difícil sesgar el argumento de la reelección a favor de unos cargos de elección popular (senadores, diputados y ayuntamientos) y excluir a otros (Presidente de la República, Gobernadores) pues los argumentos en pro y en contra de la reelección operan para todos los cargos de elección popular; en México su desempeño es un derecho y una obligación de los ciudadanos (Arts. 35 y 36 constitucionales).

juanmartinez_veloz@yahoo.com
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Tarde y sin ejercer su autoridad, consejo de Salubridad paralizado

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INDICADOR POLÍTICO

Carlos Ramírez

 

A regañadientes y por presión de medios que criticaron su ausencia, el Consejo de Salubridad General (CSG) apareció el jueves 19 de marzo cuando la cifra de infectados iniciaba su ritmo de crecimiento con 164. Y hasta ahora su primer y único pronunciamiento fue en el sentido de calificar al coronavirus como una enfermedad grave, cuando en todo el mundo había pánico y los muertos sumaban miles.

Tarde, sin autoridad, ajeno a la realidad y sin cubrir las normas mínimas de higiene en su reunión en Palacio Nacional, el CSG redactó e hizo publicar en el Diario Oficial de la Federación el lunes 23 de marzo un decreto para reconocer la existencia de un virus que había comenzado a causar preocupaciones desde el viernes 21 de enero, dos meses atrás.

La reunión del CSG dejó mucho que desear: sesionó el jueves 19, redactó el decreto durante tres días y lo publicó el lunes 23 en el Diario Oficial. El artículo primero del decreto “reconoce” la epidemia por el virus SARS-CoV2, COVID-19, en Mexico “como una enfermedad grave de atención prioritaria”. Se supone que lo prioritario sería a partir del lunes 23 en que se publicó el decreto, no desde los primeros días de enero en que se difundieron las versiones de un “extraño virus” en China que se iba a desperdigar por todo el mundo como epidemia-pandemia.

El artículo tercero del acuerdo anuncia que la Secretaría de Salud “establecerá las medidas necesarias para la prevención y control de la epidemia”. El uso del verbo en conjugación futuro anuncia que las medidas contra el virus se darían desde ese lunes 23 de marzo, cuando la primera alerta debió de haber sino anunciada desde finales de enero. Y el lunes 23 de marzo el CSG anuncia medidas de “prevención” cuando el virus ya no era importado, sino que comenzaba a expandirse por orígenes locales; es decir, cuando el virus ya era mexicano por responsabilidad directa de funcionarios del sector salud que no reaccionaron con previsión.

El decreto del CSG entró en vigor el 23 de marzo, dos meses después de que el virus llegó a México, nadie se preocupó por encapsularlo, ninguna autoridad lanzó alerta alguna por la peligrosidad y cuando ya los medios, el lunes 23 pasado, habían apanicado a la sociedad con los estragos con casi 400 mil infectados y más de 16 mil muertos y con los datos alarmantes del colapso sanitario por el virus en España y en Italia.

Aquí ya se publicó el dato, pero hay que repetirlo: por reglamento interior en su fracción XVII del artículo 9, el CSG tiene la facultad de “aprobar y publicar en el Diario Oficial de la Federación la declaratoria en los casos de enfermedades graves que sean causa de emergencia”. El 18 de marzo, el CSG estaba dormido mientras el pánico era mundial.

Lo grave del asunto radica en que el CSG está presidido por el secretario de Salud, Jorge Alcocer, quien ha sido anulado de sus funciones dobles. A lo largo de dos y medio meses, el CSG estuvo desconectado de la realidad, a pesar de que hay organizaciones médicas no oficiales como vocales titulares y una veintena de organizaciones de salud como vocales auxiliares. El artículo 25 del reglamento interior del CSG señala que el Consejo puede ser convocado, además de las autoridades gubernamentales, “a propuesta de cinco vocales”. Por lo tanto, todos los vocales titulares y honorarios son corresponsables de la negligencia del CSG para liderar la respuesta sanitaria contra el virus.

El problema radica en que la normatividad del Consejo señala que como autoridad sanitaria depende “directamente del presidente de la república, sin intervención de ninguna secretaria de Estado”, aunque en su configuración actual miembros del gabinete legal y del gabinete ampliado forman parte de la estructura.

De ahí que la primera responsabilidad de los estragos de la crisis del coronavirus haya que endosárselos de manera legal al Consejo de Salubridad General.

 

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Mensajes sociales. El tracking diario de la encuestadora Consulta Mitofsky y El Economista está enviando una señal: ayer martes la aprobación presidencial llegó a 50.5%, contra 64.5% de abril del año pasado.

Y en local… Ante la pasividad del gobierno federal y sus oficinas de salud y de emergencia sanitaria, los gobernadores y alcaldes están asumiendo sus propias decisiones. Ahora le tocó al gobierno de Sinaloa, cuyo mandatario Quirino Ordaz Coppel anunció medida de apoyo fiscal, compromiso sanitario, cierre de lugares públicos y apoyos a trabajadores vulnerables de la administración con edades superiores a 60 años y estado de gestación. Se trata del primer paquete cuando la crisis del coronavirus comenzaba a entrar en fase 2. El gobernador Ordaz está asumiendo la iniciativa que tarda el gobierno federal y podría marcar una diferencia positiva en daños provocados por el virus.

Política para dummies: La política no es el reparto de culpas, sino la asunción de responsabilidades.

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El descenso de la popularidad de AMLO

POPULARIDAD

Análisis a Fondo

Francisco Gómez Maza

 

· Mucho ruido entre “fifís” y “chairos”

· Y pareciera que le tiene sin cuidado

Es la misma historia. Los presidentes comienzan muy populares y van perdiendo con el paso del tiempo. AMLO no podía ser la excepción.

Los votantes van desilusionándose.

No es lo mismo prometer en campaña electoral que cumplir en la brega diaria.

Nunca es más cierto el axioma que dice “prometer no empobrece; dar es lo que aniquila”.

Gobernar no es preparar una enchilada potosina.

Lo interesante es que muchos de los votantes del primero de julio de 2018 no votaron por López Obrador; sino en contra del PRI y del PAN, cansados de tantas fechorías, corrupción, impunidad, simulación y hasta cinismo.

No dirán lo mismo los críticos, o detractores o denostadores del tabasqueño. Menos sus fanáticos, los “chairos”, como dicen los “fifís”.

Los voceros del panismo lo consideran un ogro de la perversidad política, o un ignorante de economía, por ejemplo. Ya no se acuerdan de las obscenidades de Fox o Calderón. Hay periodistas convencidos de que es el peor presidente que ha tenido México. Y no pueden dejar de cuestionarlo acremente. Llegan inclusive a la burla. La palabra chairo les da náuseas.

Los amigos del presidente acusan a los críticos, a los denostadores, a los “fifís”, de ser voceros del conservadurismo; de la derecha, dicen. De estar pagados, “chayoteados”, por Felipe Calderón, o por el PAN, o por el demonio vestido de azul y blanco.

Pero AMLO, los morenistas, los “chairos” no están atados de manos. Disponen de una legión de aplaudidores, de aduladores, para quienes la Cuarta Transformación es una verdadera revolución dentro de la revolución; una etapa superior del movimiento de Francisco I. Madero; de Benito Juárez García, “el mejor presidente” que ha tenido México, como asegura cada vez que lo provocan sus enemigos.

El desabasto de medicamentos, sobre todo para los pacientes terminales, especialmente los niños con cáncer, le ha restado simpatizantes al presidente. La situación en la que operan los hospitales públicos, concretamente los de la seguridad social, le ha creado severas antipatías. Él justifica la precariedad médica con su batalla contra la corrupción entre proveedores farmacéuticos y autoridades del pasado.

El avión presidencial, que no se vende por nada del mundo, ha sido otro factor en contra del presidente. Y más el anuncio de la rifa, y la rifa misma. El avión ha sido pretexto para burlas.

En medio de todo este jaloneo, de dimes y diretes, López Obrador continúa ganando tiempo. Tiene el apoyo de la mayoría. Controla el Congreso de la Unión. Y tiene el control del timón de la res pública. No reconocerlo sería tonto.

A desfondo: El Congreso de la Ciudad de México celebrará, el próximo 31 de marzo, un seminario de estudios chicanos, en ocasión del
50 aniversario de la fundación de Estudios Chicanos en Estados Unidos en 1969 y de la conmemoración del Día de César Chávez, y tiene como finalidad analizar las perspectivas de colaboración binacional para promover la enseñanza de Estudios Chicanos en México, la investigación sobre los mexicanos en el exterior y la publicación en español de libros sobre esa parte de la población mexicana y disciplina.

En el contexto de este evento, se propiciará un intercambio entre académicos y alumnos del Centro de Investigación Sobre América del Norte (CISAN) y del Programa de Maestría en Estudios México-Estados Unidos de la UNAM (FES Acatlán), con los alumnos visitantes de la Universidad Estatal de California en Long Beach del Proyecto California-México.

El propósito fundamental del seminario es estrechar la colaboración entre académicos, organizaciones civiles e instituciones gubernamentales de ambos países para el mutuo entendimiento, que permita mejorar la atención a la población mexicana en el exterior, y en particular a los originarios de la Ciudad de México, y para compartir el conocimiento y las presentaciones académicas con legisladores y su personal, académicos y alumnos interesados sobre el tema del seminario.

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Escenario del PRI: salvarse sólo si  expulsa a Peña Nieto y cómplices

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INDICADOR POLÍTICO

Carlos Ramírez

 

Por razones de sobrevivencia, de ingenuidad o de falta de capacidad de análisis, el PRI aún no se ha dado cuenta que ya terminó su papel como partido en los modelos Plutarco Elías Calles, Lázaro Cárdenas, Miguel Alemán y Carlos Salinos de Gortari. Y que el PRI puede desparecer del escenario político en el 2021.

Para llegar ya no se diga con posibilidades de victoria sino como tercera fuerza partidista, el PRI tendrá que resolver un dilema de ahora a su XXII asamblea nacional: salvar el alma de Enrique Peña Nieto y el grupo priísta 2006-2018 o rescatar el partido tirando el lastre de la corrupción peñista.

En una entrevista en el programa “La agenda de Carlos Ramírez” en Canal H., Izzi y Total Play ayer miércoles, el exgobernador oaxaqueño y dirigente de una corriente priísta interna Ulises Ruiz Ortiz puso en el tapete esa opción: echar fuera del partido a Peña Nieto, Luis Videgaray y todo el grupo salinista, reconstruir el partido y evitar la debacle final en las legislativas del 2021.

Sin embargo, el principal obstáculo es el grupo peñista que tiene el control del PRI y de las bancadas legislativas. Y ese grupo sólo quiere salvarse a sí mismo negociando –como lo están haciendo el dirigente formal Alejandro Moreno Cárdenas Alito y su principal operar y verdadero jefe del PRI José Murat Casab– su pasividad con el presidente López Obrador.

Con la anuencia de sus dirigentes el PRI ya permitió que gobernadores priístas, jefes de la CTM, CNC y CNOP y las dos bancadas legislativas operen en modo avión con López Obrador, se desconecten de la realidad política para sumarse con entusiasmo a la 4T oficial.

Sin cambios en la estrategia y con Peña al mando del PRI, los escenarios priístas para 2021 serán patéticos: el PRI tiene hoy 46 diputados, el 9.2% del total de diputados y en 2018 apenas logró 9.2 millones de votos, de 56 millones de votantes. El padrón electoral de 9 millones entregados al INE bajó a 1.4 millones y podría disminuir más en la revisión de cada militante que hace el INE.

Las primeras tendencias electorales sin candidatos adelantan que Morena hoy en día podría ganar doce de las quince gubernaturas en disputa el próximo año y mantener –aún con menos votos- la primera minoría legislativa.

Lo que el PRI no ha alcanzado a entender es que la derrota del 2018 fue contundente y no sólo por los 9 millones de votos priistas que se fueron a López Obrador, sino porque Morena llegó con el plan estratégico de sustituir al PRI como eje del sistema político. El PRI de Peña Nieto cree que podría repetirse el modelo de 2000 y 206: el PAN ganó la presidencia, pero tuvo que cogobernar con un PRI que se mantuvo como primera minoría. Hoy Morena es mayoría legislativa y el PRI es un estorbo.

En este sentido, está liquidado el PRI de Plutarco Elías Calles (el presidencialismo absolutista), Lázaro Cárdenas (las corporaciones productivas como pilares del partido), Miguel Alemán (el dominio de las élites) y Carlos Salinas de Gortari (el neoliberalismo de partido). Morena está ocupando esos cuatro espacios. Y ante el desafío de repensar el PRI, el tricolor sólo está negociando –“bailando con el diablo”, en realidad– para salvar a Peña Nieto, aunque se hunda como partido con el lastre de las pruebas contundentes presentadas contra esa facción priísta.

El problema se le está complicando al PRI por las denuncias de corrupción y enriquecimiento personal del actual dirigente formal del partido, Alito, reveladas por Reforma el año pasado y las investigaciones oficiales en curso que están arrinconando al exgobernador de Campeche y a su familia. Y siguen avanzando las investigaciones sobre el contrato de 10 mil millones de pesos negociado por Alejandro Murat Hinojosa, actual gobernador de Oaxaca, cuando era director del Infonavit. El actual gobierno lopezobradorista exigió al grupo inmobiliario israelí el regreso del dinero, los afectados prometieron 5 mil millones y sólo entregaron 2 mil. Pero fue uno de los casos más corruptos en el gobierno de Peña Nieto. Hoy Murat Hinojosa es perfilado por su padre –presidente real del PRI– como aliado de López Obrador, diputado el próximo año, jefe de la bancada priísta y candidato presidencial priista en el 2024.

En este sentido, los priístas peñistas están haciendo sus cálculos de facción, sin pensar que el PRI se está hundiendo por las acusaciones de corrupción contra Peña Nieto.

Así que el dilema del PRI en su 91 aniversario y rumbo a su XXII asamblea está planteado: evitar el encarcelamiento de peñanietistas entregándole el partido a López Obrador o salvar al partido con la expulsión a Peña Nieto, Videgaray, Ochoa Reza y los gobernadores corruptos.

No hay más opciones.

 

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Política para dummies: La política es el momento de tomar decisiones radicales.

 

http://indicadorpolitico.mx

indicadorpoliticomx@gmail.com

@carlosramirezh

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Un hombre, una mujer y Fátima

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Análisis a Fondo

Francisco Gómez Maza

 

· Gladis Giovana y Mario Alberto, los “indiciados”

· Podrían ser acreedores de 140 años de prisión

Identificados los presuntos asesinos de la pequeña Fátima: Gladis Giovana Cruz Hernández y Mario Alberto Reyes Nájera.

Aquí está su fotografía, distribuida por la Fiscalía de la Ciudad de México.

Rápido se mueve la fiscal Ernestina Godoy Ramos. No le queda de otra. El mundo está indignado con el asesinato – feminicidio – de una pequeñita, toda dulzura.

El crimen conmovió a millones. Y ahora, la abogada de la ciudad tiene que llegar a las últimas consecuencias. Más le vale.

La Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México va en camino. Esperamos que pronto dé con el paradero de los asesinos y los presente ante el juez, y le pida a éste la mayor de las penas para quienes secuestraron y asesinaron a la nena.

La Oficina de la fiscal informó que el agente del Ministerio Público, auxiliado por Policías de Investigación y peritos especializados en las materias de criminalística, fotografía, identificación con Laboratorio móvil, química y genética, en plena coordinación con policías de la Secretaría de Seguridad Ciudadana, acudió a un inmueble ubicado en la calle San Felipe de Jesús, en la colonia del mismo nombre, alcaldía Xochimilco, y, una vez cateado, dio con la información que le permitió identificar a Gladis Giovana y Mario Alberto.

Credenciales de identificación, fotografías, ropa y otros objetos personales le permitieron al MP obtener información de las dos personas relacionadas con la desaparición de la menor.

La mujer habría sido quien sustrajo a la niña de su escuela, y es la que aparece en los videos grabados por las cámaras de seguridad de un domicilio particular. El hombre, presume el MP, podría estar relacionado con los hechos.

Por el momento, el vocero de la Fiscalía, Ulises Lara López, el MP, adscrito a la Fiscalía Especial para la Investigación del Delito de Secuestro (FAS), judicializará la carpeta de investigación por el delito de privación ilegal de la libertad con la finalidad de hacer daño, por lo que, en las próximas horas solicitará ordenes de aprehensión en contra de Gladis Giovana Cruz Hernández y Mario Alberto Reyes Nájera, que andarían a salto de mata. De ser éstos los asesinos el juez podría condenarlos entre 80 y 140 años de prisión, como lo señala el Código Penal del Distrito Federal. Por supuesto que la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México solicitará a la autoridad judicial todo el peso de la ley para castigar a quienes tuvieron participación en este indignante hecho.

La instrucción de Godoy Ramos, quien encabeza las investigaciones, es llegar hasta las últimas consecuencias y obtener la mayor penalidad que las leyes permitan ante la comisión de un hecho que ha conmocionado a todos los mexicanos, advirtió el vocero.

Mientras tanto, el mundo está pendiente de este caso que podría convertirse en un paradigma de la lucha de la sociedad mexicana en contra de los secuestradores y feminicidas, particularmente. Y mucho más profundo: en contra de quienes ceban su odio en los pequeños, les causan dolor y la muerte, y enloquecen a los papás, ella y él.

Francisco Gómez Maza

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Un hombre, una mujer y Fátima

NIÑA2

Análisis a Fondo

Francisco Gómez Maza

 

· Gladis Giovana y Mario Alberto, los “indiciados”

· Podrían ser acreedores de 140 años de prisión

Identificados los presuntos asesinos de la pequeña Fátima: Gladis Giovana Cruz Hernández y Mario Alberto Reyes Nájera.

Aquí está su fotografía, distribuida por la Fiscalía de la Ciudad de México.

Rápido se mueve la fiscal Ernestina Godoy Ramos. No le queda de otra. El mundo está indignado con el asesinato – feminicidio – de una pequeñita, toda dulzura.

El crimen conmovió a millones. Y ahora, la abogada de la ciudad tiene que llegar a las últimas consecuencias. Más le vale.

La Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México va en camino. Esperamos que pronto dé con el paradero de los asesinos y los presente ante el juez, y le pida a éste la mayor de las penas para quienes secuestraron y asesinaron a la nena.

La Oficina de la fiscal informó que el agente del Ministerio Público, auxiliado por Policías de Investigación y peritos especializados en las materias de criminalística, fotografía, identificación con Laboratorio móvil, química y genética, en plena coordinación con policías de la Secretaría de Seguridad Ciudadana, acudió a un inmueble ubicado en la calle San Felipe de Jesús, en la colonia del mismo nombre, alcaldía Xochimilco, y, una vez cateado, dio con la información que le permitió identificar a Gladis Giovana y Mario Alberto.

Credenciales de identificación, fotografías, ropa y otros objetos personales le permitieron al MP obtener información de las dos personas relacionadas con la desaparición de la menor.

La mujer habría sido quien sustrajo a la niña de su escuela, y es la que aparece en los videos grabados por las cámaras de seguridad de un domicilio particular. El hombre, presume el MP, podría estar relacionado con los hechos.

Por el momento, el vocero de la Fiscalía, Ulises Lara López, el MP, adscrito a la Fiscalía Especial para la Investigación del Delito de Secuestro (FAS), judicializará la carpeta de investigación por el delito de privación ilegal de la libertad con la finalidad de hacer daño, por lo que, en las próximas horas solicitará ordenes de aprehensión en contra de Gladis Giovana Cruz Hernández y Mario Alberto Reyes Nájera, que andarían a salto de mata. De ser éstos los asesinos el juez podría condenarlos entre 80 y 140 años de prisión, como lo señala el Código Penal del Distrito Federal. Por supuesto que la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México solicitará a la autoridad judicial todo el peso de la ley para castigar a quienes tuvieron participación en este indignante hecho.

La instrucción de Godoy Ramos, quien encabeza las investigaciones, es llegar hasta las últimas consecuencias y obtener la mayor penalidad que las leyes permitan ante la comisión de un hecho que ha conmocionado a todos los mexicanos, advirtió el vocero.

Mientras tanto, el mundo está pendiente de este caso que podría convertirse en un paradigma de la lucha de la sociedad mexicana en contra de los secuestradores y feminicidas, particularmente. Y mucho más profundo: en contra de quienes ceban su odio en los pequeños, les causan dolor y la muerte, y enloquecen a los papás, ella y él.

Francisco Gómez Maza

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El impacto del asesinato de Fátima y los feminicidios, llegó al Congreso  

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TRAS LA PUERTA DEL PODER

Roberto Vizcaíno 

La ola de indignación social que se abate por todo el país luego del asesinato y violación de Fátima, una niña de apenas 7 años de edad y la muerte de Ingrid Escamilla quien fue brutalmente descuartizada por su pareja, llegó ayer con toda su fuerza a las tribunas y los plenos del Senado y la Cámara de Diputados.

Ahí, los líderes de las fracciones las presidentas de las mesas directivas y de las diversas comisiones con alguna relación para el respeto de las mujeres y los niños y niñas, expresaron sus inquietudes y rechazo a estos hechos y exigieron y se comprometieron a endureces leyes y penas, y a diseñr protocolos de cuidado tanto a las mujeres como a los menores en sus escuelas.

Afectada en lo personal como madre, Laura Rojas, presidenta de la la Cámara de Diputados intervino en el debate abierto sobre el tema para fijar su posición que fue la posición de prácticamente todas las legisladoras en San Lázaro:  

“Hay que dejar de minimizar el problema…

“Nos están matando.

“Ya se ha dicho mucho en esta tribuna el día de hoy, ya se ha dicho mucho en las plazas, en las marchas, en los medios de comunicación, en las redes sociales.

“Ya se ha dicho mucho y lo seguiremos diciendo hasta que las muertes de mujeres y niñas paren.

“Hasta que las frases, las quejas de “nos la mataron”, dejen de oírse en los velatorios, hasta que asumamos que la nuestra es una sociedad machista, violenta, feminicida y empecemos a cambiar.

“Hasta que las autoridades todas, dejemos de minimizar el problema y las exigencias de solución.

“Lo seguiremos diciendo hasta que los ministerios públicos dejen su indolencia y su burocratismo ante las denuncias de mujeres violentadas y desaparecidas.

“Hasta que las fiscalías y los juzgados se tomen en serio su obligación de terminar con la impunidad y aprendan a impartir justicia con perspectiva de género.

“Hasta que los poderes ejecutivos de todo el país inviertan suficiente dinero público en proteger nuestra integridad y nuestra vida.

“Y hasta que esta Cámara de Diputados empiece a tomar decisiones autónomas en materia presupuestal y asigne esos recursos suficientes a una política integral de prevención y atención de las violencias en razón de género.

“Nos están matando y ¡hay que hacer algo ya!.

“En México se matan a 10 mujeres al día por el simple hecho de ser mujer. La violencia feminicida no es nueva, pero va en aumento y

“varios casos nos han horrorizado en los últimos meses.

“Uno fue el de Abril Pérez asesinada a balazos en noviembre de 2019, previamente víctima de violencia por su esposo (el esposo la golpeó previamente con un bat, el hijo de ambos la salvó, fue encarcelado y un juez lo liberó… luego, al salir de una audiencia y sicario la mato a balazos).

“Entre el 8 y el 9 de febrero Ingrid Escamilla fue asesinada y brutalmente descuartizada por su pareja.

“Y solo una semana después, Fátima, de apenas 7 años, torturada, violada y asesinada.

“¿Cuántas más?… Somos una sociedad enferma que lastima y mata”, concluyó la presidenta de los diputados federales..

Recordó que la ONU dijo que el asesinato de Fátima fue:

“El feminicidio de una niña es el fracaso de una sociedad, es un motivo de vergüenza para todos y un obstáculo central para el desarrollo igualitario, sostenible e inclusivo.”

“Pongamos manos a la obra desde esta Cámara.

“Hemos dado un buen primer paso con la conformación del grupo plural integrado por representantes de todos los grupos parlamentarios y las presidentas y presidentes de comisiones que tienen que ver con la agenda de igualdad sustantiva, particularmente con el grupo técnico de diputadas y diputados que estará trabajando con la Fiscalía General de la República para fortalecer el tipo penal de feminicidio, así como con las fiscalías de los estados para homologarlo en todo el país.

“El diálogo entre el fiscal general de la República y este grupo plural de diputadas no solo conjuró la idea de desaparecer el delito de feminicidio, sino que esperamos resulte en una dinámica de colaboración que dé resultados tangibles a la brevedad.

“Pero fortalecer el tipo penal no basta, la dimensión, urgencia y gravedad del problema, ameritan la restitución de una Fiscalía Especializada para atención a delitos contra mujeres, amerita la aprobación de una ley general tal y como lo ha recomendado la ONU y la OEA a través de su Ley Modelo Interamericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Muerte Violenta de Mujeres y Niñas, y también, repito, necesitamos asignar recursos presupuestales para atender el problema.

“Quiero terminar haciendo un llamado a la unidad. La solución a la violencia feminicida nos convoca a todas y todos y es responsabilidad de todos: alcaldes, gobernadores, presidente de la República, Fiscalías, Poder Judicial y Poder Legislativo, todos los poderes y todos los órdenes de gobierno.

“Recuerdo ahora ese coro lapidario del himno feminista “Un violador en tu camino”: Y la culpa no era mía, ni donde estaba ni cómo vestía. El violador eras tú. Son los pacos, son los jueces, el Estado.

“Nosotros compañeros y compañeras somos parte del Estado así que hagamos nuestro trabajo, hagámoslo a paso pronto y en unidad, para recuperar nuestro derecho a vivir libres de violencias, nuestro derecho a vivir en paz”, subrayó.

EN SENADO, PROTOCOLO Y COMISIÓN DE SEGUIMIENTO

 En la colegisladora, en el Senado, la senadora oaxaqueña Susana Harp Iturribarría propuso la creación de un mecanismo de protección en recintos de cuidado infantil y en centros escolares de educación preescolar y primaria, a fin de garantizar la entrega de niñas y niños de manera segura a los padres de familia o tutores.

Desde la tribuna, la legisladora de Morena explicó que el objetivo de esta iniciativa es establecer un medio para ampliar la red de seguridad de niñas y niños, fortalecer el compromiso de protección de los adultos hacia menores y reducir cualquier posibilidad de que se repitan casos tan dolorosos, como el de Valeria, Fátima o el de tantos niños en el país.

A su vez Ricardo Monreal, presidente de la Junta de Coordinación Política, indicó que todos estos hechos muestran una grave y profunda descomposición social  que no es producto de unos cuantos meses, sino de  una etapa larga de abandono de todos los esquemas de protección.

“Se relajó y abandonó el sistema de justicia, y ahora tenemos las consecuencias, que nos obliga a reflexionar sobre cómo implementar protocolos, mecanismos urgentes de atención a víctimas y de prevención”.

Monreal apoyó la propuesta de la senadora panista Josefina Vázquez Mota, para crear una comisión especial pluripartidista de seguimiento de las investigaciones en el caso del asesinato de Fátima y para la creación de protocolos de protección en las escuelas del país.

Otro tema será, dijo, el de homologar urgentemente leyes de protección de las mujeres para abatir los feminicidios.

 

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Feminicidios por progres machos, no por neoliberales; falla Gobernación

feminicidio

 

INDICADOR POLÍTICO

Carlos Ramírez

 

Si se revisa con frialdad la tendencia de violencia de todo tipo contra las mujeres, en realidad no es culpa del neoliberalismo que tenía muy bien precisados los roles de dependencia; el ciclo progresista liberó la actividad femenina fuera del hogar –por decisión o por masculinismo hipócrita de la izquierda– sin cambiar la mentalidad. Ahora el machismo progresista se conoce como discriminación de género.

Quien no recuerda que las camaradas de la izquierda socialista sólo servían de apoyo sexual a sus compañeros o para atender cocinas, inclusive en la guerrilla. El concepto de equidad de género ha naufragado por decisión de los progresistas que resisten la competitividad femenina en función de una mayoría de mujeres sobre los hombres en la vida productiva.

Ahora mismo existe u regateo institucional hacia el concepto de feminicidio o asesinatos de mujeres por su condición de género. Pero el asunto se complica más cuando se revisan las cifras oficiales crecientes de seguridad en los renglones, varios, de agresiones de género o sexuales que revelan estallidos de machismo violento y criminal ante la pasividad de las autoridades, sean masculinas o femeninas.

Por lo demás, el concepto de feminicidio es sexista porque asume una condición de fragilidad de la mujer con respecto a las agresiones entre hombres. Lo que queda por aclarar si las leyes para proteger a las mujeres de la violencia es sexista o responde a decisiones del Estado para castigar al machismo que asume por sí mismo la debilidad femenina.

En este sentido, la violencia contra las mujeres debe encararse con la fuerza de la ley, aunque con las pruebas contundentes de la realidad que el mecanismo de “alerta de género” que contempla la Ley General de Acceso a las Mujeres a una Vida Libre de Violencia de 2007 sencillamente no funciona o no se aplica con el criterio de emergencia que implica. La Ley señala con claridad que la Secretaría de Gobernación preside el sistema nacional para prevenir, atender, sancionar y erradicar la violencia contra las mujeres, pero es la dependencia más desdibujada, para decir lo menos, ante una ola de feminicidios del último año, con el dato mayor de que Segob está dirigida por una mujer.

Lo grave de todo radica en el hecho de que la ley enfocó el problema de manera integral, no sólo de castigo a feminicidas. Como nunca, la queja de acoso sexual o acoso laboral ha crecido en el actual gobierno progresista y de manera muy acusada existen datos de que el sector judicial es el que más discrimina a la mujer con acosos administrativos y sexuales, sin que las autoridades del sector atiendan las quejas.

La falla de Gobernación debe llevar a decisiones drásticas. La fracción X del artículo 42 establece las atribuciones de la Secretaría de Gobernación y señala con claridad la tarea de “vigilar y promover directrices para que los medios de comunicación favorezcan la erradicación de tipos de violencia y se fortalezca la dignidad y el respecto hacia las mujeres” y la fracción XI establece de manera estricta la responsabilidad a Gobernación de “sancionar conforme a la ley a los medios de comunicación que no cumplan con lo establecido en la fracción X”. Las quejas por la publicación de fotos de feminicidios recientes deben obligar a Gobernación a aplicar la ley, pero tiene que decidir si es burócrata del gabinete o mujer con convicciones.

De acuerdo con la ley de protección a las mujeres (http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/pdf/LGAMVLV_130418.pdf, por si la secretaria Sánchez Cordero quisiera enterarse), Gobernación tiene quince facultades estrictas en materia de delitos de género, pero ha fallado y fracasado por las cifras de feminicidios, de agresiones a las mujeres y de acosos han aumentado, no ha cumplido con el mandato de diseñar una política integral con perspectiva de género para promover la cultura de respeto a los derechos humanos de las mujeres y carece de un diagnóstico nacional sobre todas las formas de violencia,.

De ahí que los feminicidios no sean responsabilidad del neoliberalismo, sino del incumplimiento de una Ley de protección a las mujeres que la actual administración, como las de Calderón y Peña Nieto, no ha ejecutado.

 

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Trump, el rey de los apodos. Una de sus armas favoritas de Trump para atacar adversario es su genialidad en poner apodos: Crooked Hillary (deshonesta Hillary), Lyin’ Ted (Ted el mentiroso), Sleepy Joe (Joe el dormilón), Crazy Bernie (loco Bernie), Shifty Schiff (Schiff el engañoso), Cryin’ Chuck (Chuck el llorón), Pocahontas (Warren, en una alusión a la hija del jefe de una tribu india del siglo XVII), Mini Mike (Mike miniatura a Bloomberg). En la democracia estadunidense todo se vale, absolutamente todo.

Política para dummies: La política es el arte de cambiar la narrativa.

 

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No tiene perdón de Dios

FÁTIMA

Análisis a Fondo

Francisco Gómez Maza

 

· Para el asesino, la ¿pena máxima?

· En el fondo está la mala educación

La muerte violenta de mujeres por razones de género, tipificada en nuestro sistema penal como feminicidio, es la forma más extrema de violencia contra la mujer, se lee en el blog de la Comisión Nacional para Prevenir y Erradicar la Violencia Contra las Mujeres.

¿Y cómo podrá definirse el secuestro, la tortura y el asesinato de una niña que ni siquiera llega a la pubertad?

Simplemente, no tiene nombre. Es un acto de crueldad, cuyo nombre y calificativo simplemente no están en ningún diccionario y menos en la enciclopedia de mi memoria. No lo puedo imaginar.

Un acto de tal naturaleza, contra lo más hermoso de la naturaleza, la vida humana, la vida de un pequeñito, la vida, la alegría, la inteligencia, el cuerpo de una niña, merece la máxima pena.

No sé cuál sea la pena máxima, pero ¿no le parece al más sabio de los pensadores, al más humano de los seres humanos, al más ser humano de los humanos, que este asesino merece una venganza similar a su crimen? Y no me vayan a salir algunos moralistas defensores que los criminales merecen respeto. No. No lo merecen. O con todo el respeto que se merecen deben pagar su abominable crimen.

Pero en medio de todo este infierno reina la mala educación. La educación que se da, primero, en la familia. La que da la madre haciendo diferencias entre niños y niñas y dando trato preferencial a los varones. La niña debe estar supeditada al niño.

La sociedad está mal educada en todos sus estancos, en todas sus clases sociales. La mujer está destinada a ser el placer del varón. Y el varón mal educado, o sin ninguna buena educación, como es macho, tiene derecho a secuestrar, violar, matar, y hasta descuartizar.

Qué horrible se oye, pero en el fondo del asunto está la mala educación. Y la ola de violencia, entonces, no se parará con discursos, con análisis sociológicos, con juicios penales, con cárceles, sino con una revolución cultural seria que ponga a la educación, la buena educación, como el arte de crear un hombre, una mujer, totalmente plenos de conciencia de su ser, de su actuar, de sus relaciones sociales y económicas, de su cultura, de su destino.

De acuerdo con el criterio de la lógica, se dice que la violencia contra las mujeres tiene su origen en la desigualdad de género; es decir, en la posición de subordinación, marginalidad y riesgo en la cual éstas se encuentran respecto de los hombres. Es lo mismo que escribimos más arriba. Pero, insisto, en el fondo, como fundamento, está la mala educación.

En el Código Penal Federal, el feminicidio se encuentra tipificado en el artículo 325, el cual establece lo siguiente: “Comete el delito de feminicidio quien prive de la vida a una mujer por razones de género. Se considera que existen razones de género cuando concurra alguna de las siguientes circunstancias:

La victima presente signos de violencia sexual de cualquier tipo;

A la víctima se le hayan infligido lesiones o mutilaciones infamantes o degradantes, previas o posteriores a la privación de la vida o actos de necrofilia;

Existan antecedentes o datos de cualquier tipo de violencia en el ámbito familiar, laboral o escolar, del sujeto activo en contra de la víctima;

Haya existido entre el activo y la victima una relación sentimental, afectiva o de confianza;

Existan datos que establezcan que hubo amenazas relacionadas con el hecho delictuoso, acoso o lesiones del sujeto activo en contra de la víctima;

La victima haya sido incomunicada, cualquiera que sea el tiempo previo a la privación de la vida;

El cuerpo de la víctima sea expuesto o exhibido en un lugar público.”

Comúnmente los homicidios que se cometen contra las mujeres no son investigados tomando en consideración que podrían tratarse de feminicidios.

Por esta razón, el Modelo de protocolo latinoamericano de investigación de las muertes violentas de mujeres por razones de género recomienda que todas las muertes violentas de mujeres que, en principio, parecerían haber sido causadas por motivos criminales, suicidio y accidentes, deben analizarse con perspectiva de género, para poder determinar si hubo o no razones de género en la causa de la muerte y para poder confirmar o descartar el motivo de ésta.

En este mismo tenor se encuentra la sentencia de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) relacionada con el caso de Mariana Lima Buendía, la cual establece que en el caso de muertes de mujeres se debe:

Identificar las conductas que causaron la muerte de la mujer;

Verificar la presencia o ausencia de motivos o razones de género que originan o explican la muerte violenta;

Preservar evidencias específicas para determinar si hubo violencia sexual;

Hacer las periciales pertinentes para determinar si la víctima estaba inmersa en un contexto de violencia.

Conocer estas herramientas para la investigación y actuación en los casos de feminicidio es un gran paso para la procuración de justicia.

Para más información, puede consultase el estudio La Violencia Feminicida en México, aproximaciones y tendencias 1985-2014.

Pero todas estas acciones deberían elevarse al infinito, en el caso del feminicidio, del secuestro, violación, asesinato de una niña. Como decían las abuelas y los abuelos, esto no tiene perdón de Dios.

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El ejército y la nueva doctrina de defensa: desarrollo y bienestar

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INDICADOR POLÍTICO

Carlos Ramírez

Si la existencia de una doctrina de seguridad interior se ha mantenido en todo el tránsito constitucional, el temor a las fuerzas armadas siempre ha prevalecido. Pero el gobierno lopezobradorista ha dejado en claro que el papel de las fuerzas armadas ha definido nuevas funciones orgánicas: no sólo resguardar la seguridad del Estado, sino participar de manera directa en el funcionamiento del desarrollo y el bienestar.

La doctrina de seguridad interior ha existido desde la Constitución de Cádiz de 1812:

“La seguridad interior en la función del Estado de velar por la seguridad y el orden interno, manteniendo el imperio de la Constitución y de las demás leyes que de ésta emanen, para generar las condiciones necesarias para el desarrollo de la nación, previendo y controlando actos antisociales o contra el Estado, llevadas a cabo por personas o grupos transgresores de la ley, cuya actuación delictiva se encuentra prevista por las leyes del fuero común y federal”. (Colegio de Defensa Nacional.)

El primer paso fue dado con la constitucionalización del papel de las fuerzas armadas en seguridad pública como parte de sus funciones en materia de seguridad interior. En el Quinto Transitorio de la reforma constitucional para crear la Guardia Nacional, se aprobó el marco jurídico para las fuerzas armadas en seguridad:

“Durante los cinco años siguientes a la entrada en vigor del presente decreto (14 de marzo de 2019), en tanto la Guardia Nacional desarrolla su estructura, capacidades e implantación territorial, el presidente de la república podrá disponer de la fuerza armada permanente en tareas de seguridad pública de manera extraordinaria regulada, fiscalizada, subordinada y complementaria”.

Pero por razones de eficacia, lealtad y honestidad y capacidad productiva, el gobierno lopezobradorista ha asignado tareas no militares a las fuerzas armadas, sobre todo la tarea gigantesca de construir el nuevo aeropuerto internacional en el campo aéreo de Santa Lucía. Los militares son los responsables de la obra de construcción y arquitectura, lo que habla de la eficacia de los ingenieros militares en diseños no sólo de obra negra sino de propuestas arquitectónicas modernistas. Además, los militares seguirán garantizando la estabilidad social para la producción y el desarrollo en zonas recuperadas de dominio delictivo y criminal.

En este contexto, el discurso del general secretario Luis Cresencio Sandoval González el domingo 9 de febrero en el recordatorio del Día de la Lealtad dejó en claro el papel del ejército en el desarrollo:

“Ejército, armada y fuerza aérea damos el mejor esfuerzo para cumplir con las misiones orgánicas que tenemos prescritas y las tareas que desarrollamos desde la frontera norte hasta la sur, tanto en materia de seguridad pública como en los rubros que tienden al crecimiento y al desarrollo del país”.

La parte importante del discurso del general secretario no fue en la declaración de lealtad y apoyo al proyecto del gobierno en turno, sino en la consolidación de tareas no militares y  detonadoras del desarrollo. Hasta hora no se ha entendido el mensaje importante de la construcción del nuevo aeropuerto por ingenieros militares, luego de los casos de ineficacia y corrupción de constructoras civiles en el aeropuerto de Texcoco.

En este sentido, la fuerza armada da un paso activo en su tarea de garantizar la seguridad interior como condiciones para el desarrollo y el bienestar y para participar como fuerza productiva en tareas económicas en las que los civiles fallaron. Ahí es donde la nueva doctrina de defensa nacional extiende el papel protagónico de las fuerzas armadas en la construcción del desarrollo, no sólo combatiendo a las organizaciones delictivas que habían creado un Estado paralelo en zonas territoriales del Estado constitucional, sino usando su fuerza productiva en obras civiles para el bienestar. El general secretario enlistó las razones de los militares en proyectos productivos civiles: su garantía de profesionalismo, honestidad, trabajo constante y lealtad.

 

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Morelos, ¿ahora sí? Información proveniente de Morelos indica que al parecer ahora sí habrá acciones legales contra la corrupción escandalosa en el gobierno anterior del perredista Graco Ramírez Garrido Abreu y sus conductas autoritarias y hasta mafiosas al obligar a ciudadanos a venderle propiedades y echar del estado a disidentes y críticos. A pesar de las pistas, existe la posibilidad de un arreglo en lo oscurito para eludir el brazo de la justicia. Porque evidencias hay muchas, más que suficientes.

Cursos: los interesados en los cursos de actualización y especialización del Mtro. Carlos Ramírez pueden encontrar datos y contactos en http://indicadorpolitico.mx

Política para dummies: La política es el mensaje de las circunstancias.

 

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