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Ciudad de México, 16 de Septiembre  (JUAN R. HERNANDEZ/CÍRCULO DIGITAL).-Luego de que el grupo parlamentario de Morena presentó ante el Pleno de la Cámara de Diputados un punto de acuerdo para exhortar a diversas autoridades a suspender de manera inmediata e indefinida el proceso de evaluación docente, la diputada Cynthia López Castro (PRI) calificó de absurda la petición, ya que “el cumplimiento de la Ley no está sujeta a los caprichos de nadie”.

“Los legisladores de Morena engañan a la sociedad y a los medios de comunicación al asegurar que tras la presentación de ese exhorto, en automático se dejarán de implementar las evaluaciones. Lo que el grupo parlamentario del PRI quiere es dar a conocer, con peras y manzanas, los beneficios de la evaluación”, añadió.

“Aquí, en el Congreso, dicen que ya no se evaluarán, mientras que el próximo secretario de Educación comenta que establecerán una nueva forma de evaluar al magisterio, sin que se condicione su permanencia laboral; entonces, están engañando a la gente”, expresó la legisladora.

Manifestó que la ciudadanía castigará a Morena por este tipo de acciones irresponsables, ya que legislativamente no es el proceso para revocar la reforma. Necesitamos dignificar la profesión docente y eso se hará a través de la evaluación, recalcó López Castro.

Desde que se implementó la Reforma Educativa y con ello la Evaluación Docente, dijo, alrededor de 207 mil maestros han obtenido una plaza por concurso y más de 100 mil profesores en toda la República cuentan con incentivos salariales del 35 por ciento, de acuerdo al resultado de sus evaluaciones.

Eso quiere decir que mientras más se capaciten los docentes y tengan un buen nivel educativo, podrán tener mayores remuneraciones, sostuvo.

Hizo ver que como dijo el presidente Enrique Peña Nieto en su Sexto Informe de Gobierno, después de la aprobación de la Reforma Educativa se recuperó la rectoría de la educación, y dejó de ser rehén de otros fines. El sistema educativo no reconocía el esfuerzo de los maestros, ya que había clientelismo y poca calidad.

La diputada priista recordó que cuando no había evaluación, las plazas para ser maestro se vendían entre 100 mil y 300 mil pesos. Actualmente se les dan tres oportunidades para aprobar el examen, y en caso de ser negativo el resultado, son cambiados a tareas administrativas, nadie pierde sus derechos laborales. Los maestros no son sancionados, la evaluación no castiga a los maestros, aseveró.

Afirmó que Morena tiene un grupo parlamentario donde el 60 por ciento de los legisladores “no cuenta ni con licenciatura”. Si los entrevistan sobre lo que aprobaron no van a saber ni el tema; “los invito a que conozcan los argumentos de la evaluación docente y que pongamos a consideración de los padres de familia, maestros y directores, los beneficios de esa acción”, indicó.

Cynthia López puntualizó que como en su momento se realizaron los Foros de Consulta Nacional para la revisión del modelo educativo, se continuarán con espacios para escuchar las voces de los profesores, de los padres de familia, incluso la opinión internacional, y las propuestas de la Unesco en la materia. Toda ley es perfectible, y si después de los foros se acuerdan modificaciones o “echarla atrás, adelante”, subrayó.

Finalmente, recalcó que los niños del país necesitan una mejor educación y que ésta se dará cuando los profesores estén mejor capacitados y evaluados. “Queremos que sepan lo que gana un niño en las clases al tener a un profesor que acredite sus evaluaciones”.

Ciudad de México, 23 de Agosto (MENSAJE POLÍTICO/CÍRCULO DIGITAL).-Por unanimidad, el Consejo General del Instituto Nacional Electoral (INE) aprobó el financiamiento público para partidos políticos nacionales por cuatro mil 965 millones 828 mil 351 pesos, para el próximo año.

Al exponer el documento fue avalado, el consejero Benito Nacif Hernández, presidente de la Comisión de Prerrogativas y Partidos Políticos, explicó que la bolsa que corresponde por partido se establecerá una vez que jurídicamente se tenga la certeza de qué partidos perderán su registro.

En esta situación se encuentran los partidos Encuentro Social y Nueva Alianza, debido a que no alcanzaron el umbral del tres por ciento de votación válida nacional en cualquiera de las tres elecciones federales: Presidente de la República, diputados federales y senadores.

Nacif Hernández detalló que por ahora el INE nombrará dos interventores de manera preventiva para que vigile los activos y recursos que tienen estos partidos, con el fin de que no se haga mal uso, y esperarán a que el Tribunal Electoral federal termine de analizar y resolver las impugnaciones que existen sobre las elecciones para saber si mantienen o no el registro.

Dejó claro que la distribución por partido la hará el Consejo General, de acuerdo con las fórmulas establecidas en la Constitución, una vez que se tenga la certeza jurídica respecto al número de partidos que conservan su registro para el año 2019.

El importe total avalado se establece de la siguiente manera: para actividades ordinarias, cuatro mil 728 millones 699 mil 868; para actividades específicas, 141 millones 860 mil 996; para franquicia postal, 94 millones 573 mil 997, y para franquicia telegráfica, 963 mil 490 pesos.

Cabe señalar que el importe del financiamiento público es para actividades específicas como educación, capacitación, investigación socioeconómica y política, así como a las tareas editoriales en el año 2019, para lo cual se contemplan 141 millones 860 mil 996 pesos.

Para el rubro de franquicias postales que corresponde a cada partido político nacional para el próximo año es de 94 millones 573 mil 997 pesos; mientras que para franquicias telegráficas asciende a 693 mil 490 pesos.

Finalmente, se instruyó que el acuerdo avalado se notifique en sus términos a los representantes de los partidos acreditados ante el Consejo General, así como a la Comisión de Fiscalización, ambos del INE, y se publique en el Diario Oficial de la Federación (DOF).

Ciudad de México, 17 de Agosto (MENSAJE POLÍTICO/CÍRCULO DIGITAL).-La diputada María Victoria Mercado Sánchez (MC), promueve reformas al artículo 390 Bis del Código Penal Federal para aumentar las sanciones a quien, en detrimento de la sociedad conyugal o patrimonio común generado durante el matrimonio o concubinato, oculte, transfiera o adquiera a nombre de terceros bienes, es decir, cometa fraude familiar.

La legisladora secretaria de la Comisión de Atención a Grupos Vulnerables, busca que en el Código Penal se estipule un castigo para este ilícito de entre cuatro a seis años de prisión y hasta 500 días multa, pues en la actualidad se contemplan penas de uno a cinco años de cárcel y hasta 300 días de sanción económica.

Sostuvo que de acuerdo con datos de la Primera Visitaduría General de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, tres de cada cuatro hijos de padres separados no reciben pensión alimenticia.

Añadió que esta problemática es generada por una serie de falsedades que los deudores alimentarios emplean para evadir su responsabilidad, manifestando dolosamente que su salario es inferior al que en realidad perciben.

En otras ocasiones, los infractores solicitan a su patrón o a las empresas donde trabajan que informen que sus ingresos son menores, y se colocan intencionalmente en estado de insolvencia, lo que vulnera los derechos de la infancia y de las mujeres.

Además, refiere que en el país, 67.5 por ciento de las madres solteras no reciben pensión alimenticia, mientras que 11.8 millones de madres viven en situación de pobreza y están ubicadas en mayor porcentaje en los estados de Chiapas, Guerrero, Puebla, Oaxaca y Tlaxcala.

La iniciativa turnada a la Comisión de Justicia refiere que la principal consecuencia de la disolución del vínculo matrimonial es la afectación que sufren niñas y niños por el abandono emocional del padre, pero se torna más difícil cuando se vulnera su derecho a la alimentación y se coloca a las madres de familia en desventaja, al quedarse sin los recursos económicos suficientes para cubrir las necesidades de las hijas e hijos.

Es por ello que la diputada Mercado Sánchez considera que al enfrentar un matrimonio o concubinato un divorcio o separación, los bienes materiales pueden resultar un problema, cuando alguno de ellos, con el ánimo de perjudicar al otro, traspasa o los pone a nombre de otra persona o de algún familiar, afectando el patrimonio de la contraparte, así como a las hijas e hijos derivando en el delito de fraude familiar.

Manifestó que de aprobarse esta reforma se lograría velar y cumplir con el principio de interés superior de la niñez, y garantizar la satisfacción de sus necesidades básicas para su desarrollo, como la alimentación, educación, salud, vivienda y recreación

Ciudad de México, 14 de Agosto (AMPRYT/CÍRCULO DIGITAL).-A poco más de 19 meses de la agresión que sufrió Roberto González a manos de su vecino Rodrigo Galán y su esposa, en la que el daño que le dejó fue quedar apopléjico, las autoridades de Quintana Roo no han ejercido acción penal.

“Pedimos a nuestro presidente electo Andrés Manuel López Obrador justicia para mi esposo y mi familia, ellos destruyeron mi familia” afirmó Rosalía Pérez, esposa de Roberto González luego de realizar una manifestación frente a las oficinas del presidente electo.

Amigos y familiares, quienes portaban pancartas, a través de las cuáles mostraron su inconformidad contra las autoridades de Playa del Carmen, por la falta de celeridad a la resolución del caso mientras Rodrigo Galán y su esposa siguen en la impunidad.

Han pasado 19 meses desde la agresión. Desde entonces, Roberto González no habla, no camina y no puede abandonar la cama, donde hoy continúa recibiendo todo tipo de terapias.

Posteriormente, Rosalía fue recibida por Leticia Ramírez, encargada de Atención Ciudadana del próximo presidente, quien prometió que se le brindará apoyo y asesoría jurídica por parte de los asesores de la próxima Secretaría de Gobernación.

Ciudad de México, 01 de Agosto (MENSAJE POLÍTICO/CÍRCULO DIGITAL).- En un videocomunicado difundido esta noche, los ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) anunciaron su decisión de aceptar el recorte salarial anunciado por el futuro Presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador.

Admiten que el país enfrenta retos profundos en lo económico, lo político y lo social y el Poder Judicial no es ajeno a estos retos, por lo que debe plantearse una reorientación en algunas de sus estrategias y en algunas de sus acciones que permitan ejercer sus funciones con una mayor eficiencia, eficacia, racionalidad y particularmente austeridad.

Advierten que lo harán de manera que no se comprometa la independencia y la autonomía de los órganos jurisdiccionales, que se constituyen como uno de los pilares fundamentales en la estabilidad democrática del país.

En el video comunicado advierten que se ha instruido a las unidades administrativas de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, del Consejo de la Judicatura Federal y del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, para que elabore los respectivos proyectos de presupuesto de egresos para el ejercicio del 2019, que deberán someterse a la aprobación de los plenos correspondientes bajo las siguientes directrices:

1.- Revisar la política de inversión pública en materia de bienes, servicios y obras a fin de sólo ejercer recursos públicos en aquellos rubros que se sean estrictamente indispensables para garantizar el desarrollo y la continuidad de las funciones constitucionales que tiene encomendadas del Poder Judicial de la Federación por disposición de la Constitución y de la ley, disminuyendo gastos no prioritarios como pueden ser la compra de vehículos, remodelaciones, mobiliario, o equipamiento en general, entre otros duros.

2.- Revisar la política en materia de servicios al personal con el fin de disminuir los gastos en congresos, convenciones, ceremonias, viáticos, subsidios, gasolina actividades culturales y deportivas así como apoyos económicos en general no indispensables para la adecuada impartición de justicia.

3.- Profundizar en la política de racionalidad, disciplina ahorro que se han instrumentado en los últimos años que no impida cumplir con las obligaciones que en la labor sustancial imponen el marco constitucional y legal que rige el servicio de impartición de justicia Federal en beneficio de la población.

Al tomar estas acciones, sin comprometer la independencia y autonomía jurisdiccional, se logrará obtener un ahorro importante que podría ser reorientado conforme a las directrices y valoraciones que hagan los poderes de la unión competentes.

Señalan que el Poder Judicial de la Federación, como resultado de reforzar su tradicional política de austeridad y racionalidad en el ejercicio del gasto, se encuentra en posibilidad de contribuir a las finanzas públicas nacionales, como se ha venido haciendo, mediante no sólo la planeación de presupuesto razonables y adecuados sino del reintegro a la Tesorería de la Federación de los recursos económicos generados por ahorros y economías presupuestales una vez cumplidos los objetivos institucionales como se hizo el año pasado, 2017, con motivo de los daños causados por los sismos de septiembre en el que el poder judicial de la Federación en sus tres entidades pudo aportar 2100 millones de pesos para apoyar la reconstrucción de quienes hayan sido afectados por dichos eventos de la naturaleza.

Todo ello con el propósito de que el Estado mexicano Los oriente a los bienes públicos que más convengan al interés nacional y desde luego al pueblo de México.

La organización también señaló que esta camioneta, junto con la Hiace de Toyota, se utilizan con frecuencia como transporte público interurbano, rural y como transporte escolar, incluso rebasando su capacidad máxima de 18 pasajeros, sin embargo, por su diseño, configuración y capacidad no son aptas estos servicios; por el contrario, ponen en peligro la vida de quienes la usan. Es importante señalar que son responsables los gobiernos estatales y municipales de asegurar un transporte público seguro y esto tiene que ver con los modelos de autos que son autorizados para ello.

El modelo de la camioneta Urvan que se vende en nuestro país es una versión sin frenos ABS (evitan que un auto derrape en caso de hacer un freno total inesperado), mientras que en el caso de la Hiace ninguna de sus versiones los tiene, y, lo más grave, es que ninguna de estas dos camionetas cuenta con cinturones de tres puntos en todas las plazas ni el Control Electrónico de Estabilidad (ESC).

Este tipo de camionetas, por su capacidad y sus dimensiones, deberían contar con los frenos ABS, con el Control Electrónico de Estabilidad (ESC), que permite mantener el control del vehículo en maniobras bruscas de emergencia y con ello evitar una colisión. Esta última tecnología puede salvar más vidas que el cinturón de seguridad incluso.

Asimismo, la organización recordó que, a principios de año, la entonces candidata a la presidencia de la república María de Jesús Patricio Martínez “Marichuy” y su comitiva de campaña, tuvieron un siniestro de tránsito en ese mismo modelo, con saldo de una persona muerta y varias personas lesionadas, incluida la propia excandidata.

Al día de hoy no existe una obligación a los fabricantes de autos en México que incluyan elementos básicos como los frenos ABS, o que aprueben estándares internacionales de impacto frontal o lateral, se espera que esto sea una realidad a finales de 2020 cuando la NOM-194 entre completamente en vigor.

No obstante, en dicha norma no se exige que los modelos nuevos que se comercializan en México cuenten con el ESC ni, entre otras graves omisiones, con la protección a peatones (54% de las víctimas en hechos de tránsito en nuestro país son peatones).

Por último, El Poder del Consumidor señaló al gobierno mexicano y en particular a la Secretaría de Economía como responsables por permitir la venta de autos inseguros y a las compañías automotrices que durante décadas han abusado de la falta de autoridad en materia de seguridad vehicular para hacer negocio con autos de muy baja seguridad a costa de la vida y el bolsillo de los consumidores mexicanos

Ciudad de México, 15 de Julio (MENSAJE POLÍTICO/CÍRCULO DIGITAL).- Los resultados del Programa de Resultados electorales Preliminares (PREP) en los estados y los cómputos estatales y municipales hacen prever que al menos 20 partidos a nivel local podrían perder su registro debido a que en las entidades y municipios no lograron tres por ciento de la votación válida que exige la ley.

En su cuenta de Twitter, la consejera del Instituto Nacional Electoral (INE), Dania Paola Ravel Cuevas, publicó un gráfico de la Unidad Técnica de Vinculación con los Organismos Públicos Locales Estatales (OPLE).

“Con base en los resultados locales de estas #Elecciones2018, aquí los #PartidosPolíticos que no alcanzaron el 3% de la votación válida emitida según la revisión que hizo la Unidad de Vinculación con los Organismos Públicos Locales del @INEMexico.

Ciudad de México, 11 de Julio (MENSAJE POLÍTICO/CÍRCULO DIGITAL).- De acuerdo con datos del Sistema de Información de las Elecciones Federales, en lo que respecta a la elección de presidente de la República, hasta el momento no se registra aviso de interposición de algún medio de impugnación, informó el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF).

El órgano jurisdiccional dio a conocer que hasta ahora existen reportes de 151 avisos de interposición de juicios de inconformidad, mediante los cuales impugnan los resultados de las elecciones de diputados o senadores al Congreso de la Unión.

Señaló que por el momento sólo se cuenta con los avisos de interposición de los juicios referidos y que está pendiente la entrega de las demandas respectivas, así como de los expedientes y los informes que, conforme a la ley, deben rendir los presidentes de los consejos del Instituto Nacional Electoral (INE) cuando se promueve un juicio.

En la Sala Regional Guadalajara, precisó, se interpusieron 26 juicios de inconformidad para la elección de diputados; en la Sala Monterrey, 27 para diputados; en la Sala Xalapa, 22 para diputados; en la Sala Toluca, 43 para diputados, y en la Sala Ciudad de México, 28 para diputados y cinco para senadores.

Ciudad de México, 09 de Julio (MENSAJE POLÍTICO/CÍRCULO DIGITAL).- Santiago Creel, ex coordinador en la campaña de Ricardo Anaya, y Damián Zepeda, dirigente nacional del PAN, afirmaron que el ex candidato presidencial dejó en claro al iniciar la etapa proselitista que, si no lograba la victoria en la elección del 1 de julio, no reasumiría el liderazgo del PAN.

“Ricardo no va a buscar regresar como presidente al PAN. Esto nos los informó desde antes de los resultados (de la elección del 1 de julio).

Durante la campaña ya tenía la idea de que si los resultados no le favorecían, estaría cerca del partido pero ya no en calidad de dirigente”, dijo Creel en entrevista telefónica.

En tanto, el propio dirigente panista confirmó que Anaya ya no ocupará la presidencia del Comité Ejecutivo Nacional del PAN.

“Yo siempre fui cuidadoso, porque creía que era su decisión y tema de él decirlo; pero la verdad de las cosas es que desde antes de la elección, él siempre manifestó al equipo, y a mí en lo personal, que no, que tomó su camino de ser candidato y que no iba a regresar a la dirigencia”, contó Zepeda en entrevista.

Para aspirar a la candidatura presidencial de la coalición Por México al Frente, Anaya pidió licencia como líder del Comité Ejecutivo Nacional (CEN) panista, por lo que Damián Zepeda asumió como presidente en funciones.

Legalmente, Ricardo podría regresar al CEN y retomar el liderazgo del panismo.

Creel añadió que Anaya tampoco buscará contender en el próximo periodo trianual de presidente del CEN.

El ex aspirante presidencial buscará encontrar acomodo en la vida académica.

En estas circunstancias, Zepeda comenzará a operar en unos cuantos días el relevo en el liderazgo, luego de tener asegurado un escaño en el Senado de la República.

§ Se estima que en México 20 mil menores son captados por redes de trata de personas.

Ciudad de México, 26 de Junio (MENSAJE POLÍTICO/CÍRCULO DIGITAL).- La Comisión Permanente solicitó a la Fiscalía Especializada para los Delitos de Violencia Contra las Mujeres y Trata de Personas que, en coordinación con los tres órdenes de gobierno, acelere las investigaciones relacionadas con los casos de trata de personas y de aquellos que incitan a la prostitución en las redes sociales.

La senadora Yolanda de la Torre Valdez destacó que en México estos delitos son un serio desafío, pues representan la tercera fuente de ingresos para la delincuencia organizada, sólo después de la venta de armas.

Dijo que las redes sociales se han convertido en medios eficaces para enganchar fácilmente a las víctimas. Las herramientas más utilizadas por los delincuentes, agregó, son Facebook, WhatsApp y Skype, que se emplean para atraer con mentiras a niñas, niños y adolescentes con ofertas de trabajo bien pagados o atractivos.

En nuestro país se estima que “20 mil menores son captados por redes de trata de personas y que 45 de cada 100 son niños indígenas”, afirmó la legisladora del Grupo Parlamentario del PRI.

También refirió que sólo en 2016, de acuerdo con la Organización Internacional del Trabajo, 40.3 millones de personas estuvieron sometidas a la trata de personas; de ellas, 24.9 millones fueron obligadas a realizar trabajos forzosos y 15.4 millones a contraer matrimonios forzosos.