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Ciudad de México 21 Marzo (JUAN R. HERNÁNDEZ/CÍRCULO DIGITAL).- El presidente de la Junta de Coordinación Política (Jucopo) de la Cámara de Diputados, Mario Delgado Carrillo; la presidenta de la Comisión de Educación, diputada Adela Piña Bernal (Morena), así como los titulares de la secretarías de Educación Pública (SEP) y de Gobernación (Segob), Esteban Moctezuma Barragán y Olga Sánchez Cordero, respectivamente, aseveraron que la reforma educativa garantizará los derechos laborales de maestros y eliminará la evaluación punitiva.

En rueda de prensa conjunta, al término de una mesa de diálogo con integrantes de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE), en oficinas de la SEP en el Centro Histórico, señalaron que el dictamen que elaborarán las Comisiones Unidas de Gobernación y de Educación de la Cámara de Diputados recogerá las propuestas de quienes participaron en las audiencias públicas, incluidas las planteadas por ese gremio magisterial.

El diputado Delgado Carrillo, también coordinador del grupo parlamentario de Morena, señaló que el diálogo con los maestros fue “muy productivo, franco y transparente”, y que fue la continuación de una comunicación que nunca se ha interrumpido.

“Me parece que con este diálogo se va reconociendo también que es una reforma muy buena para el país. Es una joya de reforma, muy progresista que tiene muchos avances históricos, no sólo para el magisterio, también para los niños, niñas, jóvenes y adolescentes en nuestro país”, externó.

El líder parlamentario subrayó que a partir del próximo lunes se reanudarán las labores normales en la Cámara de Diputados y en su momento se avisará cuándo se dictaminará la reforma educativa en Comisiones Unidas. “Estamos convencidos de que la próxima semana, que el próximo martes, podemos nosotros sesionar en la Cámara de Diputados”.

Indicó que el dictamen garantizará el derecho a la educación superior; erradicará por completo la evaluación punitiva; respetará los derechos laborales de los maestros y les dará la posibilidad de tener un sistema de capacitación y desarrollo permanente. “Se reconocerá que ellos están en su régimen laboral, en el apartado B del artículo 123 constitucional, y la parte de promoción y desarrollo en el artículo 3º constitucional”.

La diputada Piña Bernal aseguró que dialogaron de manera “más profunda” con los integrantes de la CNTE y lograron disipar dudas respecto al contenido de la propuesta de dictamen de reforma educativa.

“Hoy queda muy claro que sus derechos laborales están absolutamente garantizados y que esta reforma es en verdad progresista, que contiene conceptos que nunca antes se habían incluido en el artículo 3° constitucional”, señaló.

Dijo que se trata de un documento “legítimo”, ya que plasma las propuestas de distintos autores del ámbito educativo, los cuales participaron en las audiencias públicas celebradas en la Cámara de Diputados, e incluye la opinión de todas las organizaciones con diferente forma de pensamiento, incluida la de la CNTE.

Destacó que los profesores “están y van a seguir estando” acompañando al Poder Legislativo en la elaboración de las leyes secundarias de la reforma educativa.

En ese mismo tenor, el titular de la SEP, Esteban Moctezuma Barragán, también aseguró que las leyes secundarias se construirán junto con el magisterio. “Queremos un acuerdo educativo nacional y se logrará con la participación de todos”.

“Para las leyes secundarias vamos a tener mesas de trabajo con los involucrados -en el ámbito educativo- a fin de que realmente se cumplan y no que se les dé la vuelta”, aseveró.

Consideró que el diálogo con la CNTE fue “amplio y profundo”, y se tendrá un trabajo permanente con esa organización, en particular con la sección 22.

Sobre la evaluación docente, Moctezuma Barragán indicó que no habrá una de carácter punitivo, pero sí una de diagnóstico para mejorar la enseñanza, que será realizada por un instituto que contará con “un comité integrado por personas con experiencia frente a grupo, en educación especial, normal, indígena y multigrado, que son las partes más sensibles de sistema educativo”.

Asimismo, afirmó, se contará con un sistema “totalmente transparente para la creación y asignación de plazas, a fin de que los maestros conozcan la vacancia. Donde se concentre la información será un sistema honesto y transparente.

La titular de la Segob, Olga Sánchez Cordero, enfatizó que el diálogo que sostuvieron con los maestros fue abierto, transparente y constructivo, y así lo mantendrán de forma permanente con todos los interesados en la reforma educativa.

“Fue muy productivo y la actitud de los maestros fue constructiva de querer dialogar permanentemente, eso es muy positivo. Vamos a llegar a buen puerto y a una gran reforma educativa”, expresó.

Sánchez Cordero consideró que se requiere una reforma educativa que vaya en el camino de la Cuarta Transformación, que tenga los principios fundamentales en pro de los niños, jóvenes y maestros.

Ciudad de México 21 Marzo (MENSAJE POLÍTICO/CÍRCULO DIGITAL).- La expansión de los llamados ‘corresponsales bancarios’ se ha convertido en una apuesta importante de las instituciones financieras para llegar a más mexicanos. Se trata también de una estrategia que va de la mano con el programa de impulso al sector financiero que propuso el presidente Andrés Manuel López Obrador.

El plan del primer mandatario de México busca que, a partir de los 15 años, los jóvenes puedan abrir cuentas bancarias; y tiene el reto de realizar poco más de 109 millones de transacciones al año a través de los programas sociales, como apoyo al adulto mayor y discapacitados.

Desde 2009, los corresponsales consiguieron llevar ofertas financieras –como pago de servicios, de crédito, retiros y depósitos a cuenta– a 800 municipios donde no operan sucursales bancarias, y todavía hay 714 poblados sin la presencia de instituciones bancarias o corresponsalías, según la CNBV.

A una década de su implementación, en México hay más de 48 mil módulos de corresponsales bancarios, donde Oxxo es el principal jugador con 36.6 por ciento del total de sucursales, seguido de la red de pequeños comercios Yastás de Compartamos con 10.3 por ciento, Walmart con 5 por ciento, mientras que el 49 por ciento restante se distribuye entre 7 Eleven, Farmacias Guadalajara, Elektra y Chedraui, entre otros.

Recientemente la comisión recomendó que la red de corresponsales pueda aprovecharse para la apertura de cuentas, e incluso, créditos.

“Habría que darles oportunidad a los corresponsales para tener acceso a la apertura de cuentas, y pueden ser utilizados en llevar los programas sociales, porque para algunos bancos no es negocio ir a poner una sucursal en un municipio en la que dos personas requieren los servicios financieros; mientras para los corresponsales es una operación extra de su oferta”, dijo Jorge Sánchez Tello, director de investigación aplicada de la fundación de estudios financieros del ITAM.

Oxxo se integró como corresponsal bancario en 2011, año en que tenía 9 mil 561 unidades, mientras que en 2018 finalizó con 17 mil 724 tiendas, un crecimiento del 85.3 por ciento.

Con ello, superó con mucho a BBVA Bancomer, que en 2011 operaba 811 sucursales y que en 2018 finalizó con mil 833, un alza de solo 1.2 por ciento.

Actualmente, cuatro de cada cinco pesos recaudados en Oxxo tienen que ver con servicios financieros, lo que presiona sus costos operativos, dijo Eduardo Padilla, CEO de Femsa, dueña de la cadena de tienda de conveniencia.

En el cuarto trimestre de 2018, Oxxo reportó un incremento del 22.7 por ciento en su gasto de operación, mientras que sus ingresos totales aumentaron 11 por ciento. Actualmente, las comisiones de los corresponsales bancarios rondan los 15 pesos, nivel que podría incentivar el crecimiento de clientes.

“Los servicios los brindan con comisión, y tendrán que ajustarla lo necesario para generar un punto de equilibrio sobre los costos de operarlo, lo importante para ellos es el consumo de los otros productos y que el servicio sea un valor agregado”, comentó Francisco Javier Orozco, profesor de empresas del Tec de Monterrey.

Por su parte, Jesús Arturo Velázquez Díaz, subdirector de Relación con Inversionistas de Chedraui, indicó que ser corresponsales no representa un costo operativo pues es un servicio basado en tecnología.

Agregó que ser dispensadores de los programas sociales (de AMLO), sería un servicio complementario a la labor que ya realizan como corresponsales.

“Al ser un servicio complementario a los bancarios, por supuesto que puede servir también para este tipo de operaciones, habrá que ver bajo qué esquemas se van a entregar los recursos, y como corresponsal para hacerlo una cuenta de débito más”, agregó.

Ciudad de México 21 Marzo (JUAN R. HERNÁNDEZ/CÍRCULO DIGITAL).- La Comisión de Transparencia y Anticorrupción, presidida por el diputado Óscar González Yáñez, se reunió con la titular de la Secretaría de la Función Pública (SFP), Irma Eréndira Sandoval Ballesteros, quien expuso a los legisladores la labor de la dependencia en favor de la transparencia y el combate a la corrupción e impunidad.

Sandoval Ballesteros expuso que la ASF aprobó un programa anual de control y fiscalización de casi 3 mil tres auditorías, que se concentran en 25 programas prioritarios. “Es un mito que no vamos a fiscalizar nuestros proyectos, somos los más interesados en que los proyectos del presidente Andrés Manuel López Obrador sean claros, transparentes y limpios”.

“Vamos a concentrarnos en cuatro: El Tren Maya, el aeropuerto de Santa Lucía, la Refinería de Dos Bocas y proyecto Transístmico en Oaxaca”, comentó.

Detalló que se tienen más de 100 expedientes de evaluación patrimonial y de investigación por incompatibilidades patrimoniales; 68 constancias de inhabilitación y no inhabilitación, y más de una centena de audiencias por controversias concretas y directas en la administración pública federal”.

Además, destacó, se abrió un expediente muy amplio, profundo y profuso de la estafa maestra, en donde el punto de partida fue Petróleos Mexicanos, que es donde más se concretaron abusos a universidades públicas y a la excepción de la licitación; es decir, cómo esas instituciones públicas de educación superior han sido utilizadas por defraudadores de la nación, estableciendo “convenios” para hacer corruptelas muy grandes.

En Pemex, continuó, se concentraron convenios de producción y exploración y la lógica siempre fue la misma: instituciones poco conocidas a nivel internacional, sobre todo en el sureste, donde Pemex estableció acuerdos con universidades muy vulnerables, sin capacidades técnicas y donde, evidentemente, había servicios fuera del objeto de estas instituciones educativas, ausencia de entregables o, incluso, burlas a la fiscalización.

“Sabemos por el análisis de los expedientes que muchos de los entregables costaban 20, 25, 30, hasta 40 millones de pesos, porque eran centenares de convenios, que eran documentos que sacaban de Wikipedia; además, había sobrecostos para las instituciones del Estado, desvíos claros a empresas fantasmas, pagos no justificados y falta de supervisión”.

“Estamos haciendo un esfuerzo por analizar, desde nuestros órganos internos de control, el caso de Pemex y de todas las dependencias del gobierno federal; por ello, hemos creado un frente interorgánico para el análisis de la corrupción en la estafa maestra”.

Agregó que en el plan anual de la SFP se contemplan realizar 950 auditorías y 50 visitas de control con recursos propios, con un nuevo diseño organizacional de sólo dos subsecretarías y órganos internos de control. Además, se efectuarán mil 813 auditorías más, a una gran diversidad de entidades de la administración pública federal, y a donde lleguen los recursos públicos en las entidades federativas.

Informó que el 15 de marzo se concluirán los primeros 300 dictámenes financieros correspondientes a más de 150 entidades paraestatales. “Vamos a analizar 104 fideicomisos, mandatos y contratos análogos y también vamos a dar resultados de 220 dictámenes presupuestarios”.

“También se atenderán observaciones que se hicieron en años pasados; es decir, que no hicimos nosotros, pero que estamos comprometidos a que se lleven a buen puerto, en términos de recoger el dinero que corresponde al gobierno, o sea reintegrarlo al erario público”.

Por su parte, el presidente de la Comisión, diputado Óscar González Yáñez, enfatizó que la transparencia es un elemento que fortalece a la democracia y los ciudadanos; “mientras ellos tengan más conocimientos sobre los asuntos públicos van a tener más elementos para influir”.

Subrayó que la SFP debe ser el área que ayude al pueblo de México a terminar con la corrupción y “nosotros seremos grandes aliados de ella”. Preguntó cómo ayudar a la dependencia para que tenga los elementos jurídicos necesarios para ir a fondo en el combate a la corrupción y la impunidad.

Aclaró que “no legislamos para el Ejecutivo, pero tenemos que ser grandes aliados” porque los tres poderes están convencidos de acabar con la corrupción; “entonces, tenemos que ser grandes aliados, sin perder nuestra autonomía”.

Sostuvo que “no coincido con el perdón y olvido, no estoy de acuerdo”, porque estimula a que vuelva a suceder. “Que quede claro que este país se está transformando”.

Consideró que se debe avanzar en el tema de Odebrecht, ya que en países como Colombia, Perú y Brasil ya se ha hecho mucho en este caso y en México, nada. Subrayó que el huachicoleo dañó a la sociedad con tanta ausencia de combustible. “Nos ha costado muertes y dinero y no hay personas detenidas, ni juicios y procesos”.

La diputada Beatriz Rojas Martínez (Morena) expuso que el plan de la titular de la Función Pública es fundamental para la transformación del país, dado que dará mayor transparencia; por lo que desde esta Cámara se tendrán que hacer modificaciones al marco jurídico para tener un adecuado funcionamiento.

Añadió que un tema medular del gobierno es el servicio civil de carrera con perspectiva de género; en ese sentido, cuestionó qué método o cómo se hará para que haya equidad en los cargos y cómo se va a combatir el acoso sexual.

Gloria Romero León, diputada del PAN, consideró preocupante que de las investigaciones, observaciones y auditorías realizadas entre 2012 y 2016, donde hubo más de 45 mil sanciones a quienes incurrieron en irregularidades, apenas el uno por ciento se tradujo en sanción o destitución, y menos del dos por ciento en multa económica. “Eso hace que los mexicanos tengamos la percepción de que la corrupción se traduce en que no hay consecuencias para los servidores públicos que incurren en algún tipo de desviación o irregularidad”.

Preguntó si en el portal donde se va a transparentar, tanto la nómina como las empresas certificadas habría la voluntad de proporcionar información del estatus de cumplimiento de las resoluciones, pues eso ayudaría a evitar otra “estafa maestra” o “socavón”. Además, celebró que las licitaciones serán en su mayoría públicas.

Por el PRI, la diputada Ximena Puente de la Mora se congratuló con el mensaje de la transparencia democrática expansiva, las declaraciones patrimoniales tres de tres y el cambio de los funcionarios.

También inquirió sobre el aumento de rubros de los 216 a 781 y quiénes estarían en esa obligación como funcionarios y servidores públicos, dado que permea a nivel federal, estatal y sobretodo en el ámbito municipal, en donde hay mucho por trabajar para tener mayor certeza de información.

La diputada Beatriz Silvia Robles Gutiérrez (Morena) indicó que en esta comisión se requiere conocer las acciones que la Secretaría de Función Pública implantará para combatir la corrupción y evitar que las cosas sigan como en las otras administraciones.

La diputada sin partido, Luz Estefanía Rosas Martínez preguntó a la funcionaria cuál es su postura para otorgarle facultades al Comité Coordinador del Sistema Nacional Anticorrupción, a fin de que emita las recomendaciones vinculatorias y qué sugerencias haría para evitar la mala contratación en obra pública, toda vez que se está generando una ley en la materia.

El diputado del PT, José Luis Montalvo Luna expresó que si bien una de las pretensiones de la Secretaría de Función Pública es crear un nuevo Código de Ética, también debe atenderse el principal reclamo de la ciudadanía al gobierno: sancionar a los corruptos y aquellos que desfalcaron al erario y se llevaron millones de pesos de las entidades y municipios.

Asimismo, requirió saber cómo intervendrá la dependencia para promover acciones, leyes, normas con perspectiva de género y en las denuncias en materia de acoso, el pago justo, entre otros asuntos que vulneran la igualdad.

El diputado Rubén Cayetano García (Morena) se pronunció por cambiar la forma de hacer política y crear de la honestidad una forma de vida. Resaltó la importancia de combatir a fondo a la corrupción y la impunidad, y “hay que entrarle de manera responsable y con la verdad”.

Preguntó cómo se evaluará toda la función pública “porque pareciera que existe una tremenda contraloría, pero hasta dónde llegan estas facultades y hasta dónde se permiten ser ejercitadas”. Además, cuestionó si en el ejercicio de su cargo hay algún conflicto de interés.

Al dar respuesta, la funcionaria subrayó que la ASF firmó un convenio con la Fiscalía General de la República para coadyuvar en las investigaciones administrativas y sancionatorias que surjan. “Sí, le daremos cumplimiento a esta sed de combate a la impunidad que nos exige la sociedad”, aseguró.

Sobre el acoso sexual, expuso que es una lacra en la vida pública, en la administrativa, en el Estado y en el gobierno. “Lo hay y existe la posibilidad de sancionarlo, frenarlo y poner un alto. No se trata nada más de piropos, sino de violencia; se agrede la dignidad de las mujeres”.

Precisó que se buscará estudiar la posibilidad de aplicar las estrategias de cuotas cuando haya dos competidores en igualdad de méritos y evitar la discriminación en todas sus formas en el Servicio Profesional de Carrera.

Sandoval Ballesteros dijo que habrá responsabilidad con la aplicación de lo que antes se llamaba tres de tres, y afirmó que ya se dialogó con los integrantes del Sistema Nacional Anticorrupción para darles a conocer este nuevo estatus. “No queremos que las prisas nos lleven a decisiones que nos compliquen y burocraticen más y meternos en una lógica sin fin de no cuidar los conflictos de interés”.

La litis real de esto, añadió, “es que hay que controlar, prevenir y exigir el castigo o la resolución a los conflictos de interés que acosan toda la vida pública administrativa, por lo que si estas más de 780 entradas de los nuevos formatos no nos están ayudando a descubrirlos sino meternos en terrenos de la privacidad de las personas o de los funcionarios, pues no vamos a llegar muy lejos en este objetivo de coordinación anticorrupción”.

Señaló que quienes estarían obligados a declarar son quienes manejan recursos públicos, posiciones de mando, responsabilidades de representación o de administración o ejecución de política pública, pero no los maestros, doctores, soldados ni la gente más vulnerable o la que ha sido realmente víctima de la corrupción. “No tiene que ser el chivo expiatorio de un sistema de simulación”.

Destacó que el uso de las tecnologías es fundamental para el combate a la corrupción y coincidió que es primordial darle más facultades al Sistema Nacional Anticorrupción, porque en la actualidad sólo emite recomendaciones, ya que es una instancia de coordinación y no tiene el espíritu federalista.

Precisó que ahora mismo se audita a los contralores internos de la dependencia. “Si el Ejecutivo va a poner a refrendo su cargo, pues con mayor obligatoriedad todos los que le seguimos. Todos estarán a prueba y se implantará un esquema de rotación para evitar los feudos”.

Agregó que la misma tarea ocurrirá en Petróleos Mexicanos, Sedatu, Bansefi, SAT, Comunicaciones y Transportes, IMSS, CFE, no estamos simulando. “Vamos a buscar hasta la más profunda de las instancias de qué manera se utiliza la riqueza nacional”.

Aclaró que no es verdad que tenga integrantes de su familia en el Poder Ejecutivo, ya que su marido trabaja como catedrático de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) y ése es un órgano autónomo. Segundo, su hermano labora en el Poder Judicial, por lo que no tiene competencia con la Secretaría de la Función Pública”.

“De la corrupción ya estamos todos hartos y nadie puede decir que es cultural y no se puede combatir; estamos en un gran momento histórico en donde hay cero tolerancia a la corrupción, pero lo que nos lacera más es la impunidad”.

Aseguró que México es uno de los países con mayor avance normativo, una Ley de Transparencia de primer mundo con procedimientos expeditos, una Constitución de avanzada, por lo que existen los elementos necesarios para realizar el trabajo.

“Qué bueno que se ofrece a modificar las normas que exige la sociedad y modernidad democrática, pero no es una situación de legislación, sino de voluntad política, pero en esta administración esta no faltará”.

Precisó que la secretaría buscará dar transparencia e informó que en 2018 llegaron más de 11 mil 864 expedientes de responsabilidades, los cuales involucran a 13 mil 384 servidores públicos, de los cuales en la presente administración, es decir del primero de diciembre a la fecha, se han resuelto 5 mil 597, pero queremos terminar con la obligación y llevar a la posibilidad más extrema la sanción directa administrativa.

Sandoval Ballesteros señaló que en lo que va de la administración se tienen 8 mil 631 expedientes de investigación, se han atendido 10 mil 581 peticiones ciudadanas, 4 mil 906 asesorías telefónicas, 5 mil 745 vía chat, 706 presenciales y 650 a órganos internos de control, 929 en aclaraciones sobre declaraciones patrimoniales.

En su intervención inicial, Sandoval Ballesteros destacó que el cien por ciento del gabinete legal y ampliado hizo pública su declaración patrimonial e, incluso, por instrucción del Presidente de la República, se modificó el sistema de Declaranet. “Si ustedes lo checan, no hay otra posibilidad más que de obtener transparencia total o reserva total de las declaraciones patrimoniales”.

Precisó que el universo de los servidores públicos obligados a declarar en la Administración Pública Federal subió de un cuarto de millón de personas -250 mil sujetos obligados-, a más de dos millones de servidores públicos que “son los menos responsables de la corrupción de una estructura que nos aqueja como nación”.

Indicó que se apuesta por la ciudadanización del control, la prevención y la transparencia; por ello, la funcionaria anunció que “tenemos una iniciativa de ley para la protección y estímulo de los informantes y alertadores internos de la corrupción”.

Sobre el principio de austeridad republicana, comentó que los legisladores “tienen en su cancha el balón”, porque en esta Soberanía se encuentra la propuesta de la Ley de Austeridad Republicana de Estado.

“Proponemos que el derroche se elimine y, bajo esta visión, queremos terminar con la ineficacia; ello dependerá mucho de la fiscalización de los fondos públicos y de garantizar la claridad mediante la transparencia democrática y no discursiva, de relaciones y politizada”.

Enfatizó que la austeridad ha sido criticada porque se conceptualizó cómo hacer recortes sociales, pero la Ley de Austeridad Republicana tiene que ver con avanzar en una austeridad que no disminuya, ni merme los recursos dedicados a los programas sociales, sino que los robustezca y permita una interacción más directa con los beneficiarios finales.

La iniciativa, continuó, transita en sentido totalmente contrario al neoliberalismo; es decir, se orienta a velar por el interés social, evitar el despilfarro y nutrir el gasto social.

Sandoval Ballesteros precisó que la SFP trabajará a través de dos subsecretarías: la de Combate a la Corrupción, que adopta muchas de las funciones centrales de la secretaría para controlar, vigilar, auditar y fiscalizar los recursos federales, así como ejercitar el control interno o preventivo.

También por medio de la subsecretaría de Combate a la Impunidad, que se encargará tanto de la asignación de responsabilidad que surja la violación de la normativa, así como de tareas muy importantes de profesionalización y, en particular, del relanzamiento del servicio civil de carrera con perspectiva de género.

“Queremos que ese servicio profesional de carrera sea una llave en donde la entrada sea muy pequeña, para que entren realmente las y los mejores, y con una puerta de salida muy amplia, para los no comprometidos, los que derrochen, corruptos, abusivos, acosadores y los que no tengan respeto por la vida en el servicio público”.

Sandoval Ballesteros resaltó los logros que la dependencia a su cargo ha alcanzado en sus primeros 100 días; por ejemplo, el código de ética. “Contamos ya con un código en esta materia, lo cual es muy importante y me interesaría mucho distribuir masivamente, porque es para toda la administración pública federal”.

“Trabajamos también en una Cartilla de Integridad y en un nuevo marco que certifique a las empresas más probas, más cumplidas, las que no evadan impuestos y que no se dejen caer en cuestiones de colusión y defraudación al erario”.

Indicó que “es un código de avanzada que establece las limitaciones a recibir todo tipo de regalos, viajes o prebendas, que no tienen nada que ver con la actividad pública”.

En los gobiernos del pasado, señaló, el 80 por ciento fueron asignaciones directas y la excepción era la licitación. En este nuevo gobierno, en los 25 proyectos estratégicos, vamos a caminar sobre la regla de la licitación y de las licitaciones verdaderas que auspicien el mercado y a los empresarios más probos.

“Nuestra convicción es hacer de la transparencia lo más importante en la visión del nuevo gobierno, con el propósito de poner fin a la impunidad y castigar la corrupción”, concluyó.

Ciudad de México 21 Marzo (MENSAJE POLÍTICO/CÍRCULO DIGITAL).- Manuel Bartlett, director de la Comisión Federal de Electricidad (CFE) utilizó su cuenta de Twitter para desmentir la información que salió de la oficina del senador Armando Guadiana Tijerina el día de ayer sobre un encuentro privado en el que se acordaba un pedido de emergencia de 360 toneladas de carbón a los productores coahuilenses.

“Ante las solicitudes de información luego del boletín que emitió la oficina del senador @aguadiana, les informo que no sostuve ninguna reunión con el también Presidente de la Comisión de Energía”, publicó Bartlett.

Adicionalmente, en comunicado de prensa la eléctrica nacional precisó que la reunión no tuvo lugar y la fotografía que circula no corresponde al día de ayer.

“En cuanto a las declaraciones del senador respecto de la compra de carbón, CFE se deslinda de dichas afirmaciones”, añade el documento.

Por su parte, el presidente de la Comisión de Energía en el senado señaló que el jueves dará una conferencia desde el Senado.

“Respecto a la información que generó el mensaje del Licenciado @ManuelBartlett y el Boletín de Prensa emitido el día de ayer por mi Equipo de Comunicación, mañana daré una Conferencia de Prensa en el Patio del Federalismo del @senadomexicano a las 11:00 am”, expresó.

Ciudad de México 21 Marzo (MENSAJE POLÍTICO/CÍRCULO DIGITAL).- La Comisión de Gobernación del Senado de la República avaló este jueves el proyecto de dictamen sobre la designación de Sanjuana Martínez Montemayor como nueva directora de la Agencia de Noticias del Estado Mexicano Notimex.

En reunión extraordinaria de la comisión y sin objeción, los legisladores ratificaron el nombramiento de la periodista por parte del presidente Andrés Manuel López Obrador.

Sobre este tema, algunos senadores se pronunciaron a favor de que Martínez Montemayor se reúna con los legisladores para discutir, entre otras cosas, la función que tendrá la agencia a nivel nacional e internacional en el nuevo contexto.

Ciudad de México 21 Marzo (MENSAJE POLÍTICO/CÍRCULO DIGITAL).- Con el despliegue de 6 mil 643 elementos del Ejército, Marina y Policía Federal, en febrero los homicidios dolosos disminuyeron 29.6% en nueve de 13 ciudades prioritarias en la estrategia anticrimen del gobierno federal donde operan las mesas de Seguridad y Justicia.

Según un reporte del Centro Nacional de Planeación, Análisis e Información para el Combate a la Delincuencia (Cenapi), entre diciembre de 2018 y enero de este año, cuando todavía no iniciaban los operativos interinstitucionales, se registraron 469 asesinatos en conjunto en las nueve localidades, contra los 330 ocurridos de febrero al 18 marzo, ya con la presencia de las fuerzas federales.

Las regiones prioritarias donde disminuyeron las muertes violentas son Tijuana, 21.3%; Manzanillo, 33.3%; Acapulco, 9.8%; Ecatepec, 40%; Culiacán, 60%; Guadalajara, 57%; Monterrey, 29.1%; Coatzacoalcos, 15%; Cajeme, 70%; en Lagos de Moreno, Jalisco, en el décimo puesto, la incidencia se mantuvo sin cambio, con 11 víctimas.

Sin embargo, la tendencia al alza sigue en Ciudad Juárez, con 15% de incremento; Reynosa, 15%; Benito Juárez (Cancún), 1.9%, pese a la presencia de las fuerzas federales en esas localidades de los estados de Chihuahua, Tamaulipas y Quintana Roo.

En su plan contra la violencia, el gobierno federal definió 21 ciudades de urgente atención, donde se refuerza la seguridad desde el mes pasado. Faltan por entrar en operación las mesas de Seguridad y Justicia en los municipios de Ciudad Cuauhtémoc, Chihuahua; Salamanca, Irapuato, Celaya, Uriangato, Guanajuato; Tlajomulco, Jalisco; Chilpancingo, Guerrero, y Nuevo Laredo, en el estado de Tamaulipas.

A las ciudades de mayor incidencia delictiva las autoridades federales despliegan un total de 600 elementos militares y navales, y como complemento un grupo de policías federales, quienes actúan como primer respondiente.

De acuerdo con el informe que fue presentado ayer al presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, en la reunión diaria del gabinete de seguridad, serán enviados más de 10 mil elementos federales a las 21 regiones consideradas las más violentas del país.

En Acapulco, Guerrero, los asesinatos pasaron de 61 en el lapso diciembre-enero, a 55, en febrero-marzo.

En Tijuana, Baja California, operan al momento 643 integrantes del Ejército y de la Marina-Armada, para contener la violencia, según el desglose del documento elaborado por el Cenapi, el centro de inteligencia de la Fiscalía General de la República (FGR).

Investigaciones con las que cuentan autoridades federales señalan que en ese municipio existe una pugna entre el Cártel de Sinaloa y los Arellano Félix, estos últimos en alianza con el Cártel Jalisco Nueva Generación, por el control de territorios para el trasiego de drogas a Estados Unidos.

En el reporte se precisa que los asesinatos en la ciudad fronteriza pasaron de 220 a 173, después del arranque de la Mesa de Seguridad, conformada por mandos del Ejército, Marina-Armada, Policía Federal y autoridades estatales y municipales; el promedio de víctimas era de 5.2 diarias y ahora es de 4.1, se destaca.

En Manzanillo, Colima, donde los cárteles de Sinaloa y Jalisco Nueva Generación mantienen una disputa por el control del puerto, las muertes bajaron de 42 a 28, en números absolutos; a ese municipio fueron enviados 282 marinos, 188 militares y 130 agentes federales.

Se precisa que al puerto de Acapulco, Guerrero, llegaron en febrero 600 elementos de las policías Militar, Naval y Federal, lo que ha impactado ligeramente en la disminución de homicidios dolosos: de 61 en el lapso diciembre-enero, a 55, en febrero-marzo.

La administración federal definió 21 ciudades de urgente atención, donde se refuerza la seguridad desde el mes pasado.

En Ecatepec, Estado de México, uno de los municipios más poblados del país, las víctimas pasaron de 22 a 13; los días 4 y 10 de febrero son los que más muertes registraron, con tres, respectivamente.

A más de dos semanas del arribo de fuerzas federales, los asesinatos en Culiacán sumaron 35 entre diciembre y enero, contra los 12 del periodo febrero-marzo.

Afectada por la batalla que libran los cárteles Jalisco Nueva Generación y su escisión Nueva Plaza, los asesinatos en Guadalajara pasaron de 30 a 12, durante los 35 días que lleva el operativo conjunto en la capital de Jalisco, una de las regiones prioritarias del gobierno federal.

En la ciudad de Monterrey bajaron las muertes violentas de 24 a 17; Cajeme pasó de 24 a 7, y en Coatzacoalcos, de 13 a 11, se desprende del informe de la Fiscalía General.

Al respecto, el investigador del Instituto Nacional de Ciencias Penales (Inacipe) —brazo académico de la FGR—, Jorge Alberto Lara Rivera, consideró que la reducción de los homicidios dolosos reportada por el Cenapi en las ciudades mencionadas, sería una prueba de que la inseguridad requiere de manera obligatoria de la actuación estratégica del gobierno.

“Si se consolida esta tendencia sería una noticia positiva”, señaló el exsubprocurador Jurídico y de Asuntos Internacionales de la entonces Procuraduría General de la República (PGR).

En entrevista, el académico aseguró que lo importante es que la estrategia sea integral y se dejen a un “lado las ocurrencias, como la de la amnistía y el supuesto fin de la guerra contra el crimen”.

Ciudad de México 21 Marzo (MENSAJE POLÍTICO/CÍRCULO DIGITAL).- El presidente de México, Andrés Manuel López, rechazó que la revocación de mandato busque influir en el electorado, pues sólo se consultará a la población si quiere que él continúe en su encargo o no, pues “el pueblo pone y el pueblo quita”.

Incluso, el Ejecutivo federal consideró que la revocación de mandato después podría aplicar también a gobernadores, senadores, presidentes municipales, pero dejó en claro que serán los legisladores quienes decidan en qué términos se aprueba esta figura.

El mandatario federal dijo, en su conferencia de prensa matutina en Palacio Nacional, que sería una urna aparte en las elecciones intermedias de 2021, donde se preguntará a los mexicanos si quieren que el presidente continúe o que renuncie, y refrendó que no buscará reelegirse, sólo se someterá a la revocación de mandato.

Ciudad de México 21 Marzo (MENSAJE POLÍTICO/CÍRCULO DIGITAL).- El secretario general de la Sección 22 de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE), que mantiene un bloqueo en la Cámara de Diputados, Eloy López, informó que luego de la reunión de ayer con autoridades del sector, reiteran su disposición al diálogo.

El dirigente magisterial señaló que luego de las declaraciones de esta mañana del presidente Andrés Manuel López Obrador respecto a que el gobierno federal está abierto al diálogo sobre el tema de la reforma educativa y que no habrá represión, los maestros analizan la situación para tener una respuesta en breve.

Refirió que entre sus demandas está el derecho escalafonario establecido en el artículo 123 constitucional en el aparatado B, que no sólo sea un ascenso en forma vertical sino horizontal.

Aseguró en entrevista en Aristegui Noticias que los maestros no tienen problema con la evaluación, siempre y cuando no sea estandarizada, pues no son iguales las condiciones en Oaxaca, por ejemplo, donde se tiene una diversidad geográfica y lingüística por regiones.

En cuanto al ingreso de los maestros, señaló que debe ser a través de la subcomisión mixta, donde esté la representación sindical, y que la acreditación y la validación de estudios sea suficiente para obtener una plaza en el sistema, con el tema del escalafón, que consideraron un punto importante en la negociación.

Ciudad de México 21 Marzo (MENSAJE POLÍTICO/CÍRCULO DIGITAL).- Por segundo día consecutivo, el presidente de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados, Porfirio Muñoz Ledo, dio por suspendida la sesión ordinaria programada para este jueves, con el propósito de fortalecer el diálogo con los representantes magisteriales que desde ayer mantienen un bloqueo en el Palacio Legislativo de San Lázaro.

En su cuenta @PMunozLedo de Twitter, Muñoz Ledo dio a conocer que se cita a los diputados para el martes 26 de marzo para continuar con las labores legislativas.

“Con el fin de fortalecer el diálogo en curso con representantes magisteriales se suspende la sesión de hoy y se cita para el martes 26 de marzo a las 11:00 horas”, escribió en la red social.

Ciudad de México 21 Marzo  (MENSAJE POLÍTICO/CÍRCULO DIGITAL).-Mau Alonso López, representante de la instancia de coordinación nacional en Oaxaca de la Sección 22 de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE), informó que este jueves levantarán el plantón que instalaron en las inmediaciones de la Cámara de Diputados.

En medio de una disminuida presencia de maestros en el perímetro del Palacio Legislativo de San Lázaro, pero aún con casas de campaña y lonas instaladas, expuso que dependiendo de los acuerdos que se logren hoy con el secretario de Educación, Esteban Moctezuma, definirán las acciones posteriores.

Afirmó que cumplieron con el objetivo de impedir que sesionaran las comisiones unidas de Educación y Puntos Constitucionales para que no se avalara una reforma educativa, que en su opinión “es un maquillaje a la del expresidente Enrique Peña Nieto”.

Alonso López refirió que sus compañeros regresarán a los salones de clases una vez que definan el mecanismo para retirarse, pues su jornada de lucha concluyó.

Aunque rechazó que los manifestantes sean radicales, advirtió que si no se abroga la reforma educativa peñista regresarán a las movilizaciones.

Manifestó que estarán atentos a los resultados de las negociaciones de sus dirigentes con el titular de la Secretaría de Educación Pública (SEP).